La estrategia de la gota malaya empieza a dar sus resultados. Altos cargos del Consell han definido de esta manera las acciones desarrolladas para que la cuestión de la financiación autonómica, distante en apariencia, cale entre la ciudadanía y se consolide en la agenda política española. Algo se empieza a conseguir con esta lluvia fina, a la vista de los resultados del sondeo de otoño de Invest Group para las tres cabeceras de Prensa Ibérica en la Comunidad Valenciana: INFORMACIÓN, Levante-EMV y Mediterráneo de Castellón.

Es así porque a la pregunta directa de cómo calificarían el problema de la financiación en la Comunidad Valenciana, el 88% de los ciudadanos lo considera como muy importante (49,8%) o bastante importante (38,2%). El porcentaje es abrumador. Con todo, la financiación autonómica no es la primera de las preocupaciones de los valencianos, ni la segunda (lo son el paro y la sanidad), pero sí inquieta a uno de cada cuatro, que la incluyen entre los problemas principales. Es además una cuestión que crece en los últimos informes de Invest Group como motivo de zozobra: en 2016, solo el 13% lo incluía entre sus preocupaciones.

Los informes oficiales del Gobierno de España sobre la financiación autonómica reconocen desde 2018 el trato deficiente que recibe la Comunidad Valenciana en el reparto de los fondos del Estado. La reforma del modelo actual de financiación es el eje de la agenda del Consell desde la victoria de la izquierda en las elecciones autonómicas de 2015. El consenso político sobre esta cuestión es elevado. La distribución de los créditos procedentes de la recaudación de impuestos está vinculada a la opinión negativa que los ciudadanos expresan sobre el trato del Gobierno de España a la Comunidad Valenciana. El 64% (dos de cada tres) considera que hay maltrato. En concreto, el 23,3% entiende que está «muy maltratada» y el 40,7% dice que «maltratada», sin más.

Frente a esa posición, un 25,4% de los encuestados defiende que el comportamiento del Ejecutivo central con el territorio valenciano es normal. Quienes consideran que el trato es positivo son ahora mismo una clara minoría (8,3%).

No obstante, las posturas críticas con el Gobierno con respecto a la atención a la Comunidad Valenciana se han reducido si se comparan con las de mayo de 2017. Los estudios periódicos de Invest Group para el grupo Prensa Ibérica incluyeron entonces una pregunta sobre este tema y el 77,8% declaraba que existía maltrato por parte del Ejecutivo de Madrid. El inquilino de la Moncloa en aquel momento era Mariano Rajoy (PP) y el contexto era el de una fuerte tensión en torno a la financiación autonómica. Pocos meses después, en noviembre de 2017, tuvo lugar la manifestación de la sociedad civil por un trato justo a la Comunidad Valenciana. Por provincias, hoy es en la provincia de Valencia donde las tesis del maltrato cosechan más adeptos (un 75%). También entre los hombres y en la franja de edad de entre 25 a 34 años.