Excluir el consenso del juego político y el temor a ser el protagonista de paralizar una moción que pretende investigar la gestión de la Confederación Hidrográfica del Segura en la gota fría de la Vega Baja fueron las dos premisas a evitar. Así lo interiorizaron ayer todos los grupos políticos en el pleno de la Diputación que sirvió como termómetro para medir las fuerzas, en ocasiones sin freno, dentro del Palacio Provincial. Pese a que PP, PSPV, Ciudadanos y Compromís alcanzaron ayer su primer gran consenso político del mandato en una decisión crucial para estudiar la responsabilidad del ente estatal en la catástrofe, los portavoces y diputados redoblaron sus ataques durante toda la sesión plenaria y chocaron en multitud de ocasiones durante un áspero debate que tenía como objetivo protagonizar un acuerdo al que, como todos sabían, estaban abocados como se había trazado desde 24 horas antes, como adelantó este periódico. Ante el horizonte de la repetición electoral, el ambiente ya está caldeado. Pero este asunto no podía entrar en ese juego de la lucha por el voto.
Gran parte de la atención y la tensión política se creó tras la votación de los puntos del orden del día. En el momento de debatir las mociones que se presentaron con carácter de urgencia. Y, sobre todo, en la propuesta formulada por los portavoces del PP y Ciudadanos para solicitar a las Cortes una comisión de investigación sobre la Confederación Hidrográfica del Segura y la comparecencia en el Congreso de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Todos los partidos, sin excepción, protagonizaron discursos ofensivos con una variada gama de críticas y reproches hacia sus adversarios. Tras argumentar PSPV y Compromís la presentación de una enmienda por los errores en el contenido de la moción y criticar al presidente Carlos Mazón por no haber buscado el consenso en una moción conjunta, el tono del debate comenzó a elevarse. El diputado socialista y alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, criticó al PP por pedir esa investigación sobre la Confederación Hidrográfica del Segura en las Cortes, pese a que éstas no tienen potestad para crear este tipo de órgano sobre la gestión de otras instituciones o sus organismos. Los socialistas también denunciaron que los diputados del PP en el Congreso no hayan pedido esta investigación. La izquierda, entonces, planteó en su enmienda la figura de la comisión de estudio como alternativa viable. También hizo referencia Hernández a la carta que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, envió a Mazón el pasado 24 de septiembre y de la que los grupos no habían tenido conocimiento.
Uno de los que salió vencedor del día fue el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, quien consiguió llevar a su terreno a los socialistas para compartir una propuesta conjunta que en realidad era toda suya y también a sus adversarios políticos de la derecha que finalmente aprobaron, con leves modificaciones, su enmienda aunque con formato de moción conjunta. Fullana tildó la propuesta inicial presentada por el bloque de derechas como «una chapuza» y denunció el poco tiempo que el equipo de gobierno les concedió para estudiarla detenidamente puesto que supo que se había presentado en registro el pasado viernes a través de este diario. Los dos portavoces coincidieron en admitir que el equipo de gobierno «lo debería haber hecho de otra forma».
La diputada del PP y alcaldesa de Almoradí, María Gómez, inicialmente encargada de la defensa, cedió el turno de intervención a Carlos Mazón, quien denunció que la ministra no visitó la Vega Baja durante los días de intensas lluvias y que el presidente Pedro Sánchez se limitara a acudir diez minutos. Mazón puso el foco en la gestión del presidente de la Confederación del Segura, Mario Urrea, sobre el que se ciernen gran parte de las dudas sobre el caos en la gestión del temporal. El pacto estaba encauzado desde el pasado martes, tal y como adelantó este diario, pero no fue hasta la mañana de ayer, en un largo receso durante la sesión, donde se concretaron los detalles de la propuesta final que respaldan el PP, los socialistas, Ciudadanos y Compromís con la redacción de la citada moción.
El acuerdo final pide una comisión de estudio o de investigación, a la espera de informe jurídico, en las Cortes Valencianas que incluya analizar la gestión del organismo en el temporal de 2016 y, sobre todo, en el que se produjo la segunda semana de septiembre en la Vega Baja. A su vez, en tanto que se trata de un ente estatal, la institución alicantina sí solicita al Congreso una comisión de investigación sobre este asunto. En ambas comisiones parlamentarias se solicitarán todas aquellas comparecencias que se estimen oportunas en tanto que quedan abiertas, aceptando las intervenciones propuestas por todos los grupos sin excepción. Esa fue una de las modificaciones aportadas por el PP.
Sin nombrar a la ministra Teresa Ribera, los grupos solicitan, además, la comparecencia del máximo responsable ministerial. La Diputación, conforme a otro de los puntos de la moción en su redacción definitiva, se reserva el papel de establecer una vía de interlocución con los municipios de la provincia para elaborar un documento con todas las incidencias de su relación con la Confederación Hidrográfica del Segura durante los dos últimos mandatos. Una especie de relato de los problemas que se han generado en los municipios. En aras de un objetivo común, los partidos decidieron finalmente presentar una moción conjunta para tener más fuerza a la hora de profundizar en las actuaciones realizadas por la confederación durante los días de emergencia y valorar si influyeron en los daños.
En estos momentos, la pelota está en el tejado de los grupos parlamentarios en Madrid y València. Son los que deben decidir -de forma inminente en las Cortes y posteriormente en el Congreso- si atienden la petición. Se les informará con una carta para agilizar los trámites. Finalizado el debate, Carlos Mazón acabó mostrando su satisfacción por un texto conjunto con cesiones de todos. «Eso significa que somos partidos distintos con distintos puntos de vista pero que en lo fundamental seguimos estando coordinados. Hay todavía muchas incógnitas que necesitan respuesta», concluyó.
Ciudadanos le da a Mazón los dos primeros toques de atención y le reprocha falta de transparencia
Apoyan al PSPV para que se justifiquen las asignaciones de los grupos y se quejan de falta de información sobre la CHS
El portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Javier Gutiérrez, dio ayer dos toques de atención a su socio de Gobierno (el PP) y quiso distinguirse de su gestión en dos asuntos cruciales como son las dotaciones económicas de los grupos políticos y la problemática con la carta enviada por la Confederación Hidrográfica del Segura en la gestión del temporal de la Vega Baja. En primer lugar, Ciudadanos apoyó ayer la propuesta del PSPV para cambiar el reglamento de justificación de las asignaciones económicas, después de la polémica generada por la falta de facturas del PP durante la época de César Sánchez. Ciudadanos se comprometió a secundar esta modificación que obligará a los grupos a presentar una relación detallada de los gastos que corresponden a los fondos transferidos desde las cuentas del grupo de la Diputación al partido y una memoria explicativa de las actividades conjuntas a las que corresponden estos gastos, puesto que ahora con un certificado de cada formación diciendo que el dinero va destinado a actividades conjuntas es suficiente.
Por otro lado, Gutiérrez exigió ayer al PP que respete el principio de lealtad entre socios de Gobierno al reconocer que desconocían la carta que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura envió a Carlos Mazón. Ante este malestar, el presidente aseguró no haber querido entrar en más controversia en cuanto a la mencionada carta y aseveró que iba a contestarla una vez que se celebrara este pleno. En cuanto a la gestión del ente en la gota fría de la Vega Baja, Mazón hizo hincapié en que hubiese abierto una comisión de investigación en la Diputación si hubiese tenido competencias. Otro de los asuntos más polémicos fue la estimación del recurso de reposición interpuesto por Gerard Fullana contra el acuerdo del pleno del 2 de agosto sobre la designación de los miembros de la junta rectora del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. Tanto el presidente como el diputado del PP Adrián Ballester elevaron el tono al acusar a Fullana de haber alcanzado este acuerdo verbalmente para luego denunciarlo en el pleno. «A partir de ahora iremos con testigos cada vez que hablemos con Gerard Fullana», cerró Ballester.
Populares y socialistas se unen para rechazar la tasa turística
Ciudadanos también se suma a los dos grupos mayoritarios mientras Compromís se queda solo defendiendo el impuesto
El portavoz de Compromís en la Diputación, Gerard Fullana, se quedó ayer solo en su defensa de la tasa turística al ser el único que se posicionó en contra de la moción formulada por los portavoces del PP y Ciudadanos para instar al Consell a la «no implantación» del impuesto en la Comunidad Valenciana. Con el apoyo del grupo del PSPV, la Diputación mostró ayer su rechazo absoluto a la implantación de una tasa que grave la actividad turística.
Además de expresar su respaldo y compromiso con el sector, el pleno también instó al Consell a seguir las recomendaciones del Consejo de Turismo y a tomar sus decisiones de forma consensuada, sin imponerlas de forma unilateral. El portavoz del grupo popular, Eduardo Dolón, defendió que «la propia Conselleria de Hacienda ha reconocido que la implantación de esta tasa generaría unos ingresos de entre 30 y 40 millones de euros, una cantidad poco relevante si tenemos en cuenta el riesgo que supondría para el sector y en comparación con la recaudación turística total de la Comunidad Valenciana, más de 10.000 millones». Los socialistas apoyaron la medida al defender que el Consell no tiene previsto aplicarla durante este segundo mandato del Botànic.
Por otro lado, los representantes de los grupos del PP, de Ciudadanos y de Compromís se unieron en el pleno, con el voto en contra del PSPV, para reclamar al Gobierno Central la transferencia a las entidades locales de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado.
Críticas a las declaraciones de la consellera Bravo
El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, cargó ayer contra la consellera Gabriela Bravo y se preguntó si la titular de Justicia sigue tildando esta propuesta como «brindis al sol» ahora que el PSPV la ha apoyado. Los socialistas recularon ayer en su votación y decidieron dar el visto bueno a instar a las Cortes Valencianas a crear la denominada «comisión de estudio» pese a que esta misma semana la consellera no respaldó la iniciativa en la Vega Baja.
