La Diputación está encauzando un acuerdo político para investigar la gestión de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en la gota fría que aún debe terminar de perfilarse hoy mismo antes del pleno que arranca a las once de la mañana y en el que debe debatirse esta iniciativa. Aunque con polémica y una notable tensión a lo largo de toda la jornada, los grupos políticos de la institución coincidieron ayer en la necesidad de conocer en profundidad las actuaciones realizadas ante la catástrofe que se produjo en la Vega Baja con el episodio de lluvias de mediados de septiembre. Para acabar de consensuar una posición común de todos los partidos en el pleno de la institución provincial, el equipo de gobierno del PP y Ciudadanos está dispuesto a aceptar una enmienda de la oposición para dar luz verde por unanimidad a iniciar los primeros pasos para instar a las Cortes a aclarar las acciones o la ausencia de las mismas que hayan podido influir en el temporal.
Sin embargo, en política no se puede dar nada por hecho y, aunque a última hora de ayer el consenso estaba encarrilado, unos y otros debatirán y votarán hoy una moción que pondrá en evidencia la capacidad que tienen los políticos de remar en la misma dirección para depurar responsabilidades tras un temporal que dejó hogares destruidos, carreteras anegadas, campos y cultivos perdidos y, lo peor, pérdidas humanas. El PP y Ciudadanos presentaron el viernes una propuesta para instar a los grupos parlamentarios en las Cortes a impulsar una comisión de investigación sobre la gestión del organismo. La iniciativa también pide al Congreso que requiera la comparencia de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para dar cuenta de todos estos hechos pero en el Congreso.
Entre los motivos destacan posibles deficiencias en el mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas, además de preguntar por qué se ignoraron las instrucciones de expertos. También se hacen eco de una petición popular para exigir la dimisión de la actual directiva de la CHS, considerando que el hecho de que haya víctimas mortales «es motivo suficiente» para iniciar las investigaciones requeridas. Sin embargo, los defectos de forma y los errores de redacción de la moción derivaron ayer en un sinfín de «dimes y diretes» entre el Gobierno y la oposición de la Diputación, un asunto controvertido que también se trasladó a los grupos parlamentarios en las Cortes. Los socialistas alicantinos, después de una intervención al máximo nivel de la dirección del PSPV, se han visto obligados a recular después de que la consellera de Justicia Gabriela Bravo, de visita el pasado lunes en la Vega Baja, tildara la iniciativa provincial como un «brindis al sol» y aceptan, según fuentes del PSPV, presentar una enmienda conjunta con Compromís para constituir una «comisión de estudio» que se remonte a la gestión de la última década y no a los últimos doce meses. Los grupos de izquierdas en el Palacio Provincial consideran que no se puede juzgar el funcionamiento de este órgano durante solo un año y que, además, la petición del PP para impulsar una investigación es competencia del Congreso quedando para las Cortes una comisión de estudio.
Los portavoces del PSPV y de Compromís, Toni Francés y Gerard Fullana, tendrán una reunión a primera hora de la mañana de hoy para pedir que se modifique el acuerdo al alegar que el parlamento valenciano no puede abordar cuestiones del Gobierno Central. Los socialistas quieren trasladar el foco a la gestión del PP y los recortes de Mariano Rajoy en las confederaciones hidrográficas. Desde Compromís han protagonizado la postura más categórica al afirmar que «ha existido una dejación de funciones muy grave» por lo que apoyarán la moción del PP y Ciudadanos siempre y cuando el texto de la iniciativa, con errores de forma y de redacción, se adapte a la normativa. Gerard Fullana cargó ayer contra Carlos Mazón por su «poca voluntad de diálogo» por no haber consensuado esta iniciativa antes. «Esto no puede ser un arma arrojadiza contra los socialistas porque hay muchas solicitudes sobre la época del PP. Las prisas han hecho que esta moción sea una chapuza y por eso hay que adaptarla», explicó ayer Fullana. En su opinión, la Diputación debe instar a las Cortes a que investiguen lo ocurrido en los últimos diez años, además de solicitar que todos los municipios informen sobre los problemas que han tenido con la Confederación del Segura. Fuentes del PP garantizaron ayer que Carlos Mazón aceptará la enmienda para modificar la moción y enviarla a las Cortes.
Los grupos políticos, además, tienen más presión todavía después de que ayer el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y el presidente de la CEV Alicante, Perfecto Palacio, trasladaran a Carlos Mazón en una reunión su apoyo a la iniciativa para que se investigue la gestión de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Recepción a los empresarios en el Palacio Provincial
Carlos Mazón recibió ayer en el Palacio Provincial al presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro, y al responsable de la patronal en Alicante, Perfecto Palacio, para abordar distintos temas de actualidad. Uno de los asuntos que trataron con más profundidad fueron las inundaciones que asolaron la comarca de la Vega Baja. En relación a la moción que presentará hoy en el pleno PP y Ciudadanos, Salvador Navarro manifestó que «indudablemente apoyamos esta iniciativa porque hay una cuestión que hay que estudiar para saber por qué ha ocurrido». El presidente dijo que los empresarios «estamos para ayudar tanto con los problemas de la comarca de la Vega Baja como en cualquier otro asunto».
Una carta sin contestar, la intervención del PSPV y el silencio de una consellera
Jornada de alto voltaje con Mazón evitando responder a la CHS, la preocupación de los socialistas y el mensaje vacío de Mireia Mollà
El grupo provincial del PSPV en la Diputación de Alicante denunció ayer que Carlos Mazón ha «ocultado» una carta que le remitió el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, y en la que se ofrecía para detallar la gestión de la entidad durante la gota fría. El diputado provincial socialista y alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, consideró ayer que Mazón «debería explicar las razones por las que ha ocultado esta carta desde el día 24 de septiembre». El PSPV y Compromís recibieron ayer por la mañana un correo electrónico de la Confederación del Segura informando de la remisión de una carta de su presidente, Mario Urrea, a Mazón dado que «no ha sido contestada por el presidente de la institución provincial».
El diputado socialista preguntó a Mazón «por qué no ha comunicado al resto de partidos políticos sobre la existencia y contenido de esta carta, y lo que es igual de incomprensible, por qué no ha contestado a la misma». Fuentes socialistas aseguraron ayer que la carta no entró por registro, por lo que los grupos no tenían acceso a su contenido. Mazón confirmó la recepción y dijo que la responderá cuando crea oportuno. «No puede ocultarse esto echando la culpa al resto y en una carta privada, sino que es la propia ministra en el Congreso y en las Cortes Valencianas donde, con todo lujo de detalles técnicos y organizativos, se debe dar la cara y no esconderse de nuevo, en este caso detrás de unas líneas», afirmó. En opinión del presidente de la Diputación «no es a mí a quien hay que dar explicaciones en forma de carta privada, sino al pleno de la institución provincial y, sobre todo, a los regantes, agricultores, empresas, municipios y habitantes de la Vega Baja del Segura».
La controversia generada ayer por el posicionamiento de cada partido en la moción del PP y Ciudadanos tuvo repercusión al más alto nivel, lo que obligó a la dirección nacional del PSPV con el propio Manolo Mata a la cabeza a intervenir. Confirmaron que «si es legal se hará» y aclararon que, aunque desconocen cuál será el acuerdo final que hoy se alcance en la Diputación, sí que tienen claro que «no se puede investigar a un órgano del Gobierno central» y que una comisión de investigación es competencia del Congreso. Preguntada sobre este asunto la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, de Compromís, por su opinión sobre si las Cortes deben promover esta investigación, prefirió guardar silencio, remitirse a la posición de Gerard Fullana y limitarse a decir que «estamos centrados en restaurar la comarca».
