La herencia que ha dejado César Sánchez en la Diputación ha condicionado por completo el rumbo inicial del nuevo gobierno del PP y Ciudadanos con Carlos Mazón a la cabeza. Bloqueo en el principal plan inversor para los municipios, confrontaciones con la Generalitat, prórrogas en el contrato de la limpieza que favorecen al empresario Enrique Ortiz, subvenciones «a dedo» en el punto de mira, varapalos a la estrategia judicial del mandato anterior... Un lastre difícil de soltar para quien comienza una nueva etapa en la institución provincial. Las consecuencias de la gestión que llevó adelante César Sánchez, ahora de exilio político como diputado en Madrid, hace que su sucesor, como primera medida, se haya tenido que arremangar para rebajar la tensión de la Generalitat. Ese movimiento, sin duda, es el hilo conductor de la pesada digestión que ha puesto en jaque el inicio de esta nueva etapa en la vida política para Carlos Mazón.
Del enfrentamiento al diálogo con la Generalitat
Si por algo se caracterizó el último mandato de la Diputación fue por los enfrentamientos a brazo partido y por la falta de contacto entre la institución provincial y la Generalitat. Mazón, con un perfil más pragmático y un discurso sin ataduras al pasado, trata de defender de puertas hacia fuera a César Sánchez. Sin embargo, aunque prefiere no reconocer que su gestión se ha visto atenazada por una situación producto del legado gravoso que dejaron los recurrentes enfrentamientos con la Generalitat, anda con pies de plomo para reconducir la relación con el Consell y limar asperezas no sólo con Ximo Puig sino también con Mónica Oltra, con la que también se ha reunido. Las dos administraciones están ya trabajando, incluso, para firmar su primer convenio de colaboración y optar en conjunto a captar fondos municipales desde Europa.Revés judicial con la Ley de Mancomunidades
Esta semana el pleno del Tribunal Constitucional avalaba la Ley de Mancomunidades de la Comunidad, al entender que no vulnera la autonomía provincial y que no excluye la colaboración con otros entes locales. La sentencia resuelve de esta manera el recurso de inconstitucionalidad presentado por 50 diputados del PP, a petición de César Sánchez, contra la norma que desde 2018 regula la creación de la mancomunidades de ámbito comarcal. Un duro revés para la estrategia judicial del PP contra la Generalitat, algo que obliga a Mazón a dar un giro en su política. Aparcar la vía de los tribunales tan utilizada por Sánchez y que se ha convertido en algún momento en una encrucijada para la propia Diputación.
Retraso de 9 meses en el gran plan inversor de la institución
La aprobación del Plan de Obras de 2019 es el principal reto al que se enfrenta el equipo del PP y Ciudadanos en los próximos días tras la decisión del expresidente César Sánchez de paralizarlo por la celebración de las elecciones. Ya arrastra un retraso de nueve meses y ha impedido a los gobiernos municipales hacer una planificación de las obras que van a ejecutar, condicionando, además, la posibilidad de abrir los expedientes e iniciar el trámite de los proyectos dentro de este mismo año. El nuevo alto mando de la Diputación ha agilizado los trámites y a lo largo de esta semana ha mantenido reuniones con los grupos de la oposición (PSPV y Compromís) para llegar a un consenso. Pero, en ese escenario, de nuevo se han topado con la gestión más polémica de los anteriores cuatro años: las subvenciones «a dedo».
Un grave conflicto sin resolver: las obras «a dedo»
Las subvenciones nominativas, conocidas como ayudas «a dedo», han sido por ahora el principal elemento de fricción de este inicio de mandato. Mazón carga con el sayo de un problema que en el pasado sacudió la estabilidad y supuso un quebradero de cabeza para el ahora diputado en Madrid. En los primeros días del curso político, la Diputación ya enmendó algunos de los pasos dados anteriormente para reformular la distribución de inversiones y garantizar que no exista un reparto arbitrario de esas subvenciones. El protagonista indiscutible de esta polémica es el alcalde de Busot y diputado del PP, Alejandro Morant, quien ha compaginado un proyecto concedido «a dedo» con una segunda inversión del Plan de Obras, todo con el visto bueno de César Sánchez. Ahora, Ciudadanos ha dado un golpe de efecto para garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir y su diputado Javier Gutiérrez se ha comprometido a aumentar el Plan de Obras a la vez que limitar esas ayudas «a la carta» para dedicarlas a asuntos de urgencia. La oposición ha advertido que no aprobará las inversiones para 2019 hasta que no se aporte una solución al «caso Morant». O renuncia a una de las obras o se quedaría sin subvenciones hasta el año 2023.
Una vía de financiación para el PP... sin justificar ni un euro
César Sánchez abandonó el Palacio Provincial para emprender el camino hacia Madrid sin que el PP justificara la asignación de dinero público que el grupo de la Diputación transfirió durante los últimos cuatro años directamente a la cuenta corriente del partido como una vía más de financiación. Medio millón de euros que se quedó, en gran parte, sin poder ser fiscalizado. Pese a las críticas y recursos de Compromís, en la actualidad el PP ha mantenido esta línea de financiación y seguirá ingresando el mismo montante económico teniendo vía libre para volver al mismo procedimiento que le permitió no justificar esas facturas.
El contrato más codiciado y el papel de Enrique Ortiz
Enrique OrtizEl empresario Enrique Ortiz seguirá al mando al menos por ahora de la millonaria contrata de limpieza tras las dos licitaciones fallidas que han paralizado el procedimiento durante el último año y medio. El controvertido empresario factura unos 200.000 euros al mes por la limpieza de los edificios públicos de la Diputación. De nuevo, la gestión de Sánchez en una de las adjudicaciones más codiciadas es un quebradero de cabeza que Carlos Mazón intenta resolver ahora.
