Recurrir a experiencias pasadas se convierte, en ocasiones, en la mejor forma de evitar tropezarse con la misma piedra. El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha dado un giro político para abandonar la batalla judicial contra el Consell a la que se encomendó César Sánchez y centrarse en el diálogo. Sin duda, ese nuevo horizonte condiciona el rumbo de la institución provincial y traza un escenario en el que Mazón quiere profundizar en el nivel de sus relaciones con una meta muy clara: remar en la misma dirección que la Generalitat. A sabiendas de que las estrategias judiciales del anterior mandato se convirtieron en muchos momentos en una encrucijada para la propia Diputación, el «modus operandi» del nuevo equipo de gobierno del PP y Ciudadanos se basa en dejar atrás un mandato bronco para tratar de encarar una etapa de consenso político.
Del ejemplo se desprende la evidencia. Esta semana el pleno del Tribunal Constitucional daba un varapalo a la gestión de César Sánchez al declarar constitucional la Ley de Mancomunidades de la Generalitat. No vulnera, entiende el fallo, la autonomía de la Diputación, como denunciaban los populares a instancias de la corporación alicantina. El fallo es una enmienda a la labor de César Sánchez, que centró su mensaje en criticar duramente esta ley. En el lado opuesto de esa estrategia, Carlos Mazón, aunque prefiere no atribuir los errores a su antecesor, intenta esquivar el camino de la unilateralidad y de la batalla política. Ya ha iniciado los trámites, incluso, para firmar el primer convenio de colaboración entre el Consell y la Diputación. Será para colaborar en la captación de fondos europeos.
Ayer mismo, de hecho, el diputado provincial del PP Adrián Ballester mantuvo una reunión con Carolina Punset, asesora comisionada para asuntos europeos de Ximo Puig, en la que acordaron poner en marcha una cultura de participación en proyectos europeos para que los municipios de la provincia vean Europa como una posibilidad para obtener subvenciones, aportándoles los soportes necesarios para iniciar los trámites administrativos. El objetivo de la Generalitat es mancomunar recursos y poner en marcha iniciativas estratégicas. Según explicó Punset, los ayuntamientos carecen de medios para aprovechar al máximo esas oportunidades que se abren en Europa y «la Generalitat está firmemente implicada en el respaldo a los municipios». Por su parte, el diputado Adrián Ballester también pidió a la Generalitat que tenga en cuenta a la Diputación a la hora de ejecutar los fondos FEDER y, a su vez, el Consell propuso la creación un comité de expertos para que las acciones ejecutadas sirven de experiencia para otras administraciones. El ambiente de la cita fue cordial y de coordinación.
Carlos Mazón explicó que está esperando la creación de la comisión mixta acordada con Ximo Puig para abordar los proyectos que competen a ambas administraciones. Apostó por el diálogo pero dejó claro que en el futuro, si llega el momento, la vía judicial no se descarta. «Una estrategia común para que venga dinero a la Comunidad Valenciana siempre es positiva pero si el precio es que la Generalitat se ría en algún momento de la Diputación, yo tomaría las acciones que fueran necesarias», explicó Mazón. Aunque ese nuevo camino emprendido en el Palacio Provincial conduce a un destino todavía incierto, la realidad es que en estos momentos Carlos Mazón se ha empeñado en tomar una dirección diferente a la de su antecesor para tratar de mantener una relación fluida con el Consell.
