Las Cortes Valencianas han mostrado este jueves su condena a la "explotación reproductiva y la instrumentalización de las mujeres mediante los vientres de alquiler", una propuesta de Unidas Podemos que ha salido adelante con los votos de los partidos del gobierno del Botànic -PSPV, Compromís y Podemos- y del PP y el rechazo de Ciudadanos y Vox.

Esta proposición no de ley (PNL) de tramitación especial de urgencia, presentada por Podemos a nivel nacional, aboga por "un parlamento firme en los derechos de las mujeres y la infancia, continuando como referente", ha defendido la diputada Cristina Cabedo, frente a "situaciones en las que las mujeres se convierten en "hornos o robots de cocina".

El objetivo de la medida es, en definitiva, "evitar que haya niños que se sientan de segunda categoría". "¿Cómo se sentirá un niño cuando sepa que es fruto de una transacción o que tiene que dar las gracias por no haber nacido con una discapacidad porque sino habría sido descartado?", se ha preguntado la parlamentaria 'morada'.

Con la aprobación de la propuesta, las Cortes condenan, al igual que el Parlamento Europeo, la práctica de la gestación por sustitución como "contraria a la dignidad humana de la mujer", además de considerar los vientres de alquiler "una práctica de mercantilización de la capacidad reproductiva de las mujeres".

Bajo este prisma, instan al Consell a dirigirse al Gobierno para que mantenga la prohibición de la gestación subrogada o por sustitución, junto a un marco común regulador que prohíba los contratos de gestación, medidas legales para sancionar a las agencias que se dediquen a ello y controles de donación de óvulos.

Evitar eufemismos

Por parte del Botànic, el PSPV respalda la iniciativa y apuesta por evitar eufemismos: "Se juega con el cuerpo de una mujer y se paga por encargo una criatura, y punto", ha recalcado la diputada Rosa Mustafá, y ha advertido que "se pervierte el feminismo" si se validan este tipo de prácticas.

Compromís ha presentado enmiendas -aceptadas por Podemos- para "reforzar" la propuesta de su socio de gobierno: que la expresión 'gestación por sustitución' fuera sustituida por 'gestación subrogada', suprimir el punto relativo a la donación de óvulos y ahondar tanto en las campañas de sensibilización como en los convenios internacionales.

"Esta será la legislatura de la igualdad", ha proclamado la diputada Mònica Álvaro, con la meta de dar respuesta a "una emergencia feminista de primer orden". Por contra, ha criticado la "reproducción a la carta", la existencia de "agencias que te consiguen un bebé en 11 meses" y la visión de las mujeres como "gallinas".

De la oposición, el PP justifica su apoyo al considerar que se trata de un asunto "complejo, lleno de sensibilidades" y ver necesario "un debate sosegado con el más amplio de los consensos". "La maternidad no es un derecho", ha subrayado la diputada Elena Bastidas, rechazando la "esclavitud temporal" que suponen los vientres de alquiler y llamando a poner el foco jurídico sobre los menores.

Cs ve "odio visceral" y Vox defiende la "familia natural"

Cs, por su parte, tacha la propuesta de "verdadera aberración" y exigía modificarla para regular "el derecho a la gestación por sustitución en condiciones de libertad, dignidad y ausencia de lucro". "Dejen de actuar como esos procuradores de la dictadura que mandaban a las mujeres a Londres", ha criticado el diputado Jesús Salmerón, para reprochar el "odio visceral" de Podemos a familias que no responden a sus cánones.

Vox, en cambio, se comprometía a apoyar la propuesta si se incluían sus peticiones: agilizar procesos de adopción, reducir trabas y asegurar las garantías de la infancia, algo que veía "imposible". "Es explotación de la mujer, que pasa a ser una incubadora, un mero recipiente, y el niño a un objeto de compra-venta", ha lamentado la diputada Ángeles Criado, y ha abogado por la "familia natural, formada por un hombre y una mujer".

Finalmente, Podemos no ha aceptado las solicitudes de Cs y Vox por "no existir un derecho a ser madre o padre, sino el deseo y la responsabilidad" y "excluir a familias LGTBI", respectivamente.