El bloqueo político con la ineficacia de los grandes partidos que ha impedido formar un nuevo Gobierno en Madrid y la repetición de las elecciones generales dejará a la Comunidad Valenciana y a la provincia de Alicante sin ingresos por un total de 3.502 millones. La crisis política pasará factura en fondos de financiación para el Consell, inversión del Estado e, incluso, en cantidades que afectan a las partidas sociales. Algunas de esas cuantías se podrán recuperar cuando se normalice todo ese panorama pero otras, sin embargo, ya no se podrán negociar a lo largo de este año y quedarán de nuevo en los cajones a la espera de pago. Lo cierto es que, en estos momentos, los costes de toda esa inestabilidad se traducen en un impacto negativo para todos los ejecutivos autonómicos. Una situación que, en el caso de la Comunidad Valenciana, es todavía más grave al ser la más perjudicada, junto a Murcia, con la distribución del actual modelo de financiación, caducado desde 2014 y sin fecha aún para su renovación.
La segunda vuelta de las generales ha provocado trabas legales para la llegada de fondos al Consell que están incluidos en el sistema de financiación. Son unos mil millones de euros entre los que aparecen 450 por liquidaciones de años anteriores que según se supo ayer se podrían desbloquear en octubre, 280 que se remontan a la época de Cristóbal Montoro por la parte del IVA que está transferida a las comunidades y otros 237 de los que debía beneficiarse la Comunidad por la flexibilización de los objetivos de déficit. Así pues, de esas tres partidas, sólo la primera parece que tiene fecha de ingreso. Será a finales de año, según la ministra Montero, cuando se pueda cuadrar una solución. Hay una cuarta cuantía prometida en su día desde Madrid que ya no se sabe ni siquiera cuando llegará: la condonación de la deuda de la Marina de Valencia por unos 370 millones. Por encima de todas, la falta de un nuevo sistema de financiación bloquea el ingreso anual de 1.325 millones presupuestados por la Generalitat como exigencia de un trato justo con la negociación de un modelo de reparto, a día de hoy paralizado.
Junto a esas cantidades, además, aparecen otros dos epígrafes que golpean directamente la financiación de la política social. Por un lado, a día de hoy, la inestabilidad en Madrid retrasa el envío de 50 millones para abordar los pagos correspondientes a la Ley de Dependencia. Se trata de la parte proporcional que le corresponde a la Comunidad de un paquete de 500 millones para toda España y no se puede repartir ahora a la espera de que se forme gobierno. A eso se suma otros 340 millones presupuestados en las cuentas autonómicas por la «deuda histórica» de los desplazados de Sanidad. Las cantidades que asume la Generalitat por la atención sanitaria a personas que vienen de otros territorios. Ahora, sin gobierno en Madrid y sin presupuestos, ni siquiera se podrá negociar para cobrar ese dinero. El Consell tendrá que volver a la carga en los próximos meses.
Finalmente, están las inversiones que se van a perder. Los presupuestos presentados por los socialistas en febrero, tumbados por el PP junto a Ciudadanos y los independentistas catalanes, recogían un incremento de la inversión de 450 millones para el conjunto de la Comunidad, de los cuales 63 correspondían a la provincia de Alicante. La falta de unas cuentas ha impedido que lleguen esos fondos y deja el nivel de inversiones en guarismos de las últimas cuentas de Mariano Rajoy, de las peores de toda la historia. La previsión que manejan los partidos es que el nuevo gobierno en Madrid pueda empezar a elaborar unos presupuestos durante los meses de marzo o abril, algo que condicionará toda la gestión de la Generalitat.
