El primer crédito de urgencia de la Generalitat para hacer frente a la catástrofe que ha sufrido la Vega Baja alcanzará, en una partida inicial que se ampliará en función de las necesidades,una cifra de alrededor de 20 millones de euros. La cantidad, repartida en dos decretos destinados a personas afectadas y a los ayuntamientos, se aprobará mañana en el pleno que el Consell celebrará en Orihuela como gesto de respaldo ante la emergencia que se ha producido en esa comarca por las lluvias y se enmarca dentro del plan que anunció el presidente Ximo Puig.
Antes de la aprobación de esas dos iniciativas, el jefe del Consell tiene previsto trasladar el contenido de ambos decretos a la Diputación para que las dos administraciones puedan coordinar una acción conjunta durante los próximos meses. En principio, esos 20 millones de euros iniciales saldrán directamente de la conselleria de Presidencia y del departamento de Hacienda para no afectar a las políticas sociales. Igualmente, según explicaron fuentes autonómicas, el Ejecutivo tiene previsto aprobar igualmente la apertura en la comarca de la Vega Baja de una oficina permanente de atención a los afectados.
Los dos decretos, que los técnicos autonómicos lleva perfilando en las últimas horas para atender la urgencia que se ha generado con el temporal, están dirigidos, respectivamente, a atender la necesidad perentoria de las personas que han sufrido pérdidas en sus viviendas y propiedades; y, en segundo término, a colaborar con los ayuntamientos para ir avanzando en la reparación de las cuestiones básicas. Son ayudas directas ante la emergencia de los acontecimientos climáticos. .En las próximas semanas está previsto que cada conselleria evalúe las necesidades caso por caso para seguir consignando más partidas de socorro.
Aunque todavía el Gobierno de España no se ha pronunciado sobre la declaración de zona castastrófica que esta misma mañana han acordado solicitar en las Cortes Valencianas todos los grupos parlamentarios sin excepción, la intención de la Generalitat, al tiempo, es ejercer como "lobby" para reclamar esas ayudas tanto a Madrid como a Europa con la idea de generar un plan de reconstrucción de la comarca no sólo en infraestructuras sino también en su potencial económico para el sector agroalimentario.
