Cuando el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se dio cuenta, camino de Ontinyent para supervisar el alcance de la crecida del río Clariano, de que la «zona cero» de la gota fría a la que se enfrentaba la Comunidad Valenciana estaba en la Vega Baja, poco podía imaginar que iba a lidiar con uno de los momentos más complicados de sus ya casi cinco años de mandato. El jefe del Consell se plantó en Orihuela durante cuatro días en una comarca arrasada por el impacto de las lluvias y el desbordamiento del Segura. Sin sus desaparecidos socios de gobierno que hicieron «mutis por el foro», Puig ejerció el rol que le tocaba. De presidente. Estar donde había un gravísimo problema, más allá de lo que puedan reflejar decretos y normas. Si estaba en su mano, colaboraba en la solución en un escenario dantesco y, si le era imposible, daba su respaldo a los alcaldes y a personas que lo habían perdido casi todo.
Pasado el episodio de lluvias, empieza el momento de valorar los daños. De iniciar la reconstrucción de la Vega Baja. Y como siempre, en estos casos, una catástrofe se convierte, paradojas de la vida, en una oportunidad. El pleno del Consell se reunió el pasado viernes en Orihuela para poner en marcha las primeras medidas de apoyo para vecinos afectados y municipios. Son 23 millones que se tendrán que ampliar necesariamente para intentar paliar unas pérdidas que, en una primera estimación, superan los 1.500 millones. Ojo al dato: unos 250.000 millones de las antiguas pesetas. Sólo las consellerias de Sanidad y Educación -las dos grandes competencias autonómicas- tienen más presupuesto anual que el volumen de lo que se ha perdido durante esta «gota fría». El nivel de destrucción de la Vega Baja llevó a Ximo Puig a hablar de poner en marcha un «plan Marshall» para volver a relanzar la comarca. No sólo en infraestructuras. También en una actividad económica que la ha convertido en una gran huerta -ahora completamente devastada- con los mejores productos agrícolas que se cultivan en toda Europa.
Más allá de la fórmula que utilizó el jefe del Consell para darle solemnidad a su propuesta, lo cierto es que de la respuesta que sea capaz de dar la Generalitat a una de las emergencias climáticas más importantes de las últimas décadas dependerá no sólo esa recuperación de la zona sino también, sin ninguna duda, la reconexión de la Vega Baja a un proyecto autonómico del que siempre se sintió un tanto desapegada. Esto también es «coser» el territorio, como ha repetido una y mil veces Puig desde que llegó a la Generalitat parafraseando una expresión clave en la obra de Joan Fuster, el intelectual que se convirtió en el gran inspirador del valencianismo político. Harían bien muchos dirigentes de Compromís, empezando por Mónica Oltra y continuando por el presidente de las Cortes, Enric Morera, en releer la obra de Fuster. Quizá hubieran tenido un comportamiento diferente en este episodio más allá de continuar ofreciendo la imagen, igual que Podemos con el otro vicepresidente Rubén Martínez Dalmau también desaparecido, de que lo que ocurre en el sur de esta Comunidad que dicen representar es un espacio que se ha convertido en algo que les es completamente ajeno. Como que no va con ellos. O, algo todavía mucho peor, que les importa una higa. O un pepino. Ellos verán lo que hacen.
Pero la Generalitat, decía, tiene una gran oportunidad que debe gestionar por una cuestión de justicia ante una emergencia de esta envergadura pero también como una vía para recolocar a la Vega Baja en el escenario autonómico. De lo contrario, posiblemente, esa comarca perderá para siempre cualquier lazo de cariño que le pudiera quedar con la Generalitat y con un proyecto común. No estamos, por tanto, ante una cuestión de segundo orden. Y los socios de Puig deben empezar a entenderlo. Para que les quede claro: el Consell es la administración sobre la que pivota esa respuesta a los efectos del temporal. La labor de la Diputación, con su presidente Carlos Mazón a la cabeza, es importante. Puede colaborar en las reparaciones de infraestructuras municipales y elevar la voz como «lobby» para presionar con un relato que permita reclamar los fondos necesarios. Pero ni tiene potencia económica suficiente ni tampoco competencias para convertirse en la piedra angular de ese despliegue en la Vega Baja.
Para el Consell es la llave. Tiene un presupuesto suficientemente amplio para actuar y puede reclamar iniciativas de inversión al Gobierno de España en tanto que al final Puig es el representante ordinario del Estado en la Comunidad Valenciana. Pero, además, tiene las competencias de Emergencias y es la única administración que, por ejemplo, puede centralizar las solicitudes para, posteriormente, tramitar las ayudas de la Unión Europea. En estos momentos, en el Consell confían más en la interlocución que puedan cuadrar con Bruselas que en el trato a recibir desde Madrid, a pesar de la declaración de zona catastrófica del pasado viernes. Puede que ahora, con las elecciones, desde el Estado prometan dinero para todos. ¿Pero qué pasará luego? Estamos ante una reconstrucción a largo plazo y en la que no cabe que a los políticos se acaben «borrando» de la tragedia. El papel de la Generalitat debe ser triple: impulsar las ayudas y coordinar las iniciativas para la recuperación, exigir a Madrid para que nunca se les olvide y mediar con Europa. Todo lo que no sea una acción clara y nítida será un enorme fallo. No sólo de Puig sino en la misma medida de Oltra y Dalmau que, aunque no lo parezca, también se sientan en el Consell.
Esta crisis por la «gota fría» en la Vega Baja, en todo caso, tiene que abrir un debate sobre las fórmulas de gestión de las emergencias. La Generalitat tiene que empezar a trabajar con más previsión. Quizá sea el momento de crear un fondo autonómico de respuesta rápida para actuaciones de urgencia ante todo tipo de episodios. Una especie de «hucha» que sume partidas anualmente para disponer rápidamente de dinero que permita una acción pública ágil ante lluvias, incendios... Es lo mínimo que una administración tiene que hacer para atender a los ciudadanos que sufren y que forman la sociedad de su territorio. Todo lo que no sea ejercer esa iniciativa, en la Vega Baja o allá donde se produzca, será un fracaso. Y no sólo de este Consell. Será un fracaso de todo el mundo. Un fracaso de todo el proyecto de esta Comunidad.
