Una de las adjudicaciones más codiciadas de la Diputación de Alicante se ha convertido en un quebradero de cabeza para el equipo de gobierno. El empresario Enrique Ortiz seguirá, de momento y hasta que se pueda adjudicar el nuevo servicio como quiere Carlos Mazón, al mando de la millonaria contrata de limpieza de la institución provincial tras las dos licitaciones fallidas que han paralizado el procedimiento durante el último año y medio. El gran beneficiario de este asunto es el polémico empresario que sigue facturando a la Diputación alrededor de 200.000 euros al mes por la limpieza de los edificios públicos adscritos a la institución alicantina. 2,4 millones anuales. Ortiz ha prestado el servicio mediante prórrogas desde finales de 2017 pese a haber anunciado su intención de querer dejarlo. Cuando el acuerdo laboral llegó a su fin en diciembre de 2017, el anterior equipo de gobierno encabezado por César Sánchez y con el diputado Alejandro Morant encargado de Contratación, inició el expediente para el nuevo servicio.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales anuló la contrata en la Diputación y pidió al área de Morant más claridad en cuanto a los criterios que valoraban la maquinaria a emplear por cada aspirante a hacerse con el servicio. El 2 de agosto de 2018, el diputado dio orden para que se iniciara de nuevo el procedimiento con la redacción de los nuevos pliegos y en mayo de 2019, antes de las elecciones, se hizo la propuesta de la adjudicación pública. No obstante, no pudo salir adelante tras presentar otra empresa un escrito alegando la inexistencia de un convenio personal, además de que la Diputación había cometido el error de aplicar el único criterio de la oferta económica en la valoración, pese a que la ley no lo permite expresamente.
Una vez pasadas las elecciones y con Carlos Mazón como presidente, el área inició el pasado mes de agosto la nueva licitación y la previsión es que se pueda adjudicarse en las próximas semanas mediante un contrato puente de un año por una cuantía de 4 millones, una cantidad superior a las del anterior mandato al incluirse la limpieza de más instalaciones. A todos los efectos, mientras no haya adjudicatario y por tanto un nuevo contrato, Enrique Ortiz seguirá prestando el servicio por una cantidad que ronda los 2,4 millones de euros al año. Cabe recordar que el empresario presentó en marzo de 2019 un escrito diciendo que quería dejarlo, aunque durante casi dos años le han prolongado los efectos de su primer contrato por «necesidad y porque es un servicio esencial que no podemos dejar de prestar», según Morant. «Es la Diputación quien le obliga», añadió el actual diputado de Carreteras.
Enrique Ortiz protagonizó una de las mayores expansiones de la provincia durante la época del «boom» y ha aparecido implicado en los principales casos de corrupción de los últimos años. Desde la financiación del PP por Gürtel en el que se declaró culpable hasta la trama Brugal. El diputado Alejandro Morant también explicó ayer que el equipo de gobierno ha aprobado una modificación de crédito por un ajuste de anualidades para abonar las facturas pendientes que se le deben a Ortiz desde mayo. Los centros y dependencias actuales que comprende la prestación del servicio son el Palacio Provincial, las oficinas y almacenes de las diferentes áreas, El Hogar Provincial, el Centro Doctor Esquerdo, la Unidad Polivalente, el Parque Arqueológico de La Illeta, el MARQ, el ADDA, el instituto Pedro Herrero, la Agencia Provincial de la Energía o el instituto Juan Gil-Albert.
