El Gobierno del Botànic puede contar en pocos días con 250 millones de los créditos del Fondo de Liquidez extraordinario antes del día 9 de octubre, pero deberá acelerar la aprobación de los recortes, aplazados en los últimos dos plenos del Consell. El Plan Económico Financiero que tiene que presentar la Generalitat se llevará antes de esa fecha a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, pero ayer no se concretó en al pleno celebrado en Orihuela, por lo que al Consell solo le quedan dos semanas para poder darle luz verde. Así se acordó en la reunión de Ximo Puig y la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en la que el presidente de la Generalitat aseguró que se verán afectadas «partidas de difícil ejecución y aquellas que puedan trasladarse sin excesivos problemas para los ciudadanos a trimestres posteriores».
El gasto social quedaría excluido de estas medidas de «contención del gasto», que «nunca van a dañar derechos de los ciudadanos», afirmó. Estas medidas de contención del gasto, valoradas en 440 millones, son las que han provocado fricciones del PSPV con los socios (en especial, Compromís, pero también Podemos) en las últimas semanas, ya que estos exigen tensar la reivindicación en Madrid. El síndic de Compromís en Las Cortes, Fran Ferri, calificó de «decepcionante» la reunión del presidente de la Generalitat con María Jesús Montero, y se mostró partidario de que el Consell no presente el plan de ajuste que se le exige para recibir el FLA. Ferri aseveró que están «totalmente en contra» de recortar en partidas sociales que sí se pueden ejecutar y defendió que Compromís siempre ha pedido en materia de financiación autonómica «lo mismo», con Mariano Rajoy y con Pedro Sánchez, y con Cristóbal Montoro y con Montero. También acusó al Gobierno central de estar más «en campaña» electoral que en dedicarse a «hacer lo que debería de hacer» e insistió en que el FLA es un mecanismo «perverso», que presta a las comunidades recursos que son suyos a cambio de un ajuste.
A lo largo de esta semana, Ximo Puig ha defendido que en esta coyuntura no se puede abordar lo fundamental, un sistema de financiación que garantice el Estado del bienestar e iguale los derechos de los ciudadanos, sino que se trata de «asegurar la solvencia de la Generalitat durante este año» dado que los Presupuestos autonómicos se diseñaron teniendo en cuenta los Presupuestos del Estado, que no se aprobaron. Ahora la Generalitat limitará el gasto en las partidas de difícil ejecución en este ejercicio, «pero sin afectar a los servicios públicos fundamentales», insistió el presidente. Con las medidas trasladadas por la ministra, el Estado «garantizará la solvencia» de la tesorería de la Generalitat al comprometerse a hacer posible la llegada de 450 millones de entregas a cuenta este trimestre y a disponer del FLA extraordinario antes del 9 de octubre (Día de la Comunidad Valenciana). Hay dudas legales, sin embargo, si el tema debe aprobarse en una reunión del gobierno o basta en la conselleria.
