La ineficacia de los partidos políticos en Madrid que aboca a la repetición de las elecciones generales el próximo 10 de noviembre arrastrará a la Comunidad Valenciana y a la provincia al peor de los escenarios económico y financiero. El más complicado, posiblemente, de los últimos 40 años. El bloqueo parlamentario con la incapacidad de Pedro Sánchez para formar gobierno retrasará sin fecha una posible reforma de la financiación autonómica; cuestiona la llegada de fondos que corresponden al Consell por las dificultades legales de un ejecutivo en funciones; relega a Alicante a las peores inversiones del Estado de su historia; y aboca, en estos momentos, a una casi segura prórroga de los presupuestos autonómicos para 2020, como reconoció el conseller Vicent Soler. Un escenario realmente complicado para poder cerrar este año y afrontar el próximo con ciertas garantías.
Al final, como apuntaban desde el Consell con resignación y enfado ante el escenario electoral que se avecina, son los gobiernos autonómicos como el de la Comunidad Valenciana los que están sufriendo las consecuencias de la batalla política en Madrid cuando, sin embargo, son los que han mantenido la estabilidad política y la gestión de los principales servicios públicos en cada uno de sus territorios en una etapa con cuatro elecciones generales y una moción de censura. De visita en la feria de calzado de Milán, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reconoció que «no es una buena noticia» y se lamentó de que haya no funcionado «adecuadamente la capacidad de diálogo». En ese mismo sentido, aunque mucho más dura, se posicionó la vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra. «La incapacidad de diálogo puede tener consecuencias peligrosas en forma de experimentos no democráticos. La mayoría siente indignación y enfado. No puede ser un voto útil el que no logra ningún acuerdo en cuatro meses», disparó contra Sánchez para marcar distancia, argumento que también usó Podemos.
Así y todo, tanto Puig como Oltra, a pesar de que el escenario político coloca otra vez a los socios del Botànic en una inoportuna campaña electoral en la que tendrán que enfrentarse, abogaron por mantener la estabilidad del Consell. El presidente de la Generalitat censuró la «precariedad institucional» en España, puso en valor el papel de las autonomías durante ese periodo como garantía de la estabilidad en la gestión y, aunque no quiso mimetizar, consideró que el ejemplo que está dando el Consell del Botànic con un acuerdo de tres fuerzas de izquierda se podía haber «emulado» en Madrid. Mónica Oltra, por su parte, se comprometió a que los responsables de las comunidades autónomas van a seguir concentrados en sus gobiernos. «Tenemos mucho que hacer. Poner en el centro a las personas, cuidar de los más vulnerables y poner en marcha políticas que faciliten la vida de la gente», zanjó.
El problema con el que se va a encontrar el Botànic, al margen de la tensión entre ellos que genera una campaña y que se explicitó ayer con las críticas de los socios del PSPV contra Pedro Sánchez, es que nos encaminamos hacia un escenario político con varios meses más de bloqueo para la formación de un gobierno en Madrid que aboca a la Comunidad y, especialmente, a la provincia de Alicante a uno de los peores escenarios económicos y de inversión de las cuatro décadas de democracia. La batalla electoral del 10-N unida a la complicación que se avecina en las próximas semanas con la sentencia del «procés» catalán -el fallo se espera para el 12 de octubre- van a impedir realizar cualquier avance sobre la reforma de la financiación autonómica. En enero, el actual modelo, con la Comunidad Valenciana como el territorio más perjudicado en el reparto, cumplirá seis años caducado. Y esta segunda vuelta electoral supone otra piedra en el camino para una negociación clave en el relato de la agenda política valenciana pero que, con toda seguridad no se va a resolver ni a medio ni a largo plazo. Cabe recordar que la Comunidad viene reclamando algo más de 1.300 millones anuales para poder cubrir las competencias que tiene transferidas. Cada valenciano recibe 700 euros menos del Estado que Cantabria, el territorio mejor financiado. Una situación sangrante que no se va a resolver, desde luego, con un incremento de la crispación en la escena estatal.
Pero a la imposibilidad de afrontar cualquier reforma del sistema de financiación se suma la dificultad que la Generalitat tendrá para ingresar cantidades pendientes del sistema, como los 450 millones de entregas a cuenta del modelo que están bloqueados en Madrid. El conseller Soler, de hecho, volvió a sugerir ayer mismo la posibilidad de desvincular esos abonos de las turbulencias políticas. Lo cierto es que ese cambio legal tampoco se podrá abordar en un plazo breve con la disolución del parlamento y el periodo en el que, con posterioridad a los comicios de noviembre, se tendrá que intentar de nuevo la formación de gobierno con el resultado que vuelva a salir de las urnas. Así que los pagos pendientes del sistema llegarán a cuentagotas en los próximos meses en un marco de tensiones de tesorería en la caja autonómica en este final de año.
La provincia de Alicante, dentro del mapa de la Comunidad, es sin duda la más perjudicada por este bloqueo en Madrid. Como se recordará, el pasado mes de febrero, el PP, Ciudadanos y los independentistas catalanes tumbaron los presupuestos que presentó Pedro Sánchez,detonante de este ciclo electoral. Continuaron vigentes, por tanto, las cuentas del Estado para 2018, las últimas elaboradas por Cristóbal Montoro en el Ministerio de Economía con Mariano Rajoy en la Moncloa. Esas cuentas seguirán siendo las que marcarán la acción de la gestión del Gobierno central hasta bien entrado 2020. Partidas que perpetúan la marginación de la provincia en el reparto de las inversiones del Estado. Junto a las de 2017, son las peores de la historia para Alicante, la cuarta provincia con peores aportaciones en ese documento. Una situación que no se revertirá sin cuentas en Madrid.
Pero es que, además, todo este escenario de tensión electoral tiene un impacto directo, como ya adelantó este periódico el pasado domingo, en los malabarismos que tendrá que hacer el conseller Vicent Soler para iniciar el próximo ejercicio con garantías. Ayer Soler ya admitió la opción de una prórroga de los presupuestos autonómicos. En 2016, con un escenario similar, se pudo salvar la situación en el último minuto. Justo antes del 31 de octubre cuando se tienen que remitir las cuentas a las Cortes Valencianas. Sin los datos que se recogen en los presupuestos del Estado no se pueden elaborar los autonómicos. Al menos se evitaría la tensión en el Botànic. Soler firmó hace dos días la orden de elaboración del documento a sabiendas de que puede ser papel mojado. «No depende de nosotros», dejó en el aire el conseller.
Repetición de los candidatos de los grandes partidos
Dentro de un calendario electoral diferente en el que, por ejemplo, se reduce a una semana el tiempo de la campaña o en la que los partidos, después de las dos citas anteriores, se presentan con una situación económica que permitirá pocas alegrías, una de las cuestiones que rebajará la tensión será la de las listas. En principio, la intención de los principales partidos es que sus números uno repitan al frente de las candidaturas en el Congreso y el Senado como norma general y salvo que, en algún caso, se pudiera producir una renuncia voluntaria. Así que, en principio, el ministro Pedro Duque sería el cabeza de cartel del PSPV, César Sánchez del PP, Marta Martín de Ciudadanos, Txema Guijarro de Podemos y el general Manuel Mestre por Vox. Falta ver que decide Compromís, que solo logró escaño por València y si, finalmente, reedita una alianza electoral con los morados y EU.
Preocupación de los empresarios por la «parálisis»
La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) señaló ayer que la convocatoria de nuevas elecciones generales para el 10 de noviembre «no constituye el mejor de los escenarios» y va a suponer «varios meses más de parálisis». La patronal autonómica indicó que, tras cinco meses de negociaciones sin llegar a un acuerdo de Gobierno, el que España se encamine a otras elecciones supone más parálisis, con lo que eso conlleva para las inversiones, el empleo, la falta de presupuestos y el problema de financiación que «castiga especialmente» a nuestra Comunidad. La CEV destacó en un comunicado que las empresas necesitan «un clima de estabilidad» que permita seguir creando empleo y riqueza y por ello reclamaron esa estabilidad, que a su juicio es «fundamental para la buena marcha de la economía» en el territorio valenciano, en un «entorno de ralentización como el actual».
Movimientos en Compromís para una alianza con Podemos en las generales
La ejecutiva de la coalición se reunirá el próximo lunes para marcar el calendario electoral y abrir el debate de los pactos
La experiencia de las últimas elecciones generales celebradas el 28 de abril resultó traumática para Compromís. La formación partía con cuatro diputados en el Congreso, los que había logrado en junio de 2016 cuando acudió en coalición con Podemos y Esquerra Unida, pero únicamente pudo salvar uno. El resultado supuso un baño de realidad para la formación valenciana que en aquella campaña no vio que en las generales se juega un partido muy distinto al de las autonómicas. Los 443.640 votos a las Corts se quedaron en 172.751 en la urna estatal. Más de 270.000 valencianos que querían a Oltra de presidenta de la Generalitat prefirieron votar a Pedro Sánchez o a Pablo Iglesias en las generales. Ahora, con la repetición electoral a la vista, en Compromís empezaron ayer mismo los primeros movimientos para acercarse de nuevo a la formación morada y formar de nuevo la UTE electoral.
Pero Compromís no quiere ser identificado como una confluencia de Podemos al estilo de En Comú Podem. Los líderes valencianistas defienden la necesidad de un proyecto con voz valenciana, autonomía propia y sin subordinación a ninguna fuerza estatal. Por eso las fuentes consultadas ayer en las distintas familias que componen Compromís evitaban hablar de confluencia con Podemos, y señalaban la necesidad de articular una plataforma amplia y unitaria, cívica y política que tenga voz valenciana y que sea capaz de aglutinar el descontento ciudadano que intuyen existe contra los socialistas y Pedro Sánchez por no haber sido capaz de alcanzar un acuerdo de izquierdas.
La vía con más adeptos parece ser en este momento poner en marcha una coalición al estilo de A la Valenciana, la alianza que Compromís, Podemos y Esquerra Unida formaron en las generales de junio de 2016 y que se convirtió en la segunda fuerza política de la Comunidad Valenciana con el 25% de los votos y nueve diputados. Con todo, deberá ser la ejecutiva de Compromís (que se reúne el lunes) la que tiene que tomar la decisión de la aproximación a los morados. Pese a que Pablo Iglesias no quedó demasiado contento con los desplantes de Compromís, que en cuanto pudo se marchó al grupo mixto en el Congreso y que en las pasadas generales rechazó reeditar la alianza, la puerta está abierta tanto en Podemos como en EU. Ayer mismo, el portavoz en las Cortes, Fran Ferri, aseguró que desde Compromís van a trabajar para tejer alianzas y trabajo conjunto frente a la irresponsabilidad de Pedro Sánchez, a quien culpó de la repetición electoral.
