La forma de encarar los ajustes a los que se ve obligado el Consell para recibir 250 millones de Madrid para poder salvar el año ha generado dos discursos distintos en el seno de Compromís. El de la vicepresidenta Mónica Oltra, que ayer los asumió implícitamente y el de su síndic en las Cortes, que abrió una vía de rebeldía ante el Gobierno de España al asegurar que si por él fuera no presentaría el Plan Económico Financiero (PEF), el que debe incluir los ajustes y que es necesario para que llegue el Fondo de Liquidez Autonómica, el conocido FLA. Dos discursos que surgieron ayer de forma simultánea en Compromís. La ausencia de referencias de Oltra a esos obligados ajustes presupuestarios se puede entender como una manera de asumirlos. Como titular de Políticas Inclusivas, la líder de Compromís necesita liquidez para no tener más problemas con las entidades que regentan centros de atención social. Precisamente, Oltra habló ayer de la importancia del extraFLA para afrontar las deudas pendientes con el tercer sector. Pero no puede haber esa aportación sin el Plan Económico Financiero (PEF) y este debe incluir los ajustes, para los que no hay calendario, más que la disposición expresada por la ministra de arreglar cuentas antes del 19 de enero.
Pero frente al discurso más institucional de Oltra, que incluso dijo que el extraFLA es un rayo de luz, el del síndic sonó a campaña electoral y a desafío al Gobierno de España. En las Cortes aseguró que si por él fuera el Consell no presentaría el PEF. Calificó de «decepcionante» la reunión entre Puig y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y dijo que no ha cambiado nada respecto a las reuniones que el jefe del Consell mantenía en la época de Cristóbal Montoro. Ferri también dijo que el Consell debe buscar una solución diferenciada para su infrafinanciación. Fuentes de Compromís en el Consell se desmarcaron de la vía de Ferri de no cumplir con el PEF al señalar que en el Consell se toman las decisiones en forma de acuerdos que previamente se pactan entre los socios, pero que nunca se plantean de forma unilateral como supondría no presentar el plan de los ajustes que requiere Hacienda y que tras la prórroga deberá presentarse en las próximas semanas.
Mientras, la cirujía fina a las cuentas no se aprobará en el próximo pleno del ejecutivo, como ha pasado en los últimos. En puridad, no es necesario. Ahora, el escenario ha cambiado; el ejecutivo es tripartito y algunos de los socios exigen que los ajustes se pacten. Elevarlos al pleno abunda en esa idea de decisión acordada y compartida. Quedaría el pleno de la semana próxima para que los 250 millones pudieran llegar antes del 9 d'Octubre, como ofreció la ministra.
En Presidencia, por su parte, subrayaban que el ministerio bendice de alguna manera con los hechos los 1.350 millones ficticios (o reivindicativos). El recorte no se pide por este concepto, agregaron, sino por la ausencia de unos Presupuestos del Estado cuyo proyecto mejoraba considerablemente la posición del ejecutivo valenciano en el reparto de inversiones. Mientras, la reunión con Montero le ha generado un problema a Ximo Puig con barones socialistas como los presidentes socialistas de Aragón y de Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page, que ayer, a las puertas de otras elecciones, se posicionaron contra lo que consideran un trato de favor del Ministerio de Hacienda a Puig tras su encuentro en Madrid.
