Con toda la agenda pendiente de una gota fría que ha monopolizado la atención y todos los recursos de la administración, la Generalitat se enfrenta en las próximas semanas a un problema que puede sacudir por completo la estabilidad de sus cuentas y de los servicios públicos. El Consell se vuelve a asomar a un abismo financiero muy peligroso agravado por el bloqueo político en España. A un colapso de tesorería, como ya ocurrió en el último mandato del PP entre 2011 y 2015. Y con un escenario tan diabólico que, encima, pone en jaque el arranque de esta segunda legislatura del Botànic y que amenaza con marcar todo el mandato. Sólo hay que poner una cosa detrás de otra en la sucesión de acontecimientos de la última semana para entender el calado de una crisis que más allá de golpear la estabilidad interna del gobierno con el pulso entre los socialistas y Compromís contiene un elemento todavía más dañino. Está en cuestión, a día de hoy y con apenas unas semanas para evitarlo, nada menos que la liquidez y la capacidad de pago del Consell, un cuadro que condiciona por completo el final del año y la financiación de la política social.

Decía que sólo había que poner en orden los datos de estos días para ver la magnitud del problema. El lunes todo arrancó con la resaca de las declaraciones que azuzaban la batalla en clave preelectoral entre Compromís y el PSPV. Mónica Oltra y Vicent Marzà, los dos «jefes» de la coalición, atacaban a los socialistas con toda su artillería. La vicepresidenta emplazaba a Pedro Sánchez a retirarse como candidato para la repetición electoral ante su incapacidad para llegar a pactos con Podemos. Y el conseller de Educación apuntaba que, a día de hoy, sentía que el maltrato del actual gobierno socialista era, incluso, superior al que sufrió la Comunidad durante la época de Mariano Rajoy. Esa misma tarde llegaba desde Madrid la peor de las noticias para el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con la supresión de la reunión que tenía el martes con la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Una cita que Puig había marcado en rojo en su agenda para arrancarle una inyección de financiación -entre 450 y 730 millones- que permitiera cerrar el año con un respiro y exhibir un triunfo frente a Compromís, que exige la llegada de dinero del Estado antes de afrontar cualquier ajuste en las cuentas de la Generalitat.

Ni Puig ni Montero se vieron. Pero ese día, la ministra, tras fracasar en otra reunión con Podemos para desbloquear un posible acuerdo, no ofreció ni una sola solución en el Senado a la desesperada situación valenciana en un debate con Carles Mulet, de Compromís. Lo peor estaba aún por venir. El miércoles, en el Congreso y a la vez que en la Diputación de Alicante los socios del Botànic se enfrentaban para regocijo del PP, Montero deslizó la bomba. Ni la Comunidad ni Murcia, los dos autonomías más perjudicadas por el actual sistema de financiación, tendrían trato preferente con las cantidades que el Gobierno adeuda a los ejecutivos autonómicos. Ligó su negativa a facilitar esas inyecciones económicas a la repetición de las generales y sugirió que a finales de octubre el Consell empezaría a lidiar con «estrés» en su tesorería. Por la tarde, en medio de una gran confusión sobre el sentido de las palabras de la ministra, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, daba por bueno en las Cortes que la Comunidad recibiera a finales de año parte del dinero que reclama en un debate que elevó aún más la tensión con Compromís. «No se puede decir una cosa aquí y otra en Madrid», le afeó la diputada Aitana Mas al conseller.

Pero apenas 24 horas más tarde, ya el jueves, Soler admitió tres cosas en una inquietante declaración en los pasillos del parlamento. Primero. El Consell depende del Gobierno de España -el titular de Hacienda apuntaba otra vía de ingresos con el fondo de liquidez- para cubrir el año. Segundo. Si no llega ese dinero, habrá problemas con los pagos a proveedores que permiten ofrecer servicios públicos. Y tercero. Una sensación de cierta impotencia. «No está en mis manos. Tengo la conciencia tranquila», vino a decir resignado. En ese momento, el conseller ya valoraba todos los escenarios que conducen a las decisiones más drásticas. Ese mismo día, Soler se reunió con la cúpula de Hacienda -el secretario Fran Gamero, de Compromís, y la directora general, Eva Martínez- para diseñar la orden de elaboración de los presupuestos sabiendo a la vez que será imposible cuadrarlos sin estabilidad en la Moncloa.

Así que, en este momento, el Consell tiene dos graves problemas que le conducen a la asfixia financiera. Uno. ¿Cómo terminar este año? Es impepinable que la Generalitat necesita una aportación del Estado para sortear los temidos impagos. Y urgente. La caja autonómica aguanta, como máximo, este mes y el que viene. Entre las entregas a cuenta, mensualidades del IVA y el Fondo de Liquidez la deuda de Madrid es de unos mil millones. El Consell necesita una parte en octubre y el resto para final del ejercicio. Sin eso, además de un recorte al que Compromís se opone como volvió a ocurrir este viernes, no habrá liquidez. El encuentro de esta próxima semana entre Montero y Puig será decisivo. Soler apurará al máximo para salvar el año. No quiere impagos ni tampoco cerrar el grifo del presupuesto, como ha hecho Quim Torra en Cataluña o como era norma habitual en la etapa del PP con Francisco Camps en el Consell. Medida a la que, hasta ahora, nunca ha recurrido el Botànic. Sería nefasto. Dos. ¿Cómo afrontar 2020? Sin ejecutivo en España y con elecciones, no se puede elaborar un nuevo presupuesto. Así que la única solución -y quizá la mejor- pasa por la prorroga de las cuentas de este año, muy expansivas y que darían margen a una gestión que, en todo caso estaría condicionada por esa fractura entre el PSPV y Compromís para competir en las urnas. Un precipicio que parece difícil de evitar.