El portavoz de Justicia e Interior del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en las Cortes Valencianas, José Ciscar, ha señalado hoy que “para el valenciano queremos respeto, protección y fomento, pero nunca imposición de una lengua sobre la otra” porque, de lo contrario, el futuro de la Ley de la Función Pública valenciana está en el Tribunal Constitucional (TC). “Defendemos el valenciano como mérito, no como requisito obligatorio para un empleo público y le anticipo que de ser así, el destino de la futuro ley es el TC” porque “en cuanto pretende imponer una lengua sobre otra es inconstitucional”.
Ciscar se ha pronunciado de esta manera durante su intervención en el Pleno de hoy donde ha señalado que la gestión de la consellera se ha caracterizado por el caos y los incumplimientos. El también presidente del GPP ha indicado que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo “sabe que el requisito lingüístico no resuelve el problema de la función pública, un agricultor, un autónomo, un dependiente, quiere que le resuelvan su problema y se le reconozcan sus derechos pero le da igual la lengua en la que lo hagan”.
Respecto a la situación del sector, Ciscar la ha calificado de “tercermundista” por falta de medios humanos y materiales durante los últimos cuatro años. Al respecto ha criticado la situación de las infraestructuras judiciales y ha recordado que el plan anunciado en 2018 junto al Presidente Ximo Puig, en el que iban a invertir 200 millones “ha quedado en nada”. Tanto es así, ha explicado, que solo se ha invertido el 1,47%, menos del 1% de lo anunciado.
Por todo ello, le ha solicitado que desarrolle un plan de 150 millones que “sea real y efectivo” y no “un instrumento de propaganda”; que no tarde tres años en elaborarlo y que el Pleno del Consell declare libre de recortes a las infraestructuras judiciales porque “ante un escenario de desaceleración económica debe comprometerse a mejorar las sedes judiciales de la Comunitat”.
Ciscar ha indicado que se avecinan recortes y le ha preguntado “¿cómo quiere que nos creamos su discurso si el tijeretazo que viene son de casi 30 millones, como quiere que le creamos si en los próximos meses los diputados se van a ver privados de esa inversión, como lo van a pagar? ¿Van a dar curso legal a los billetes del Monopoli?”. El diputado ha tildado de “vergonzosa” la estrategia del Consell de “primero colocar a los nuestros, luego vacaciones para poner olvido de por medio, y a la vuelta, recortamos, ese es el mejor resumen del inicio de su Legislatura”.
En relación a la Justicia gratuita, Ciscar ha recogido las palabras de la propia consellera en las que señalaba que ‘se había menospreciado, los letrados del turno de oficio merecen un respeto’ pero, la realidad es otra. Tres años después el órgano que representa a los letrados de la Comunitat “ha suspendido su gestión al pedirle a Puig que ponga coto al desorden y a la improvisación, a las ocurrencias y al incumplimiento de las leyes y la infrafinanciación. Denuncian la falta de respeto institucional que mancha el órgano valenciano”.
Además, se ha hecho eco de la situación de los policías locales en la Comunitat y ha criticado que el Consell ha abocado a las plantillas de estos efectivos “a una situación endémica”. “El futuro de 1.500 policías valencianos están en peligro, de manera que actualmente casi el 75% de los ayuntamientos tiene policías interinos”. Ciscar ha señalado que “le hemos propuesto una salida del atolladero pero no quieren escuchar”.
