Ingreso en prisión, aunque sea con una pena mínima y sin sentencia firme, para que los políticos condenados o investigados por delitos de corrupción asuman que «su conducta delictiva supuso un grave quebranto de los principios y valores democráticos de la convivencia». El objetivo es «neutralizar comportamientos que merman, o incluso anulan, la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas». Esta es la petición que la Fiscalía especial contra la Corrupción ha trasladado a los fiscales territoriales para que se opongan a la suspensión del ingreso en prisión, aun cuando los condenados devuelvan el dinero o la pena sea inferior a dos años de cárcel. La sugerencia, recogida en la memoria anual que la Fiscalía del Estado (FGE) presentó este lunes durante la apertura del año judicial, busca romper esa «sensación de impunidad de quien ejerce de modo desviado el poder que le ha sido conferido por los ciudadanos».
No es la primera vez que Anticorrupción carga contra el «benigno tratamiento penitenciario que en ocasiones se dispensa a los autores de los delitos de corrupción», una circunstancia que puede contribuir a «cierta percepción ciudadana de que la respuesta de los órganos judiciales ante la corrupción resulta insuficiente». El ministerio público defiende que la medida se fundamenta en «el desvalor y gravedad de las conductas, las circunstancias personales de los autores de estos delitos, la existencia de otros procedimientos penales pendientes y la necesidad de primar la finalidad de prevención general de la pena sobre la resocializadora».
Oponerse a la suspensión de la pena de prisión, por mínima que sea, supone una «función de prevención general», que está dirigida a que «todos aquellos que decidan dedicarse al servicio público, interioricen la necesidad de ajustar su actuación a criterios de ética política y, desde luego, a la estricta legalidad». En estos casos, puntualiza Anticorrupción, «la pena cumple así su función de servir de freno a posibles conductas futuras, lo que solo podrá conseguirse mediante el cumplimiento efectivo de las penas de prisión, huyendo en definitiva de pronunciamientos meramente formales». Unos pronunciamientos que, a juicio del ministerio público, equivalen «en la práctica y a los ojos de los ciudadanos a una cuasi impunidad material (de políticos y poderosos)». De este modo, razonan desde Anticorrupción, «quienes sucumben a las facilidades y ventajas que proporciona el ejercicio del poder y hacen un uso torticero del mismo», percibirán que su conducta lleva «aparejado el efectivo y real cumplimiento de las penas».
Respecto a los arrepentimientos de políticos condenados o investigados por corrupción que buscan atenuar su pena, la Fiscalía exigirá que manifieste «un sincero arrepentimiento por los hechos materializado tanto en un reconocimiento público y expreso de su responsabilidad, en la colaboración activa con investigaciones pendientes o en el abono de la totalidad o de una significativa parte de sus responsabilidades civiles». La Fiscalía de València ya ha empezado a aplicar este criterio en causas relacionadas con la corrupción.
