Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

El Gobierno arruina parte de la estrategia judicial de la Diputación contra el Consell

El acuerdo alcanzado entre el Estado y la Generalitat sobre la Ley de Mancomunidades debilita el discurso del PP

El acuerdo alcanzado por la Generalitat y el Gobierno de España sobre la Ley de Mancomunidades ha sentado como un tiro a la Diputación de Alicante al arruinar parte de su estrategia judicial en la que denuncia que la citada norma autonómica «enmascara una Ley de Comarcas» a la vez que ataca la autonomía provincial y la independencia de los ayuntamientos. En Madrid ya no cuestionan el fondo de la norma, por lo que el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, tendrá que buscar un camino diferente ante este acercamiento de posturas que desmonta parte de la maniobra judicial que heredó de la etapa en la que César Sánchez estaba al frente del Palacio Provincial.

La Generalitat ha llegado a un acuerdo con el Gobierno Central para garantizar que los municipios de la Comunidad puedan asociarse con el fin de tener un cuerpo de Policía Local en común que mejore la seguridad pública y garantice la eficacia en la prestación del servicio público de seguridad ciudadana. Este pacto supone que el Estado retirará el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Mancomunidades y al mismo tiempo el compromiso de la Generalitat de modificar con los presupuestos dicha disposición en el sentido de cambiar la palabra «mancomunidades de municipios» por el de «asociaciones».

A principios de este año, el PP presentó en el Congreso, a petición de la institución provincial, un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra esta ley. El entonces presidente César Sánchez denunció que coacciona a los ayuntamientos a mancomunarse para recibir ayudas públicas y, de esta manera, «se priva la libertad para las convocatorias públicas». Una vez que las Cortes aprueben la modificación, la retirada de este recurso por parte del Estado generará más dificultades a Carlos Mazón a la hora de defender su postura. El Gobierno aparcará el recurso y, además, no cuestiona tampoco el fondo de la norma. Para los populares, la admisión a trámite por parte del Constitucional supuso un freno al «proceso catalanista» que echaban en cara al Botànic y la tramitación del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno reforzaba su postura. La normativa pretende fomentar y regular estas corporaciones e introduce como nueva figura las mancomunidades de ámbito comarcal. También se establecen nuevas fórmulas de coordinación de las funciones municipales como son la prestación de servicios comunes, licitación de contratos y personal conjunto.

La ausencia de discrepancias entre el Gobierno autonómico y el Central supone un duro revés para el equipo de gobierno de la Diputación. La intención de Carlos Mazón es que la comisión mixta que ha acordado con Ximo Puig aborde estas cuestiones y aclaren en qué se materializa tanto el acuerdo alcanzado con el Gobierno como el despliegue de la ley. El director general de Administración Local, Toni Such, indicó ayer que el objetivo de la Generalitat de optimizar los recursos de seguridad en los municipios pequeños «se da por cumplido, ya que en estos momentos existen poblaciones que por su tamaño o por escasez de recursos no pueden disponer en sus plantillas de agentes de Policía Local que presten estos servicios, y mediante la fórmula acordada se puede cumplir sobradamente el objetivo que se pretendía en la Ley de Mancomunidades». Such recalcó que, una vez más, «se demuestra cómo la colaboración y el diálogo entre las administraciones permite buscar soluciones a los problemas de los valencianos».

César Sánchez reaparece en Alicante tras quedar apartado del Palacio Provincial

El expresidente de la Diputación acusa al PSOE de poner en riesgo la sanidad y la educación y «engañar» a los alicantinos

El diputado en el Congreso y expresidente de la Diputación Provincial, César Sánchez, reapareció ayer en Alicante tras haber sido apartado de la política provincial y autonómica en las pasadas elecciones. Ayer volvió a comparecer ante los medios de comunicación para acusar al Gobierno socialista de Pedro Sánchez de «poner en riesgo la sanidad, educación, políticas sociales y dependencia» al no dar el dinero a los ayuntamientos de la provincia.

Después de ocho años de alcalde de Calp y cuatro como presidente de la Diputación, César Sánchez fue apartado del Palacio Provincial para que su puesto fuera ocupado por Carlos Mazón. Junto a los diputados Macarena Montesinos y Agustín Almodóvar, ayer reclamó a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que concrete cuál es la deuda estatal con los municipios alicantinos, que los populares calculan por encima de los siete mil millones de euros en toda España. «El bloqueo de Pedro Sánchez para chantajear al resto de partidos y comunidades autónomas para que le hagan presidente gratis deja a los alicantinos con recortes en sanidad, educación, política social y dependencia», según denunció . Frente a estos recortes, criticó Sánchez, el Consell «ha abandonado a su suerte a los alicantinos con un apagón reivindicativo de las necesidades que tiene la Comunidad». El diputado precisó que Ximo Puig y Mónica Oltra «han engañado a los alicantinos porque venían elecciones».

Lo último en INF+

Compartir el artículo

stats