La aprobación del principal plan inversor de la Diputación de Alicante arrastra un retraso en 2019 de nueve meses, lo que ha impedido a los gobiernos municipales hacer una planificación de las obras que van a ejecutar y ha condicionado la posibilidad de abrir los expedientes e iniciar el trámite de los proyectos dentro de este mismo año. La decisión del anterior presidente César Sánchez de paralizar el plan ha llevado al nuevo equipo de gobierno del PP y Ciudadanos a agilizar a contrarreloj los trámites para intentar garantizar que los consistorios dispongan del dinero que les corresponde a lo largo del ejercicio. Un total de 41 localidades, con una inversión global de 25,7 millones, se beneficiarán del plan de obras de la Diputación, institución que aportará 17,6 millones del total, según el primer borrador del programa inversor con el que está trabajando el diputado Javier Gutiérrez. A falta de negociar un acuerdo, el nuevo reparto disminuye considerablemente los municipios que entrarán en la nómina inversora puesto que el pasado año fueron nada menos que 54 localidades.
Según confirmaron fuentes de Presidencia, el anterior equipo de gobierno decidió aplazar su aprobación por la celebración de las elecciones locales con el fin de dar a la nueva corporación la potestad de aprobar las bases de los proyectos que se iban a ejecutar a lo largo del año. Habitualmente, durante los meses de enero o febrero el programa está consensuado y aprobado, ofreciendo la posibilidad a los ayuntamientos de tener tiempo suficiente para poder hacer una organización real de su gestión y adjudicar las obras. Ahora, es el actual diputado de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, quien se ha hecho cargo de sacar adelante el plan y de tratar de conseguir el visto bueno de los socialistas y de Compromís. Entre ambas formaciones suman más de la mitad de las Alcaldías de la provincia de Alicante.
Gutiérrez aseguró que está trabajando desde el pleno de investidura para desbloquearlo y en estos momentos ya dispone del borrador con los informes de los técnicos para poder debatirlo con la oposición. En el reparto de inversiones han sido incluidas el cien por cien de las peticiones bienales solicitadas, con la excepción de aquellos municipios en los que concurren las causas de exclusión que se fijan en las bases. En ellas se incluyen los ayuntamientos con obras en los planes provinciales del año anterior, incorporando los que obtuvieron la concesión de subvención «a dedo», superior a 100.000 euros, por computar como si se hubieran otorgado en el plan correspondiente al año de su concesión. También quedan excluidos aquellos municipios cuyas solicitudes resultaron atendidas como planes especiales en anualidades anteriores, tal y como marcan las bases de la convocatoria.
Las actuaciones subvencionadas contemplan la urbanización de calles, la mejora de los servicios urbanos, la ampliación y reforma de cementerios o la construcción de nuevas infraestructuras, como centros de día, aularios o instalaciones. El principal criterio que suele tenerse en cuenta a la hora de atender las peticiones formuladas es el de la población, incluyendo a todos los municipios que lo soliciten con menos de 4.000 habitantes. El diputado Javier Gutiérrez aseguró ayer que esta misma semana comienzan las reuniones con los portavoces Toni Francés y Gerard Fullana para tratar de alcanzar un acuerdo con los grupos de la oposición. «Queremos explicarles el contenido y conocer su opinión con todos los informes. Desde que entré en la primera reunión como diputado he estado trabajando en esto», afirmó el responsable de Cs, quien confirmó que el plan se aprobará en el pleno de octubre. «Ya hemos dado aviso a los grupos porque tenemos el borrador redactado y ahora solo buscamos el consenso». En cuanto al contenido, Gutiérrez adelantó que la intención del equipo de gobierno es variar el criterio de las anualidades y ampliar los plazos para que los ayuntamientos tengan más «flexibilidad» en la gestión.
Semana de contactos entre el Consell y la institución provincial
Semana de contactos entre el Consell y la institución provincialEl jefe del Consell, Ximo Puig, recibió esta semana en el Palau de la Generalitat al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, en una reunión en la que acordaron convocar una comisión mixta para tratar asuntos como el Fondo de Cooperación. Los contactos entre los líderes no acabaron ahí porque Puig participó el jueves en el corte del primer racimo de la campaña de la uva y junto al presidente provincial destacó la «singularidad y autenticidad» de la Denominación Oficial Protegida Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó. Era la primera vez que los presidentes mostraban su buena sintonía en la provincia y en el acto incluso coincidieron en algunas de sus reivindicaciones sobre el agua. En este encuentro, Mazón cerró una reunión con la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, el día 24 en la Diputación. El presidente provincial también mantendrá un contacto el día 19 con el conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau.
Los temas más espinosos que tienen por delante Ximo Puig y Carlos Mazón
El Fondo de Cooperación, las leyes de Servicios Sociales y Mancomunidades o el vaciado de las diputaciones pueden alterar el idilio político
La Generalitat y la Diputación de Alicante han firmado una tregua para tratar de acortar la distancia que separaba a las administraciones durante el pasado mandato. Sin embargo y pese al aparente idilio que han querido evidenciar y escenificar los presidentes Ximo Puig y Carlos Mazón a lo largo de esta semana, siguen teniendo por delante una batería de asuntos espinosos y cruciales para la provincia de Alicante. En primer lugar, la polémica por el Fondo de Cooperación Municipal ha explotado esta semana en las manos a Carlos Mazón con muy poco margen de maniobra. El anterior presidente César Sánchez rechazó el plan durante tres años consecutivos y ahora Ximo Puig ha anunciado que le concederá rango de ley para obligar a la institución alicantina a aplicarlo y que no vuelva a instalarse en la «morosidad» política.
Otro de los temas mollares que pueden provocar fricciones es, sin lugar a dudas, el vaciado de las diputaciones que el Botànic ha incluido en su programa. En 2015 formó parte del acuerdo avanzar en el adelgazamiento, pero en 2019 la propuesta se eleva al rango de ley tras los reveses judiciales que tumbaron los decretos de coordinación. Ahora se trabaja en una ley de las administraciones públicas valencianas «para aclarar el reparto competencial y la asignación de fondos necesarios para eliminar duplicidades». Está por ver el alcance de esta medida, cómo se acaba tramitando en el parlamento valenciano y si finalmente termina generando un enfrentamiento.
Las cuestiones judiciales también parecen un escollo que obstaculiza su sintonía, entre ellas el recurso del PP contra la ley valenciana de Servicios Sociales. A pesar de que a nivel nacional, tiene recurrida esta ley ante el Constitucional, el presidente de la Diputación quiso separar el ámbito jurídico del político y anunció en su reunión con Mónica Oltra que la Diputación aplicará la Ley de Servicios Sociales en los municipios de menos de 20.000 habitantes, mientras que en los de más población será competencia de Generalitat.
Entre los asuntos prioritarios que se tratarán en la comisión mixta pactada esta semana por Ximo Puig y Carlos Mazón también está la ley de Mancomunidades. Además, el presidente provincial exigió contundencia al jefe del Consell ante el Gobierno Central a la hora de abordar sus reivindicaciones en materia de financiación, turismo o agua. Para Mazón, uno de los retos que tiene actualmente encima de la mesa la provincia de Alicante es el Júcar-Vinalopó.
