La vicepresidenta Mónica Oltra reconoció ayer que hay «diferentes miradas» sobre cómo abordar la última crisis que maneja el Consell. En concreto, es una crisis financiera que ahoga las cuentas autonómicas por el bloqueo político que, según el Gobierno central, impide el envío de fondos a cuenta de la financiación y el IVA atrasado, por lo que no ingresarán 730 millones previstos. Una circunstancia que obliga al Consell a contener el gasto en 438 millones y sobre la que PSPV y Compromís discrepan.
Se trata de aplicar unos recortes a los que Compromís se niega en rotundo hasta conocer el desenlace de la reunión del martes entre Ximo Puig y la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero.
Oltra apeló al «paso a paso» para explicar por qué ayer el pleno del Consell no aprobó los ajustes tal como el conseller Vicent Soler tenía previsto. Primero, la reunión, porque podría ser fructífera y despejar así las opciones de meter la tijera. Al menos, por ahora. La vicepresidenta incluso ironizó con la posibilidad de que Montero no solo abone lo que el Estado adeuda, sino que podría llegar «un superabono de 500 millones por maltrato financiero».
Según el resultado del encuentro (que se produce a iniciativa de Puig y no del Gobierno Central, como incidió Oltra) se valorará qué medida aplicar para paliar la falta de recursos del Consell. Entonces, «cuando la propuesta esté madura, se aprobará», dijo Oltra, sin concretar si será en el próximo pleno o a lo largo de las semanas siguientes. Eso sí, con el 23 de septiembre marcado en rojo como el día en que se pierdan las esperanzas de obtener los recursos con la formación de un gobierno.
Para la vicepresidenta sí que es evidente que pagar los 730 millones no es una medida suficiente. Determinan la suficiencia financiera y el estado de la Tesorería de la Generalitat, pero tan solo es una bombona de oxígeno «que no llega al final del pulmón». Siguió con la metáfora, porque esos fondos son «transfusiones que no curan la herida real»: es decir, la infrafinanciación.
El escenario es complicado ante la inestabilidad política en Madrid y la consigna en la Conselleria de Hacienda es la de la «responsabilidad». Si la incertidumbre se consolida (una convocatoria de elecciones generales para el 10 de noviembre supondría la ausencia de Gobierno estable hasta posiblemente la próxima primavera), el departamento de Vicent Soler contempla medidas como el cierre con antelación del presupuesto autonómico. Cataluña, cuyo ejecutivo es crítico con el de Sánchez, ya ha adoptado en agosto esta decisión, que en el pasado también tomaron gobiernos valencianos del PP ante la exigencia de la Moncloa de contener el gasto.
La prórroga de las cuentas valencianas de 2019 a 2020 a la espera de que el Estado tenga un presupuesto nuevo es otra opción que manejan los responsables de Hacienda, aseguran fuentes del Consell.
De momento, como para Compromís, en la conselleria todo está a expensas del resultado de la reunión del próximo martes de Puig con la ministra María Jesús Montero. Esta no está libre de presión, ya que algunas comunidades autónomas del PP observan un trato preferente a la Comunidad Valenciana y ello puede dificultar la aportación de soluciones. En el departamento estatal de Hacienda aseguran que las están buscando.
El PP andaluz denuncia el «sectarismo» de la ministra por recibir a Ximo Puig
El presidente Moreno Bonilla le envía una carta a Pedro Sánchez, al que acusan de «insolidario» con Andalucía
El PP andaluz denunció ayer el «sectarismo» de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, por fijar una reunión el próximo martes con el presidente valenciano, Ximo Puig, para hablar de financiación autonómica, en lugar de convocar una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar esta cuestión entre todas las autonomías, como se le ha pedido desde el Gobierno andaluz.
En rueda de prensa, el vicesecretario del PP andaluz, Pablo Venzal, manifestó que la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez está siendo absolutamente «insolidaria y sectaria» con Andalucía, a la que no se abonan los 1.350 millones por las entregas a cuenta por el IVA recaudado por el Estado correspondiente a este año.
Esto ha motivado, según ha apuntado, que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, haya remitido una carta al jefe del Ejecutivo español en funciones pidiéndole el desbloqueo en el pago de ese dinero y la convocatoria urgente del CPFF para abordar la financiación autonómica. También la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, siguiendo la estrategia del PP, envió días atrás una misiva a la ministra Montero.
El PP andaluz no entiende que la ministra esté dispuesta a mantener una reunión bilateral con la Comunidad Valenciana, en lugar de convocar el CPFF como exigen las autonomías.
