Cesión a regañadientes, pero cesión al fin y al cabo. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig le pedirá la próxima semana a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que adelante la transferencia de las entregas a cuenta correspondientes a 2018, que se cifran en unos 450 millones de euros. El jefe del Consell y la representante del Ejecutivo de Pedro Sánchez se reunirán en Madrid el próximo martes, 10 de septiembre, en la sede del Ministerio, en uan cita donde Puig también reclamará el abono de las mensualidades del IVA y presentará varias propuestas para que el dinero pendiente llegue a la Comunidad Valenciana, entre ellas a través de créditos, según avanzó ayer después de que Mónica Oltra lo exigiera para negociar un ajuste de cara a final de año.
Con esta batería de medidas, Ximo Puig, con el relato muy golpeado ante la dificultad de atacar al gobierno de España, sale al paso de la presión a que lo han sometido sus dos socios, Compromís y Podemos, especialmente los primeros, que no han aflojado la cuerda hasta ayer mismo, después de varios días poniendo condiciones para que los recortes anunciados a causa de los problemas de financiación sea «mínimo». Cuando supo de la existencia de la reunión entre Puig y Montero, la vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra calificó esta cita de «más que justificada», debido a la necesidad de «apretar al Gobierno». Oltra se mostró satisfecha porque la esperada reunión «va por la senda por la que tiene que ir», una «hoja de ruta» que la propia portavoz del Consell recordó que «avanza en ese camino que nosotros también propusimos al conseller Soler y es que el Gobierno de España ha de comenzar a ponerse las pilas en lo que es la financiación de las Comunidades Autónomas», aseguró. Pero los socialistas están incómodos y preocupados por la posición de Compromís, necesitado de marcar perfil propio ante unas nuevas elecciones generales, la cita que peor le va a los valencianistas.
Ahí no acaba la tirantez, especialmente en días previos a esa posible convocatoria electoral. La propuesta defendida por Mónica Oltra para que sea Sanidad, con el área presupuestaria de mayor volumen, la que asuma parte del «tijeretazo» para cubrir necesidades económicas en otras áreas. Que la Conselleria de Sanidad esté en manos de los socialistas y que tenga gran parte de su gasto anual como extrapresupuestario por culpa de la infrafinanciación, no es baladí, cuando otras competencias sociales están en manos de los otros dos socios del Botànic, como Educación y Dependencia para Compromís -dirigidas por Vicent Marzà y Mónica Oltra- y Vivienda, que asume Rubén Martínez Dalmau, líder autonómico de Podemos. Tampoco es una idea que guste a una partte de la propia coalición. Los socialistas proponen «cirugía fina»: sacar del presupuesto partidas que ya no se puedan gastar antes del mes de diciembre.
El hecho de que todo este debate surja antes de una posible disolución del Congreso, erosiona el relato que estos días ha mantenido el PSPV, con Ximo Puig y el conseller Vicent Soler defendiendo que la falta de Gobierno en Madrid impide avanzar en materia de financiación. En todo caso, la preocupación que ya le ronda al presidente del Consell por la actitud de Compromís le ha hecho a Puig guardase un as en la manga, ante la petición generalizada de todos los grupos políticos -no solo de la coalición que lidera Oltra-, de que sea el Consell quien reclame la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Ximo Puig abrió ayer la puerta a solicitar este foro, que no se convoca desde agosto de 2018 y que se debe celebrar dos veces al año, en función de «cómo se desarrolle la reunión con la ministra». Otra vía de solución es un préstamo para que se hagan efectivos los pagos para garantizar los «derechos sociales de los valencianos», que no sufrirán, dijo, «ningún recorte».
