El reparto de representantes en Suma, organismo de la Diputación, ha generado las primeras tensiones entre los socios de Gobierno. Pese a estar obligados a entenderse si quieren seguir al mando de la institución provincial, PP y Ciudadanos ya han tenido su primer conflicto interno por el control de este organismo autónomo. El origen de las tensiones se debe a la falta de acuerdo por la designación de sillas: el consejo rector estará compuesto por Alejandro Morant (PP), Adrián Ballester (PP), Javier Gutiérrez (Ciudadanos), Toni Francés (PSPV-PSOE) y Gerard Fullana (Compromís). La propuesta sonó bien a los naranjas hasta que comprobaron que el PP cuenta además con la representación del presidente Carlos Mazón -miembro nato de todos los organismos provinciales-, por lo que se queda con tres representantes frente a uno de Ciudadanos, uno socialista y uno de Compromís.
Los de Albert Rivera, que defendieron en todo momento su intención de fiscalizar la gestión de la institución desde todos sus ámbitos, dejará de tener un voto determinante en la entidad y menor margen de maniobra en un organismo de calado como Suma en el que la dirección se debe renovar a medio plazo. Mientras el PP defendió ayer la ausencia de desavenencias en el seno del equipo de gobierno, fuentes cercanas a Ciudadanos aseguraron a este medio que esta situación ha generado malestar y una fricción entre los socios. Por contra, los dos diputados de Ciudadanos no quisieron hacer declaraciones a este medio mientras su gabinete de Comunicación aseguró que «todas las negociaciones se están llevando a cabo con diálogo y cordialidad» y que en estos nombramientos hubo «buena predisposición por ambas partes de llegar a acuerdos. Todo se ha pactado». Pero lo cierto es que el consejo no respeta la proporción del hemiciclo provincial.
El PP también tuvo ayer otro desencuentro con Compromís por el reparto de representantes en el instituto alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Ha recurrido el acuerdo entre Cs, PSPV y PP para repartirse la representación por partidos, al quedarse fuera en contra de los estatutos del propio organismo. Según denunció ayer el portavoz Gerard Fullana, el acuerdo aprobado el 2 de agosto no respeta la proporcionalidad de la representación por partidos de la institución que los designa. La asistencia a los organismos autónomos ha acontecido tradicionalmente un complemento salarial que se suma al sueldo anual. En el caso de Gil Albert la asignación es de unos 300 euros por reunión. La coalición considera que aquellos diputados provinciales que tengan dedicación exclusiva en la institución no tendrían que cobrar por asistencia a las reuniones de los organismos autónomos, al tratarse de una actividad ya remunerada en la actividad como cargo público.
