04 de septiembre de 2019
04.09.2019

Sánchez se compromete con una nueva financiación, pero sin plazos

La medida 353 de las 370 del presidente habla de desarrollar reglas y principios con el objetivo «final» de reformar el sistema

04.09.2019 | 12:21
Ximo Puig y Pedro Sánchez en La Nucía

Compromís exige concreción: un nuevo modelo en seis meses

Para los valencianos, la medida 353 es la más interesante del programa común progresista propuesto ayer por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para atraer a Podemos a una alianza política y no a una coalición de gobierno. Dice: «Desarrollaremos la previsión de las reglas y principios que deben regir el sistema de financiación de las comunidades autónomas y el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios, con el objetivo final de aprobar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas».

¿Es suficiente el compromiso visto desde el territorio más afectado por la infrafinanciación y donde más urge un nuevo modelo? La reforma de la financiación figura como prioridad del gobierno, y eso no es poco. Es la línea de opinión que emana del Palau de la Generalitat.

En efecto, la aprobación de un nuevo sistema aparece en el documento como «objetivo final», después de desarrollar «reglas», «principios» y «procedimientos» para la ansiada reforma.

En teoría, la financiación quedó aparcada después de que una comisión de expertos dictaminara el estado de la cuestión y el déficit de 16.000 euros anuales que las autonomías padecen para sufragar los servicios públicos básicos (educación, sanidad y atención social). Era el momento de que el Ministerio de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy elevara una propuesta de nuevo modelo. Ahí se quedó parado todo. Y así sigue. Con el argumento de que se necesita un consenso amplio de partidos y de territorios que en la coyuntura actual parece inalcanzable.

La medida 353 de las 370 del programa progresista de Sánchez desprende la idea de una vuelta al principio, a repensar las bases del sistema para llegar al objetivo «final» de aprobarlo.

No hay plazos para esa meta y en ese hecho abundaba ayer Compromís, el socio en el gobierno valenciano. «Falta concretar cuándo se hará la reforma», destacaba un dirigente de la coalición a Levante-EMV.

Su argumento es que la necesidad de un nuevo modelo es un hecho que «no cuestiona nadie». Lo importante es ponerle fecha. la propuesta que los de Mónica Oltra plantearon (y plantean) al PSOE para dar su apoyo a Sánchez es que la reforma debería estar en un plazo máximo de seis meses desde la investidura. «Sin un compromiso temporal, todo los demás es papel mojado», señalan por su parte en el entorno de la vicepresidenta del Consell.

Compromís reclama además un mecanismo de compensación transitoria para garantizar la financiación autonómicas y la liquidación de las entregas a cuenta, que está bloqueada ahora, al no haber un gobierno con plenitud de capacidades.

A Podemos la propuesta de Sánchez le suena bien. «El programa no es el problema, sino que se niega a un gobierno de coalición, pese a que es lo votado por los ciudadanos», afirmó ayer el líder morado, Rubén Martínez Dalmau, a este diario.

El documento presentado por Sánchez recoge un apartado final dedicado a la estructura territorial de España. Lo que ofrece es un modelo de Estado que «garantice la cohesión desde la lealtad al ejercicio de las funciones que la Constitución habilita a las comunidades [en referencia a Cataluña] y en el que las distintas administraciones cuenten con una adecuada financiación».

Descentralizar instituciones

En esa España más respetuosa con la diversidad pero en la que no cabe el referéndum de autodeterminación, el Gobierno de Sánchez propone también «impulsar la descentralización institucional del Estado». Significa trasladar las sedes de diversas instituciones y organismos a distintas ciudades. Es una reivindicación vieja, pareja a lo que sucede en países de sólida estructura federal, como Alemania, pero que nunca ha prosperado. En esa línea descentralizadora, el Botànic II decidió que la sede de la Conselleria de Innovación esté en Alicante y que la nueva dirección general contra la Despoblación se ubique en Castelló.

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