Primero exigir al Gobierno los ingresos que le corresponden a la Comunidad Valenciana; segundo que sea un ajuste mínimo; y tercero que no haya ningún recorte en servicios públicos ni en personal. Bajo estos principios asiste hoy martes la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra (Compromís), a la reunión programada con el conseller de Hacienda, Vicent Soler (PSPV-PSOE), para tratar sobre los posibles ajustes presupuestarios que debe hacer el Gobierno valenciano ante los problemas de financiación autonómica por el bloqueo político en Madrid.
Después de «escuchar las razones que argumenta el conseller de Hacienda para plantear posibles ajustes al presupuesto de la Generalitat de 2019», Oltra quiere que si esos recortes están «justificados» y «consensuados» con todos los socios de Gobierno (PSPV, Compromís y Podemos), se expliquen sus motivos. Y aquí es donde la líder de la coalición exige apretar a Pedro Sánchez por el principal causante de «la inacción del Gobierno de España en funciones», que está provocando «la asfixia de las comunidades autónomas».
Para no dejarse nada en el tintero, Compromís ha preparado unas Bases para la ejecución del Presupuesto de la Generalitat 2019, que presentará en la reunión con Vicent Soler y que tratan de ajustarse al Plan Económico Financiero reclamado por el Ministerio de Hacienda. Según fuentes del coalición, «el problema presupuestario de la Generalitat Valenciana es de ingresos y no de gastos», por lo que, además de «exigir al Gobierno de España las transferencias correspondientes a los ingresos que legalmente corresponden a la Generalitat Valenciana», el Consell, con el PSPV-PSOE a la cabeza, debe «pedir la convocatoria del Consejo Político Fiscal y Financiero (CPFF) que debe ser convocado dos veces al año, para tratar con el Gobierno de España la manera de dar solución a las transferencias pendientes». Y para Compromís, esa solución está con un Decreto-Ley donde se argumente «la existencia de la extraordinaria y urgente necesidad que concurre en estos momentos» o con un préstamo del Estado a las comunidades «a interés cero que vencería en el momento en que se realicen las transferencias».
Mínimo y revisable
En segundo lugar, «el ajuste presupuestario, en caso de que sea exigido, será el mínimo imprescindible, revisable y no afectará a los servicios públicos», aseguran las mismas fuentes. La cifra que aporte Hacienda «deberá ser contrastada con las consellerias», y aquí es donde nace otro punto de posible conflicto, ya que si la cifra resultante «no se considera satisfactoria» para su inclusión en el Plan Económico Financiero, debe ser la sección presupuestaria de mayor volumen, la que «aporte mayor cuantía al presupuesto». Es decir, Compromís quiere que sea Sanidad, en manos de los socialistas, con gran parte de su gasto anual como extrapresupuestario por la infrafinanciación, la que ceda parte de su capítulo 2, destinado a atender gastos corrientes, para cubrir otras áreas. Por último, Oltra reclamará hoy a Soler que no se trate de ahorrar un euro «en materia de personal funcionario», ya que la Comunidad Valenciana es la segunda con menos empleados públicos por habitante.
Por otro lado, la presidenta del PP, Isabel Bonig criticó ayer los «recortes que prepara» Ximo Puig cuando se gasta «17 millones en asesores y tiene más de 300 colocados» en empresas públicas. Además, Ciudadanos presentará una declaración institucional en las Cortes Valencianas contra la gestión de la ministra de Hacienda.
Madrid sigue sin poner plazos a la reforma de la financiación autonómica
Una respuesta del Gobierno a una pregunta presentada por el senador de Compromís, Carles Mulet, ha avivado más el fuego entre los representantes de la formación valenciana y los socialistas con la financiación de fondo. Mulet quiso saber «¿qué medidas prevé el Gobierno para garantizar un modelo de financiación justo para el 'País Valencià'», y la respuesta fue enmarcar la solución al problema valenciano en una reforma de todo el sistema de financiación autonómico. Según se asegura en la contestación, «el Gobierno está plenamente convencido de que dotar de una mayor y mejor financiación a las autonomías es apostar por unos servicios públicos de calidad para todos y todas con independencia del territorio en el que residan». Ante esta respuesta, Mulet considera que «estamos de nuevo ante una situación en la cual desde el ejecutivo en funciones no quieren abordar al problema valenciano como algo específico. De nuevo lo diluyen en una reforma del sistema de financiación, a la cual no ponen fecha porqué o se hace con el máximo consenso, o es inviable, y la inestabilidad política actual augura que esto no podrá abordarse ni en el corto ni en el medio plazo», añadió.
