No han esperado ni los 100 días de cortesía. De hecho, varios de ellos empezaron al saltarse las directrices de su partido desde el mismo pleno de investidura. Cuatro concejales que obtuvieron su acta de representantes municipal el pasado 26 de mayo ya no pertenecen al grupo político por el que se presentaron a los comicios municipales. Adrián García y María José Vidal, números uno y dos de Ciudadanos por Teulada; Amparo Molla, número dos del PSOE en La Torre de les Maçanes; y Antonio Llinares, número dos del PP en esta misma población, se han ganado la etiqueta de ser los primeros «tránsfugas» de las corporaciones municipales 2019-2023. Por motivos distintos, ninguno de los cuatro responden a las siglas del partido que pegaron carteles electorales. En Teulada, los dos ex ediles de Cs están en el Gobierno, con competencias delegadas y reciben asignaciones por asistencias a plenos y comisiones, y los dos de La Torre, que supuestamente están en la oposición, ya votan juntos en los plenos e imponen su decisión frente a las propuestas del alcalde.
A mediados de agosto llegó al Ayuntamiento de Teulada la confirmación de la expulsión de los dos ediles de Ciudadanos que obtuvieron su acta el 26 de mayo. La dirección de la formación naranja comunicaba al consistorio que el expediente de expulsión abierto contra ambos políticos se había cerrado sin alegaciones y que, por tanto, su expulsión, con la consiguiente petición de sus actas de concejal, seguía su curso. Según explica el secretario de Acción Institucional de la provincia de Alicante de Cs, César Martínez, ambos ediles «no cumplieron la carta ética que ellos mismos firmaron y le dieron la Alcaldía a Compromís, desoyendo las normas del partido». En el pleno de investidura, Adrián García y María José Vidal sumaron sus dos votos a los tres ediles del PSPV-PSOE y a los cuatro de Compromís para que la líder de esta última formación, Rosa Vilase convirtiera en alcaldesa después de 36 años de gobiernos del Partido Popular.
Pacto «contra natura»
El pacto «contra natura» firmado por los representantes de Cs -no por su apoyo a los socialistas, con los que gobiernan en varios ayuntamientos, sino por su alianza con Compromís- conllevaba consecuencias pero, a simple vista, no para los ex ediles naranjas. Por ley, un concejal que pertenece al grupo de «no adscritos» -donde se integran los tránsfugas que abandonan su grupo por decisión propia o son expulsados de su formación política-, no puede cobrar salario pagado por el Ayuntamiento, aunque tengan competencias de gobierno. Sin embargo, Adrián Ruiz, edil de Comercio, Turismo y Deportes, y María José Vidal, responsable de Servicios Generales, Recursos Hídricos y Seguridad Ciudadana van a ingresar al mes más de 2.600 euros que es la cantidad que reciben por asistir a plenos y comisiones (128 euros) y, sobre todo, a las juntas de gobierno, donde ha aumentado la asignación hasta los 593 euros. Casi 600 euros por reunión a la semana, unos 200 euros más que en el anterior mandato.
En La Torre de les Maçanes, con siete concejales, el grupo de tránsfugas es tan numeroso como el resto de formaciones. El PSOE tiene dos concejales (el alcalde David Espí y su hijo Héctor Espí); el PP otros dos (el exalcalde Cristóbal Sala y Leandro Gisbert); Compromís uno (Matilde Torregrosa) y como no adscritos figura Amparo Molla (ex PSOE, con quien se presentó como independiente) y Antonio Llinares (ex PP). La primera no aceptó el pacto de gobierno con Compromís y en el pleno de investidura ya se votó a sí misma. A pesar de este mal comienzo, el alcalde le concedió a Molla la Concejalía de Urbanismo, que tampoco aceptó, por lo que Espí le retiró las competencias y la segunda tenencia de Alcaldía porque «yo no puedo confiar en una persona así», asegura el alcalde de La Torre.
En el último pleno, la oposición formada por el PP y los dos tránsfugas «aliados» decidieron los representantes del pueblo en las entidades supramunicipales. Por ahora, estos cuatro ediles se han hecho con la mayoría del pleno y en otoño, si la ley lo permite, hay opciones de que fructifique una moción de censura. Como mínimo, el futuro político de La Torre de les Maçanes es incierto.
Un arranque de mandato con renuncias y dimisiones
Políticos de varios partidos ya han dejado sus actas como ediles, dando paso a otros compañeros de formación
Por motivos distintos, varios candidatos que formaron parte de listas municipales y que resultaron elegidos en sus respectivos ayuntamientos, ya han renunciado a sus actas de representantes municipales, dado paso a otros compañeros de formación política. El primero que no recogió ni siquiera su credencial en la Junta Electoral fue el exalcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón, que junto con su compañero de Los Verdes-Compromiso Municipal de Torrevieja, José Hurtado, dieron «un paso al lado» para facilitar la renovación del partido. La victoria por mayoría absoluta del PP, con Eduardo Dolón a la cabeza, precipitó la marcha de José Manuel Dolón, alma mater de la izquierda local durante 52 años.
En Callosa de Segura, el portavoz de Ciudadanos, José Manuel Amorós, cabeza de lista en las elecciones municipales, renunció a su acta de concejal al estar en desacuerdo con el pacto alcanzado entre su formación y el PP, que le permitió al popular Manuel Martínez asumir la Alcaldía. Amorós explicó en su perfil de Facebook que había sido insultado por un edil del PP (que no nombró), motivo por el que deja de ser concejal. «Me prometí en campaña que no daría el gobierno a los partidos del tripartito de izquierdas (...) y he cumplido, y me comprometí conmigo mismo y con mi partido que no me sentaría al mismo nivel a compartir un equipo de gobierno con una persona que ha proferido insultos contra mi persona, que no se ha disculpado ni pública ni privadamente hasta que he registrado mi renuncia en el consistorio», afirmó Amorós.
Edil convertida en asesora
En San Vicente del Raspeig también se ha producido una renuncia de un concejal. La edil del PP Luisa Carretero dejó la pasada semana su acta para convertirse en asesora del grupo municipal. Como el PSOE sólo ha dado al PP un sueldo, que se lo ha quedado el portavoz Óscar Lillo, Carretero deja su puesto a la siguiente de la lista y ella pasa a cobrar asignación como personal eventual. Otra forma de tener nómina.
El Constitucional le abre la mano al «transfuguismo»
La ley «antitransfuguismo» obliga a que en una moción de censura, para lograr desbancar al alcalde, la mayoría absoluta debe sumarse sin los concejales no adscritos. Pero una sentencia del Tribunal Constitucional, de finales de 2017, ha abierto la puerta a posibles mociones de censura con ediles tránsfugas a los que no se puede «vulnerar su derecho fundamental a la participación política». Por eso, varios municipios ya están pendientes de la jurisprudencia.
