A pesar de que el calendario marca que estamos el pleno mes de agosto, con muchas administraciones casi «cerradas por vacaciones», ya son varias las mancomunidades comarcales que se están constituyendo, una vez renovadas las corporaciones locales de los municipios que las forman. Una puesta en marcha que nace condicionada por un futuro incierto sobre estos organismos, sujetos, por un lado, a una ley recurrida en el Tribunal Constitucional, y por otro, al volátil apoyo de las diferentes fuerzas políticas.
En la pasada legislatura, uno de los diferentes frentes abiertos entre la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana giró en torno a las mancomunidades, estos organismos de asociación de municipios, normalmente de población reducida, que se unen para atender unos fines comunes, economizar gastos y atender de forma directa a los vecinos afectados en asuntos tan dispares como atender personas en riesgo de exclusión como combatir las plagas de insectos. El «cara a cara» que protagonizaron César Sánchez, máximo responsable de la Diputación, y Ximo Puig, presidente de la Generalitat, hizo que el organismo provincial se levantase contra los decretos de Turismo y Deporte, contra el requisito lingüístico y contra la Ley de Mancomunidades, aprobada en septiembre de 2018 en las Cortes por los partidos del Botànic (PSOE, Compromís y Podemos) y recurrida por la Diputación de Alicante ante el Tribunal Constitucional.
La normativa promovida por el Consell pretende que municipios limítrofes puedan constituirse en mancomunidades de ámbito comarcal, gozando de la condición de entidades locales y teniendo a su cargo la prestación de servicios y la gestión de actividades de ámbito supramunicipal. La ley también establece nuevas fórmulas de coordinación de funciones municipales para la prestación conjunta de servicios, licitación de contratos y personal conjunto. Sin embargo, el PP calificó esta norma de «disparate» por «violentar al autonomía local» y llevar «enmascarada una Ley de Comarcalización para intentar avanzar en el proceso de catalanización».
Admitido a trámite
En febrero de este año, el Constitucional admitió a trámite el recurso de la Diputación, al igual que aceptó el recurso de inconstitucionalidad que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez planteaba contra una disposición adicional sobre los servicios de policías municipales, aunque el Ejecutivo no cuestionaba en ningún momento la creación de mancomunidades comarcales. Pero el fallo del alto tribunal se hará de esperar.
Por otro lado, el PP cuenta ahora con el apoyo férreo de Ciudadanos, el partido que venía a «suprimir las diputaciones» y «eliminar los chiringuitos». De las 25 mancomunidades que existen en la provincia, escasamente la mitad de ellas tiene actividad real, por lo que el concepto «chiringuito» bien se podría aplicar a algunos de estos organismos. Sin embargo, en su acuerdo de gobernabilidad para la Diputación de Alicante firmado con el PP, la formación naranja se muestra en contra de la «política de mancomunidades de la Generalitat» y la «duplicidad de funciones», y días después asume las competencias en el área de Asistencia a Municipios y monta una estructura paralela con 9 asesores.
