Ya lo avisó el conseller de Hacienda, Vicent Soler, en una entrevista a INFORMACIÓN el pasado mes de junio, a los pocos días de ser ratificado en el cargo: «Sin presupuestos generales del Estado, será duró y tendré que pedir a todos los consellers que se ajusten el cinturón». Tras una investidura fallida y serias dudas de que haya Gobierno antes de finalizar el año, el camino hacia los recortes está ya tomado y marcará el inicio del curso político en septiembre. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lo vino a admitir ayer en una entrevista a la cadena Ser en la que recordó cómo la falta de un Gobierno en España y unas cuentas públicas estatales está costando más de mil millones a la Comunidad Valenciana. «En las próximas semanas deberemos tomar algún tipo de decisión», aseguró.

El jefe del Consell no especificó el alcance del tijeretazo si bien insistió en que su voluntad es que no afecte al Estado de Bienestar. Fuentes de Presidencia matizaron después que la idea es no tocar ninguna partida de gasto que afecte a los servicios esenciales (sanidad, dependencia, educación, etc...), si bien habrá que revisar aquellos programas que están pendientes de ejecutar conselleria por conselleria y cerrar el grifo. De hecho, todo apunta a que el Consell ser verá abocado a aprobar un acuerdo de no disponibilidad de gasto, una medida que implica un recorte en los programas de gasto no comprometidos.

Las fuentes consultadas indicaron que se intentará alcanzar un acuerdo con las distintas conselleries, si bien admitieron que, tal como está el panorama de asfixia financiera y los consiguientes problemas de tesorería, no hay otro camino que sacar la tijera. De hecho, Hacienda lleva tiempo trabajando con las conselleries para analizar las opciones de ejecución. Hasta ahora, la conselleria no ha pedido la anulación de documentos que comprometen gasto, sino un «análisis» del gasto no comprometido. La línea roja, eso sí, serán los servicios esenciales, como están haciendo otras comunidades, entre ellas Cataluña, que solo dejará a salvo del recorte los salarios de los empleados públicos y los servicios básicos.

La Comunidad Valenciana arrastra desde hace años una situación complicada en sus finanzas como consecuencia de una infrafinanciación que lastra los ingresos e impide tener un nivel de gasto equiparable a la media española. El Consell de Puig contaba con un 2019 más desahogado si finalmente se aprobaba un proyecto presupuestario que entre unas cosas y otras podía llegar a significar una inyección de 1.500 millones de euros entre inversiones en infraestructuras, ingresos y asunción de deudas. Pero, además, la falta del documento económico está bloqueando la llegada de 5.000 millones en anticipos a cuenta a las comunidades autónomas como consecuencia de la actualización de una previsión de ingresos mejorada por el crecimiento económico. La mejora en la Comunidad supone 450 millones, un dinero con el que contaba el nuevo Botànic.

Aunque el Ministerio de Hacienda está buscando la vía de liberar estos recursos sin necesidad de la ley de presupuestos, de momento el dinero no ha llegado.

El presidente Ximo Puig tiene previsto verse en septiembre con la ministra en funciones, María Jesús Montero, para buscar alguna compensación. Con todo, Presidencia de la Generalitat da ya por imposible un nuevo Gobierno con margen de tiempo para aprobar el proyecto presupuestario de 2019. De hecho, en el Consell se empieza ya a pensar en las cuentas de 2020 con la aspiración de que incluyan las mejoras pactadas para la Comunidad Valenciana. Además, se confía en que, con un gobierno estable, se avance en el cambio del modelo de financiación autonómica.

Puig reprocha a Podemos que no apoyara a Sánchez

Considera que la posición de los morados «no es sensata» y asegura que no puede haber «dos gobiernos en uno»

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, reflexionó ayer durante la entrevista a la cadena Ser sobre la investidura fallida de Pedro Sánchez y las negociaciones entre Unidas Podemos y el PSOE. Preguntado por si comparte la posición de no iniciar contactos con la formación morada hasta finales de agosto o principios de septiembre, Puig cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho una propuesta política «absolutamente asumible por cualquier persona progresista de este país» y que los ejes que planteó durante la sesión de investidura «son seis ejes de futuro para este país», por lo que «intentar bloquearlo por una cuestión que solo tenga que ver con cuál es mi participación en un Gobierno, realmente no es sensato en estos momentos».

Para Puig, «los tiempos los tiene que manejar el presidente» y cree que «más vale que cuando se vaya a esa negociación, esté más madura la propia posición de los partidos». El jefe del Consell señaló que «todos lo debemos abordar desde la máxima responsabilidad, porque España quiere un Gobierno progresista, lo dijo en las elecciones y eso es lo que debemos conseguir», apuntó.

Puig no cerró la puerta a que aún pueda existir un Gobierno de coalición en España, es decir, formado por el PSOE y Unidas Podemos, si bien dejó claro que esta fórmula precisa de cohesión y unidad.

Así, preguntado sobre si cree ya no cabe negociar un Gobierno de coalición, Puig remarcó que «lo fundamental es que haya un Gobierno y que haya un Gobierno de acuerdo con lo que decidieron los ciudadanos». «En todo momento he dicho que creo que lo fundamental es que haya un Gobierno porque desde luego un Gobierno de coalición debe ser un Gobierno. Si de lo que se trata es de que haya dos gobiernos en uno, yo en eso nunca estaré de acuerdo», agregó.

Cabe apuntar que Puig preside un Consell en el que finamente convivirán hasta cuatro partidos: el PSPV, Compromís, Podemos y Esquerra Unida. La pasada legislatura el Botànic se cerró con un acuerdo entre socialistas y Compromís, mientras Podemos quedó como socio externo. Desde Podemos y Compromís se ha puesto estos días en valor el acuerdo tripartito alcanzado en la Comunidad Valenciana. Consideran que es un espejo donde mirarse de cara a las negociaciones del PSOE para lograr revalidar a Pedro Sánchez en la Moncloa.