«Llevamos desde 1998 igual», «cada cuatro años estamos con la misma historia de siempre», «sabemos que tiene que llegar ese momento» pero «el cambio no va a ser tan rápido». Y, sobre todo, «no va a ser sin contar con nosotros». A los trabajadores de la Diputación de Alicante no les ha sorprendido que la institución provincial haya dado una nueva vuelta de tuerca a la larga negociación con la Generalitat para que esta última asuma las «competencias impropias» que gestiona la Diputación desde hace años, es decir, el Hogar Provincial y el centro de salud mental Doctor Esquerdo. Los sindicatos no dudan, ni se oponen, a que ese trasvase deba llegar, aunque no les ha gustado como se han dado los primeros pasos de este nuevo impulso manifestado por ambas partes, traducido en la reunión que mantuvieron el lunes pasado el presidente de la Diputación, Carlos Mazón y la consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.
De momento, para que no crezca la incertidumbre, la Junta de Personal envió ayer un escrito para «tranquilizar a los compañeros», según explicó Mario Rico, el presidente de este órgano de representación sindical. Rico, perteneciente a UGT y que lleva trabajado en la Diputación 41 años, habló ayer martes con el diputado del Hogar Provincial, Juan Francisco Pérez, horas después de que se celebrara la reunión entre Mazón y Oltra. A falta de una presentación oficial de los nuevos gestores de la Diputación a la Junta de Personal, Pérez trasladó a Rico la voluntad del gobierno de la institución provincial de que «esta vez se va a plantear el traspaso con más seriedad», indicó.
En todo caso, Mario Rico, hizo dos consideraciones en este proceso. Por un lado, «somos los sindicatos los que debemos negociar con la Conselleria todos esos cambios». Y por otro lado, el presidente de la Junta de Personal advirtió de uno de los principales problemas que se encontrará todo este proceso, como es «el exceso de falta de consolidación de empleo». Rico indicó que, hoy en día, «hay personas trabajando más de 20 años sin plaza en Diputación», empleados que están en precario a la hora de garantizar su futuro laboral dependiendo de otra «empresa» como es la Generalitat Valenciana.
Falta de comunicación
Del mismo modo, el delegado sindical en la Diputación del CSI-F, Tomás Salinas, fue mucho más pesimista sobre como se está desarrollando este proceso. Primero, «por la falta de comunicación con el área de Recursos Humanos», después «porque nos han dado el menú hecho», y sobre todo porque «en esa mesa de trabajo tenemos que estar todos los empleados de la Diputación». Y en este sentido, Salinas recordó la variedad de trabajadores que hay en la institución, incluidos el Hogar Provincial y el Psiquiátrico. Cuando ambas partes se sienten a negociar, el traspaso del personal afectará a funcionarios, indefinidos y laborales indefinidos, una categoría de trabajadores temporales que afecta en la Diputación a unas 280 personas, empleados que, de salida, no disponen del reconocimiento de su carrera profesional como ocurre con los trabajadores de Sanidad, área a la que pertenece el centro Doctor Esquerdo, sin ir más lejos.
Ante este panorama, Tomás Salinas fue muy crítico al afirmar que «es deleznable que hayan iniciado las conversaciones sin contar con nosotros, con la parte social». Al dar a conocer la postura, Carlos Mazón transmitió un mensaje de «absoluta tranquilidad a los trabajadores», al tiempo que aseveraba que este proceso de transferencias laborales tendrá «mucha letra pequeña», añadió.
La oposición exige «hechos concretos» y «no solo fotos»
El acuerdo del traspaso de competencias sociosanitarias contó ayer con el apoyo del PSOE y Compromís, aunque ambos reclamaron «más hechos que fotos». El portavoz del grupo socialista, Toni Francés consideró que «cada administración debe gestionar lo suyo» para «evitar duplicidades». Pero una vez comenzado el proceso, Francés pide un calendario de reuniones para que haya «una voluntad firme y no quede en agua de borrajas». Para Gerard Fullana (Compromís), «la postura de conflicto del PP los últimos 4 años en la Diputación ha afectado negativamente a las infraestructuras sociales. Mientras en Valencia y Castellón ya se están construyendo centros, en Alicante estaba todo paralizado. Veo en el buen camino la rectificación del PP, pero es necesario que esto se confirme con hechos».
