07 de agosto de 2019
07.08.2019

La Comunidad sigue como la peor financiada y pierde mil millones de euros más

El Gobierno actualiza los datos de la liquidación del modelo de financiación que cumple cinco años caducado

06.08.2019 | 21:23

El Consell insiste en que existe una discriminación.

Ninguna sorpresa. La liquidación del modelo de financiación que a finales de julio realiza cada año el Ministerio de Hacienda y que supone el dato más actualizado sobre las cantidades que las autonomías aportan y reciben al conjunto del Estado deja a la Comunidad Valenciana de nuevo en última posición como la autonomía peor financiada de España.

Nada nuevo cuando acaban de cumplirse cinco años desde que caducó el modelo de financiación vigente, firmado en 2009, en tiempos de Rodríguez Zapatero, y que contenía una cláusula que obligaba a su actualización cinco años después (2014), algo que no se ha producido. Una anomalía en el funcionamiento del Estado autonómico que tiene a la Comunidad Valenciana como la gran damnificada en el reparto de recursos.

De los datos del Ministerio de Hacienda, que también ha difundido la Conselleria catalana de Hacienda ajustados por comunidades autónomas, se deduce que la financiación media de las comunidades autónomas fue de 2.495 euros por habitante, pero la que reciben los valencianos es de 2.309 euros, 186 menos que la media española. La distancia respecto a la autonomía mejor financiada (Cantabria) es de 834 euros. En el listado no figuran las autonomías de régimen foral (País Vasco y Navarra) que funcionan con un sistema propio de relación tributaria con el Estado.

Si la cifra de 186 euros que separa a la Comunidad Valenciana de la media se multiplica por cinco millones de habitantes que son los que residen en la Comunidad Valenciana supone un agujero de mil millones de euros para las arcas valencianas. Con todo, no son los datos del Consell, que realiza sus propios ajustes y usa la cifra de población valenciana de derecho (cinco millones) y no la población ajustada que utilizan otros medidores. Así, la cifra se eleva a 1.300 millones.



Partida reivindicativa anual


La Conselleria de Hacienda valenciana está estudiando los datos y fuentes del Consell señalaron que se confirma la discriminación que supone para los valencianos figurar cada año por debajo de la media española en financiación. Con todo, lo que deja el nuevo estudio más allá de las cifras concretas es que el trazo grueso de la infrafinanciación no varía año tras año y que independiente del organismo que analice los datos, la Comunidad Valenciana siempre figura en el furgón del cola. Incluso sostienen que la situación es peor de la que señala la tabla ya que en ella no se tendrían en cuenta ingresos que recibe Canarias por su condición de insularidad, lo que haría subir la media y por tanto la distancia de la Comunidad Valenciana sobre el conjunto del Estado. Las mismas fuentes aseguran que la distancia valenciana respecto a la media rondará los 200 euros por habitante. 1.300 millones es la cantidad que el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, incluye en los presupuestos de la Generalitat cada año como partida reivindicativa, un dinero que la oposición considera cada año «ficticio» y que igual que aparece en las cuentas cuando se aprueban desaparece cuando llega el momento de elaborar el plan de ajuste que también cada año se remite al Gobierno.

Propuesta en ocho meses


El dato que confirma (por si quedaba alguna duda) la infrafinanciación valenciana se conoce justo después de la visita el lunes a València del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reunirse con los líderes de Compromís en su búsqueda de apoyos a la investidura, que posiblemente se celebraría en septiembre y que en caso de no producirse o fracasar de nuevo llevaría a otras elecciones el 10 de noviembre.

Precisamente uno de los compromisos adquiridos con la coalición valenciana es que en un plazo máximo de ocho meses el Gobierno presentará una propuesta a las comunidades autónomas sobre reforma del modelo de financiación, que acaba de cumplir cinco años caducado.

Otra de las exigencias de Compromís que acepta el Gobierno es la de aligerar la deuda de la Comunidad Valenciana, que asciende a 45.000 millones, pero de los que prácticamente la mitad están causados por una financiación históricamente por debajo de la media española, como ha vuelto a ocurrir ahora de nuevo.

También está previsto que aumente la aportación del Estado al sistema de dependencia, de forma que en cuatro años cumpla el 50 % que le corresponde, ya que actualmente es la Generalitat la que aporta el 88 % de los fondos.

El propio Gobierno admitió el lunes por boca del ministro de Fomento, el valenciano José Luis Ábalos la insuficiencia financiera de la Comunidad Valenciana por lo que el Gobierno quiere acometer la reforma de la financiación en el primer año de legislatura.

El Consell ingresa 610 millones tras la liquidación


A la Comunidad Valenciana le corresponden 1.213 millones pero ya había recibido 603 con las entregas a cuenta

La liquidación del modelo de financiación autonómico tiene una consecuencia en términos de inyección económica para las maltrechas arcas de la Generalitat.

El dato final es que a la Comunidad Valenciana le corresponden de esa liquidación del ejercicio de 2017 un total de 1.213 millones, que ya figuraban en los presupuestos de la Generalitat para 2019. Como el gobierno valenciano ya ha ido recibiendo en entregas a cuenta durante los últimos meses aproximadamente la mitad de esa cantidad, 603 millones,, ahora le quedan por recibir en concreto 610 millones.

Fuentes de la Generalitat confirmaron ayer que esa cantidad ya ha sido recibida, lo que supone una inyección de tesorería que da cierto respiro, aunque Hacienda prevé un invierno complicado y ya se ha decidido a aplicar «cirugía fina» a la partida de gastos, que no excederán ya de lo que está comprometido hasta final de año.

Mientras, una de las exigencias de Compromís que también se trató en la reunión del pasado lunes entre los líderes de Compromís, Mónica Oltra y Joan Baldoví y los dirigentes socialistas Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Ximo Puig es el de la obtención de más recursos adicionales a través de la compensación del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) del gasto sanitario por los desplazados y también por el reparto entre las comunidades autónomas del 50% de la subida del IVA que el Estado se reservó y que también aparecerían en el documento.

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