Un reparto de asesores en consonancia con la «representatividad concedida por los ciudadanos». Esta es la propuesta del Partido Socialista que ayer presentó una enmienda en la Diputación de Alicante para aumentar la cifra del personal eventual de los 3 concedidos inicialmente a 8, con el objetivo de «trasladar las peticiones de los vecinos» de los 57 ayuntamientos gobernados por el PSOE. Pero del deseo a la realidad hay un pacto de gobierno entre el PP y Ciudadanos que en el pleno que se celebrará esta mañana tumbarán la propuesta del PSOE.
La intención del grupo socialista, según señaló ayer su portavoz, Toni Francés, es «asignar a todos los partidos unos recursos razonables que atienda a un criterio de representatividad» y que permita a cada grupo, ya sea del gobierno o de la oposición, «tener un número mínimo de asesores, dejando al margen el apoyo que deben tener los diputados con delegaciones de gobierno». Para alcanzar la cifra «adecuada», los socialistas «quitan» cinco asesores a Cs, cuatro de ellos personal de apoyo adscrito a las oficinas comarcales y uno que se resta al propio grupo político (dotado en un principio con tres asesores para dos diputados, los mismos que tiene el PSOE para sus 14 diputados). Además, Toni Francés explicó que quieren recortar en 10.000 euros al año la «excesiva» retribución con la que se paga el puesto de coordinador de grupo político, que de 54.622 euros pasaría a 44.154 euros.
«Muy generosos»
Sin embargo, el PP y Cs no van a tener en cuenta esta enmienda de los socialistas, que esta mañana se discutirá en el pleno extraordinario convocado en la Diputación Provincial. Los motivos para rechazar la propuesta, según el portavoz del PP, Adrián Ballester, son que no se pueden eliminar los asesores de apoyo concedidos a Cs para atender las oficinas comarcales cuando esa es una competencia asignada a la formación naranja. Y en segundo lugar, según Ballester, «hemos sido muy generosos con el PSOE», ya que «todos sus diputados, que no van a cobrar de sus ayuntamientos, van a tener asignación total o parcial, y si alguien no tiene es porque no quiere», recalcó el portavoz popular, quien recordó ayer el caso de la ilicitana Patricia Maciá, que ha renunciado a cobrar sueldo de la Diputación (donde cobrará 350 euros por asistencias a plenos y 250 euros a comisiones informativas) y se quedará con la retribución del Ayuntamiento de Elche.
Para Adrián Ballester, «por todo lo que hemos ofrecido al PSOE, con más sueldos y mejor reparto de asesores, llamarnos antidemocráticos es inadmisible», añadió.
