Los objetivos de déficit para la Comunitat Valenciana (y el resto de autonomías) bajan cada año, mientras que el sistema de financiación no mejora, tragedia a la que hay que unir la inestabilidad política en Madrid, que impide que un gobierno en funciones realice las entregas a cuenta del modelo y bloquea los logros obtenidos en los presupuestos del Estado de 2019, que quedaron abortados (los que rigen son los de 2018, heredados del ministro del PP Cristóbal Montoro).
La consecuencia es que la distancia entre el objetivo de déficit marcado por el Ministerio de Hacienda (también en la etapa de Montoro) y el gasto realizado por el Consell para hacer frente a los servicios públicos fundamentales se ensancha a partir de 2018. Dicho de otra manera, la brecha entre el horizonte idílico impuesto por el Gobierno y la realidad es más grande. Ello supone que, tras años de reducción del auxilio económico del Estado a la Generalitat vía Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), este volverá a crecer. En concreto, la inyección para cubrir el déficit real deberá triplicarse.
El llamado ExtraFLA es la aportación del Ministerio de Hacienda para cubrir el déficit extraordinario, el que escapa al regulado. En 2015 superó los 3,7 millones, ya que el año anterior el objetivo era del 1% y se situó en el 2,6% del PIB. A partir de ese ejercicio, el del cambio político en la Generalitat, estos créditos del Estado para cubrir el tramo extraordinario de déficit han ido decreciendo.
Así, en 2018 sumaron 356,7 millones, la cifra más baja, ya que el objetivo marcado para el año anterior era del 0,6% y el Consell se quedó en el 0,82%. Esa tendencia, sin embargo, se rompe este año: los datos oficiales que maneja el Consell indican que el extraFLA deberá rondar los mil millones (984), el triple que el año anterior. Es el resultado de un objetivo de déficit del 0,4% en el ejercicio anterior y una realidad del 1,3%.
Aumento del gasto público
Este hecho tiene que ver también con que el Consell ha ido aumentando el gasto para acercarse a la media en servicios públicos fundamentales. Fuentes del Gobierno que preside Ximo Puig admiten que ya se roza esa media en sanidad y educación y existe margen en servicios sociales.
La situación se presenta más complicada cuando se tengan que cerrar las cuentas de 2019, ya que el techo de déficit se reduce para este año al 0,1% y en mayo se situaba en el 0,58% del PIB. Además, el ejecutivo autonómico no puede contar por ahora con 450 millones de entregas a cuenta al no existir gobierno constituido en Madrid, ni con los 281 millones de la mensualidad de IVA adeudada por Montoro, ni con la mejora de la financiación de la dependencia (casi 500 millones) prevista en los presupuestos rechazados en el Congreso, ni con los 344 de Sanidad por la atención a pacientes desplazados.
Señal de «rigor» a Madrid
Este «invierno» financiero a la vista ha llevado a Hacienda a ordenar «una contención del crecimiento del gasto». En todo caso, se da por hecho que este aumentará con respecto al ejercicio anterior.
La «cirugía fina» se pretende aplicar sobre partidas sin comprometer a estas alturas de año, dejando al margen los servicios públicos básicos. El subsecretario de Hacienda y la directora general de Presupuestos ya han empezado a hablar con las conselleries con ese enfoque. El ejecutivo quiere enviar «una señal de rigor» a Madrid en un escenario estatal complicado.
Por otra parte, los datos del FLA revelan asimismo que más del 80% del auxilio del Estado, que este año será de casi 6.900 millones, irá destinado a pagar deuda, la parte más importante de la cual corresponde precisamente al FLA, los préstamos públicos para que las comunidades peor financiadas puedan hacer frente a los servicios fundamentales. Estos créditos, instaurados en 2012, suman casi 40.000 millones de euros desde 2014. Es aquello de la pescadilla que se muerde la cola: auxilio para pagar los préstamos dados por el mismo Estado.
El Botànic reclama a Moncloa los 344 millones por los desplazados
El «president» se revuelve contra el plan de ajuste sanitario requerido por el Ejecutivo central
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha tardado apenas 24 horas en responder públicamente a la carta que el Gobierno de Pedro Sánchez ha remitido a once autonomías, entre ellas la valenciana, para exigirles un plan de ajuste en el gasto sanitario y farmacéutico. El jefe del Consell jugó la baza de los 344 millones de euros que el Estado debe a la Comunitat Valenciana por la atención sanitaria prestada a desplazados de otras comunidades autónomas.
Puig destacó ayer en Castellón tras ser preguntado sobre los recortes demandados por el Gobierno que el valenciano es un ejecutivo «responsable» que sabe que la «eficiencia es fundamental para el Estado del bienestar» y reafirmó su compromiso con ese objetivo. Sin embargo, lanzó un dardo a Madrid al defender la necesidad de «decir con claridad al Gobierno que esta responsabilidad y lealtad es de ida y vuelta y si está bien que nos pidan que tomemos las decisiones oportunas para que no se dispare el gasto, también tenemos que recibir aquellos recursos que nos corresponden».
El líder del Consell se refirió así al caso sanitario, donde «hay más de 300 millones de deuda del Ministerio de Sanidad por los desplazados». Concretamente son 344 los millones que el Estado debe a la Comunitat en este apartado.
«Nos tenemos que responsabilizar de que no se dispare el gasto», agregó antes de matizar que el Gobierno central «tiene que pagar aquello que le corresponde, es decir, la atención a los desplazados que llevamos unos cuantos años que no se satisface y eso implica problemas de tesorería importantes».
La Comunidad es una de las once autonomías a las que Hacienda y Sanidad han pedido ese plan de ajuste al doblar (4,8%) el límite de endeudamiento establecido en el 2,4%.
