El juicio contra el exconseller del PP Rafael Blasco y otras 23 personas por el supuesto desvío de cerca de cinco millones de euros de fondos destinados a proyectos de cooperación internacional quedó ayer visto para sentencia en la Audiencia Provincial de València. En el último turno de palabra para los acusados, Blasco afirmó que nunca ha formado parte de una trama delictiva de «ninguna clase», negó haber recibido dádivas por los contratos y haber participado en irregularidades administrativas en los expedientes de Cooperación y se declaró insolvente, según informaron fuentes cercanas al caso.

El exconseller con los socialistas y después con el PP ya fue condenado en 2014 junto a otros ex altos cargos del Consell y demás integrantes de la trama corrupta a seis años y medio por delitos de malversación y falsedad documental en la primera pieza del caso Cooperación, ingresó en prisión en junio de 2015 y obtuvo el tercer grado penitenciario el pasado mes de enero. En el proceso que quedó ayer visto para sentencia, tras una vista oral de tres meses, se enjuciaron las piezas dos y tres del caso Cooperación, por el desvío de cerca de 5 millones inicialmente destinados a 11 proyectos en países empobrecidos, entre ellos la construcción de un hospital en Haití tras el terremoto de 2010.

Este segundo procedimiento judicial estuvo marcado en su inicio por los acuerdos de conformidad alcanzados por las acusaciones con 17 de los 24 procesados, entre ellos el exconseller Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni, además de Marc Llinares, Arturo Tauroni y Alina Lisenko. En el caso de Blasco y el empresario Augusto César Tauroni, la Fiscalía redujo la petición inicial de penas de cárcel de 16 y 22 años de cárcel a tres años y medio. Blasco reconocía en el acuerdo haber cometido los delitos de malversación de caudales, prevaricación y falsedad en la trama de altos cargos de la Administración y empresarios que supuestamente desvió cinco millones de euros públicos destinados a proyectos solidarios, y aportó además dos bienes inmuebles tasados en unos 800.000 euros con los que resarcir su responsabilidad civil.