La batalla por la fiscalización del dinero de los grupos parlamentarios de las Cortes se remonta a inicios de la legislatura pasada. El presidente de la Cámara, Enric Morera, ha obtenido pocos resultados en este empeño. Pero no parece que vaya a desistir. Fue uno de los retos que subrayó en su reciente discurso de investidura para un segundo mandato. Tiene el acicate de la Sindicatura de Comptes, que cada ejercicio propina un mandoble a la institución por el descontrol en este gasto, que no es una cifra menor. En 2017, último año analizado, los cinco grupos se repartieron casi 3,5 millones de euros.

El último informe del órgano fiscalizador, difundido el pasado jueves, no cambia el tono. Vuelve a cargar contra la falta de control de las cuentas de los grupos políticos. A ese argumento se va a aferrar Morera en su último intento (por ahora) para intentar poner orden y luz en unos gastos sobre los que la Sindicatura considera que continúa existiendo demasiada opacidad sin que haya conseguido revertir la situación. La intención del presidente de las Cortes, aseguran fuentes de la Cámara, es pedir a los grupos que entreguen a los técnicos de la institución las facturas y los tiques justificativos de los gastos de cara a la fiscalización del ejercicio de 2018 por parte del Síndic.

Los funcionarios parlamentarios, explican, no se ocuparán de fiscalizar el gasto de los grupos, sino que simplemente verificarán que las justificaciones entregadas son válidas formalmente. Todo el material lo entregarán al equipo de la Sindicatura para que sea este el que lo analice y se pronuncie, si lo considera, sobre el uso que hacen los distintos partidos de las subvenciones que reciben. En el pasado han surgido sospechas sobre si alguna formación destinaba parte de estos recursos a sobresueldos de algunos diputados o a pagar abogados para la defensa de algunos casos judiciales que les afectaban. Los partidos recibieron 126.000 euros fijos para cada uno más 29.196 euros por diputado, según las cuentas de 2017. Ello provoca que el PP sea el grupo con una partida mayor (1.031.076 euros) en el ejercicio citado. Más del doble que Podemos (476.432 euros) y que el grupo de Ciudadanos (451.937). La Sindicatura ha incidido en que los partidos presentan cuadros de cuentas sin auditar y tampoco adjuntan las facturas ni documentación acreditativa de los gastos. Las alegaciones que las Cortes Valencianas realizaron a esta valoración es que está «trabajando en ello».

La comisión de gobierno interior del parlamento valenciano (cuyas reuniones no son públicas) no se ha reunido en julio, por lo que no se han podido adoptar medidas sobre el control de las subvenciones a los grupos. La idea era abordar el asunto en septiembre. No obstante, tras el informe del Síndic, Morera tiene previsto llevar a la Mesa de las Cortes la próxima semana la petición para que los partidos entreguen la justificación de las cuentas que vaya requiriendo el equipo auditor de la Sindicatura para elaborar el informe correspondiente a 2018.