La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat coincidieron ayer en señalar al exconseller Rafael Blasco y el grupo de fieles que lo acompañó las siete veces que fue conseller como una «verdadera organización o grupo criminal», en palabras de la letrada del Consell. «La banda de los amigos de Blasco: Tauroni y su organización que ya hicieron lo mismo en las conselleries de Territorio y Bienestar Social», apuntó el Fiscal Anticorrupción. Y que en el caso de la Conselleria de Solidaridad orquestaron a través de la Fundación Solidaria Entrepueblos/Hemisferio, «que se parece a una ONG como el jamón al choped, un montaje para montar un negocio con el auxilio de las autoridades prevaliéndose de la amistad para obtener subvenciones a proyectos que de cooperación no tienen más que el nombre», aseguró el fiscal. En la trigésima sesión del juicio del caso Blasco, ya en la recta final, las acusaciones explicaron durante toda la mañana de ayer sus conclusiones definitivas. Durante las vistas de hoy y mañana continuarán con su alegato final el letrado de la Coordinadora valenciana de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (Cvongd) y los veintitrés abogados de las defensas.

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Generalitat coincidieron en la calificación de los hechos pero no en las penas que solicitan para los veintitrés acusados en este segundo juicio por el desvío de las ayudas a la cooperación. La Fiscalía Anticorrupción mantiene las penas solicitadas tras alcanzar una conformidad con diecisiete de los veinticuatro acusados (aunque sólo se juzga a 23 personas porque Adolfo Soler Sempere está huido de la justicia en Bolivia). Un acuerdo que ha supuesto que la Fiscalía pase de solicitar dieciséis años de cárcel para Rafael Blasco a tres años y seis meses o, en el caso de Tauroni, de 21 años de prisión a tres años y seis meses. Una «rebaja de pena clamorosamente beneficiosa para los acusados», en palabras del fiscal anticorrupción, basada en la aplicación a todos ellos de dos atenuantes: la confesión de los hechos y la «reparación parcial» del daño. Y una reducción de las penas basada en una cuestión técnica: Las instrucciones que se investigan y juzgan en piezas separadas tienen un límite legal para las penas de cárcel que se pueden imponer y cumplir. Un límite que se calcula según cada caso, multiplicando por tres la pena más grave por la que se condena a una persona en la primera pieza que se juzga. Por ejemplo, el delito más grave por el que se condenó a Blasco en la pieza 1 fue el de tres años por malversación, por lo que su límite estaría en nueve años. Si ya fue condenado a seis años de cárcel en la pieza 1, la nueva condena no puede ir mucho más allá de los tres años.

La Generalitat, sin embargo, rechaza el pacto de conformidad alcanzado con los diez principales acusados y pidió expresamente al tribunal que no les aplique las atenuantes de confesión y reparación del daño. «No han aportado nada a la causa. Han confesado porque no les quedaba más remedio», defendió la letrada del Consell y directora general de la Abogacía, María José Rodríguez Blasco. También rechazó que las entregas de propiedades de los principales cabecillas hayan servido para algo. «No puedo aceptar el bajo [ofrecido por Blasco] sin más, los pisos de Miami de Tauroni o la casa de Dénia de Marc Llinares porque ya están embargados para hacer frente a la responsabilidad civil de la primera pieza». En este segundo juicio, la Generalitat solicita a los acusados el reintegro de 5.035.942,45 €. Unos 3,2 millones por el dinero desviado a proyectos de la trama y el resto en concepto de daños morales.