El primer Consell tripartito ha cumplido su primer mes. Sin la estructura de altos cargos cerrada y tras un pleno de investidura de alta tensión con la derecha, el Consell ha visto emerger las primeras polémicas, en torno casi siempre a asuntos que no son nuevos. El vicepresidente segundo Rubén Martínez Dalmau (Unides Podem) y los consellers Mireia Mollà (Compromís) y Vicent Soler (PSPV) muestran que, en efecto, existen matices diferentes, pero no hay polifonía. El gobierno es de «conciencia única». El Botànic, en símil de Dalmau, es «un árbol de tronco común» con ramas y hojas que pueden ser diferentes. «Yo lo protegeré de la Xylellla», bromea la titular de Agricultura y Emergencia Climática.
Lentitud en la puesta en marcha es una de las críticas que la oposición ha lanzado sobre la segunda edición del Consell de izquierdas. «El gobierno tiene una línea clara y definida. Un mes para consolidar la estructura del gobierno que dará forma a estas políticas es una cosa lógica», alega Mollà, que añade que las sinergias de ayuntamientos y diputaciones, que no han estado formados hasta ahora, es importante también en la dinámica de construcción de iniciativas.
El conseller de Hacienda tiene punto de comparación tras cuatro años en el ejecutivo. «La ambición está en el acuerdo, que es muy amplio y no parte de cero. Y que no hay que confundir con el corto plazo -precisa-, hemos aprendido de la experiencia que hay que realizar propuestas factibles».
Martínez Dalmau representa al elemento nuevo en el Gobierno autonómico y defiende que los efectos de esta novedad solo han sido positivos: «La entrada de un nuevo actor no ha sido u n problema, sino que ha dado un nuevo impulso. No hemos dado tregua al tiempo. Nos iremos a agosto con los equipos creados y los deberes hechos».
Financiación autonómica
Financiación autonómicaLa reivindicación de una nueva financiación autonómica (la actual perjudica claramente a la Comunidad Valenciana) ha sido el eje medular de la agenda del Consell desde 2015. Entonces gobernaba Mariano Rajoy (PP) en Madrid. Hoy lo hace Pedro Sánchez (PSOE) en funciones. ¿Hay posturas más y menos beligerantes en el seno del ejecutivo valenciano?
«Estamos como una piña. Ninguno de los tres grupos bajará ni un gramo en una reivindicación que es fundamental: sin recursos no se pueden hacer determinadas políticas en educación, dependencia o sanidad», sentencia Vicent Soler. Y Mireia Mollà remacha la idea: «Somos en esto un único gobierno, una única voz y una única conciencia. Es determinante para cada uno de los protagonistas de este Consell».
«El Gobierno que entra [en Madrid] ha de ser el que incorpore la reforma de la financiación», asevera el vicepresidente segundo.
¿Y si no es así? «Tendremos un problema», agrega. Soler lo confirma: «Por supuesto. El Gobierno tendrá un problema con los valencianos si no lo hace». «Cuatro años más sin resultados no los va a aguantar nadie», incide Dalmau.
Se trata de un asunto de «discriminación» y hay poco hueco para los matices. Sí para que cada partido actúe como considere (Joan Baldoví ha puesto la financiación autonómica estos días como clave para dar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez), pero «sin desviar el tiro», afirma Mollà. El objetivo no se mueve.
Soler incide en que no solo es un cambio de modelo, sino que el Estado debe empezar a renovar sus cimientos: «Tiene una asignatura pendiente, de reparto vertical de fondos. Las competencias más costosas las tienen las autonomías y no ha habido un debate sobre cómo repartir los fondos entre el Estado y las comunidades, que no tienen recursos suficientes para sanidad, educación y servicios sociales».
La cara B de esta situación es una deuda valenciana de 47.084 millones de euros. «Es la consecuencia después de tres décadas de infrafinanciación. Hay que solucionarlo para tener recursos similares en todos los sitios».
Dalmau subraya que la reivindicación ya no de partidos o del gobierno, «toda la sociedad valenciana está concienciada». Cita la manifestación del 18 de noviembre de 2017, con los empresarios al cabeza, aunque «no forme parte de su naturaleza». Incluso da por hecho que el asunto ha trascendido a Madrid. «Se habló en la campaña estatal», dice. «En la valencianización de la campaña estatal discrepo», le corta Mollà. «Pero el tema salió», insiste Martínez Dalmau. «Hoy en día, la mayoría de gente de otros territorios ve que hay un problema».
Mollà destaca el trabajo en la anterior legislatura a pesar de la insuficiencia de fondos. «Se ha hecho una buena planificación y gestión. Ha habido un bloque que ha sabido dirigir los recursos, pero no se pueden hacer más milagros». «Y la corrupción, que es muy cara», interviene Soler. «Nadie nos puede bajar la cabeza, el gobierno ha estado a la altura con una eficiente y justa gestión de recursos».
La oposición «destructiva»
La oposición «destructiva»Los primero pasos del nuevo Consell también han dejado claro que se va a encontrar con una oposición en pie de guerra, donde el elemento de la extrema derecha es la novedad. Soler manifiesta «tristeza enorme» como valenciano ante una oposición «destructiva, luchando entre ella para ver quién dice la más gorda».
A la consellera de Agricultura no le sorprende la radicalidad de Bonig ni el papel de Cantó. Lo que lamenta es el cambio en Cs, que apoyó muchas iniciativas en el mandato anterior: «Su papel es determinante para una dinámica constructiva».
«De Vox no espero un discurso diferente. Es el ABC de la extrema derecha, que no habla de economía, infraestructuras o medio ambiente, solo de sus lemas», agrega. Protagonizarán su «sainete, pero políticamente serán cero productivos». A Martínez Dalmau le gusta el modelo inglés del gobierno en la sombra, por lo que implica de sentido crítico con capacidad de mejora hacia los gobernantes. «Los valencianos no pagan a sus políticos para ofender y crispar sistemáticamente». En todo caso, no ve a Cantó haciendo oposición constructiva. O a Bonig. «Ojalá. mejoraríamos».
Tratado Mercosur
Tratado MercosurLos últimos tratados comerciales negociados por la UE han sido un foco de dificultades en la Comunidad. Pasó con el de Sudáfrica y ahora con el del Mercosur. En ambos casos, la agricultura, como hermana pobre de los acuerdos, está por medio. En el caso de la relación con los países del Cono Sur de Hispanoamérica, la industria valenciana aplaude el pacto; para el campo, es un desastre. A la consellera de Agricultura le toca la voz cantante en este asunto. Es directa: «Estoy más cómoda con la postura de Francia, que dice que cuando se defina la letra pequeña se posicionará a favor o en contra». Soler corrobora esa posición. Y Mollà sigue: «La campaña citrícola ha sido desastrosa y el acuerdo de Sudáfrica la ha condicionado. Llueve sobre mojado».
Claro que también hay déficits estructurales, «pero el sector lo sabe y está dispuesto a recorrer un camino que hace años no lo estaba. Quiere hacer sus deberes, pero reivindica lo lógico: que el acuerdo nos perjudica en las condiciones actuales, se decanta por un sector y no por otro. Hoy puede poner en peligro nuestra agricultura y ganadería», precisa. «Me gustaría un gobierno capaz como el francés de decir que si no garantiza a mi sector agrícola no lo apoyaremos».
Soler defiende que eso «es lo que están haciendo los Estados: ver cada cosa cómo queda». «La agricultura mediterránea siempre ha sido ignorada por Bruselas. Es hora de hacer lobby, sentencia. En tono más reflexivo, destaca que los valencianos son «librecambistas desde el principio de la economía moderna», pero «hay que afinar para defender el máximo de intereses», aunque «todo no podrá ser».
Dalmau se declara «muy de acuerdo con la postura moderada que plantean» Mollà y Soler, y cambia el foco para ponerlo en el otro lado del Atlántico: «Tengamos en cuenta que hablamos también del desarrollo latinoamericano. Pensemos lo que significa integrarse en un marco europeo de calidad para aquellos productores». «Hasta que lleguen al puerto de Rotterdam, donde los controles están en manos de una empresa privada», salta Mollà. «Pues mejoremos eso», replica el vicepresidente. Soler intercede: «Es un tema importante. Hay que homogeneizar los controles de fronteras. No puede haber agujeros de entrada».
Tras insistir en la posición contraria al proteccionismo («Trump nos entrampa»), entrega una postura de consenso entre los tres: un acuerdo que reduzca los aspectos negativos, que alguno habrá, al tiempo que luchar por acabar con los controles asimétricos en las fronteras de entrada, «impresentables en Europa». «En el acuerdo de Sudáfrica llegamos muy tarde», añade. Y Mollà zanja que «en este también llegamos tarde. Llevamos 20 años de negociación. Si hubiera habido interés no estaríamos hablando de este asunto ahora».
Los pactos en la izquierda
Los pactos en la izquierdaLa Rioja se ha llevado, rara vez, los titulares esta semana. El agrio desencuentro entre socialistas y Podemos lo ha propiciado. El caso valenciano es diferente, porque «las cosas se han hecho con seny. Con la razonabilidad encima de la mesa», asegura el líder valenciano de Unides Podem.
La conversación demuestra que se han olvidado los momentos de fuerte tensión (incluido algún grito y exabrupto) previos al pacto valenciano, porque Dalmau no los cita ni de lejos. En otros lugares, explica, observa «más prejuicios». «En el caso valenciano hay aire de concordia y entendimiento. Es la forma de poder avanzar».
Soler remarca que la experiencia valenciana y la de Portugal son «un referente en Europa». La clave para el último acuerdo ha sido, en su opinión, «el pasado de cuatro años, fundamental para crear el clima propicio». «La singularidad está en la experiencia vivida. Ha sido una escuela de búsqueda del acuerdo desde la discrepancia».
Mireia Mollà representa a la formación estrictamente valenciana dentro del pacto y reivindica la fórmula del qué, el cómo y el quién como facilitadora de acuerdos: «El orden sensato despeja el camino. Tener la hoja de ruta del programa suaviza luego llegar al cómo y al quién».
Tasa turística: ni demonizarla ni dramatizar el debate. No figura en el Botànic II porque «no está madura»
«De manera uniforme es impensable», sostiene Soler sobre la medida más polémica sin ser adoptada
La tasa turística se paga en decenas de capitales de Europa, incluidas algunas españolas. ¿Debería aplicarse en la Comunidad Valenciana? La polémica no es nueva, se arrastra desde la legislatura pasada, cuando quedó aparcada, como pasó en el acuerdo de Alicante para el Botànic II, al menos de manera explícita. Sin embargo, días después, Compromís y Unides Podem, ponían de nuevo la maquinaria del debate en marcha.
El conseller socialista de Hacienda no cierra la puerta a la iniciativa, aunque puebla de matices su posible aplicación. «Demonizar la tasa turística es una barbaridad, porque existe en media Europa, pero hay que verla desde el modelo turístico y en nuestra tierra hay muchos: el de costa no es el del interior y el de Torrevieja no es tampoco el de Benicàssim. De manera uniforme es impensable, porque el sector no estaría de acuerdo», sostiene Vicent Soler.
El titular de Hacienda aclara que el problema no está en su departamento, porque «no es un impuesto recaudatorio. Su lógica es de mejora del modelo, pero para eso has de contar con el sector. Si no lo tiene claro...»
Los hoteleros han salido esta semana para reiterar su no a la tasa turística, pero el vicepresidente Rubén Martínez Dalmau precisa que no toda la hostelería comparte esa opinión. El candidato de Unides Podem se manifiesta durante el encuentro el más claro defensor de la iniciativa. «Muchos empresarios admiten que va a venir», afirma. Y comparte que «hay que hablar con el sector y buscar soluciones, y que sea finalista». Pero «hay que desdramatizar el debate», precisa. «La iniciativa del alcalde Joan Ribó de que València sea pionera para ver cómo funciona me parece muy correcta. Puede ser un experimento interesante. La fiscalización de los apartamentos turísticos es mínima ahora; si hay una tasa de pernoctación, será una ayuda para controlar estos alojamientos y regularlos. Es positivo lo mire por donde lo mire», concluye.
La consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica aboga por la flexibilidad. El mensaje lo extiende a cualquier iniciativa. ¿Por qué? «Porque nuestra realidad es diversa y siempre es bueno que los modelos se adapten a esa realidad. Las iniciativas siempre son mejores si son flexibles».
Mireia Mollà (Compromís) da la explicación de por qué la tasa turística quedó al margen del articulado del acuerdo del nuevo gobierno: «En el Botànic II no está porque no estaba suficientemente maduro. Hicimos un ejercicio lógico de dejarlo para el debate posterior, al que nadie nos negamos. A este y a otros que vendrán. Fue un ejercicio de inteligencia».
Dalmau matiza sobre los últimos hechos y recuerda los orígenes de la polémica. Podemos la intentó colocar en la legislatura pasada «y lo intentamos en acuerdo del nuevo Botànic». No está, pero «sí que habla en el punto 37 de los mecanismos necesarios para la sostenibilidad del turismo».
El vicepresidente verde pide un cambio de enfoque. «No debería llamarse tasa turística, sino verde o de sostenibilidad, porque lo que gravas es la huella ecológica o la precarización en el sistema turístico»,
En ese enfoque finalista no hay discrepancias entre los tres miembros del Consell. «La tasa ha de tener una finalidad directa clara, regeneradora del impacto del turismo. Entonces se percibe que no quieres recaudar porque sí, sino que buscas la reversión de un impacto», explica Mollà.
Vicent Soler eleva la mirada ante los riesgos de un sector «decisivo» en la economía valenciana: «El contexto mediterráneo favorecía que los clientes vinieran, pero nos hemos de preparar para contextos geopolíticos diferentes. No hay varitas mágicas, sino trabajar de la mano. Ubiquemos la reflexión en esa complejidad. No tenemos solo nosotros sol y playa».
