La falta de información del PP hacia los grupos políticos acerca de la asignación del dinero público que el grupo popular de la Diputación de Alicante ha transferido en los últimos cuatro años a la cuenta del partido no ha dejado rastro oficial, signo de la falta de justificación de esa cantidad. El senador autonómico de Compromís , Carles Mulet, solicitó en diciembre información sobre el casi medio millón de euros que el partido recibió sin ser fiscalizado por el resto de grupos. En el escrito dirigido al entonces presidente del Senado del PP, Pío García-Escudero, preguntaba si se podía garantizar que estas transferencias se habían dedicado a la realización de gastos vinculados a la Diputación, como marca el reglamento. También recordaba que la certificación sobre el destino de los fondos transferidos, emitida por el secretario general del PP, vicepresidente primero de la institución provincial y ahora mismo presidente tras la marcha de José Císcar, Eduardo Dolón «no acredita nada ni se adjunta factura o apunte alguno que garantice que aquello que se certifica sea real».
Ante este escrito, el Ministerio de Hacienda respondió que no disponía de la documentación que se solicita al Tribunal de Cuentas y, por su parte, tras recibir la notificación, la Mesa de la Cámara reiteró que estas cuestiones son responsabilidad del citado tribunal. En febrero, Compromís vuelve a recibir una segunda comunicación en la que la secretaria general del Tribunal de Cuentas evita dar información asegurando que la solicitud de los senadores debe realizarse por conducto de la presidencia del Senado por lo que «la entidad consultada habrá de facilitar, por el mismo conducto, la documentación solicitada o manifestar las razones fundadas que lo impidan, al objeto de que, desde dicha Presidencia del Senado pueda trasladarse al senador solicitante». Los responsables de Compromís denuncian que el presidente del Senado no tramitó la información y que los organismos se fueron «pasando la pelota» para no aportar la documentación solicitada.
La coalición volverá a pedir la información en el Senado la próxima semana para aclarar en qué se gastó el dinero, además de exigir al PP que aporte facturas del importe de las aportaciones económicas, acatando así la ordenanza de la institución provincial, que obliga a que todo grupo político que derive a su partido parte de su asignación presupuestaria lo haga justificando un gasto conjunto durante el año en curso. Compromís cree que las transferencias se efectuaron para la financiación del partido y no para la realización de actos conjuntos con el grupo político. Además de un pleno con la aprobación del acta anterior, a lo largo de esta mañana se celebrará la comisión de fiscalización, un órgano informativo que pretende someter al control de Intervención la contabilidad de cada grupo y que cada partido refleje la totalidad de su transacción. En este caso, el PP no aportará información sobre los mencionados fondos y se limitará a realizar un trámite burocrático para poder cerrar el mandato.
Carpetazo en la Diputación
El argumento aportado por los populares es hacer hincapié en que han presentado «con detalle» y con la «máxima transparencia» su contabilidad y que esta documentación ha contado con el visto bueno de la Intervención de la Diputación. El PP mantiene que la aportación que desde el grupo se hace al PP está fiscalizada por el Tribunal de Cuentas y que no pueden aportar facturas porque es un dinero que va a parar a la caja única del partido. El diputado popular Adrián Ballester defendió su postura atacando al resto de partidos políticos de la institución y apuntó que la documentación presentada por los grupos en la reunión de la Comisión de Fiscalización de las dotaciones económicas «no justifica las actuaciones realizadas, lo que puede poner de manifiesto un intento de ocultar determinados gastos».
