La consellera de Justicia y Administración Pública, Gabriela Bravo, se comprometió ayer a elevar el anteproyecto de ley de Función Pública y su posterior reglamento (el que ha de desarrollar la aplicación del requisito lingüístico) a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) para que informe sobre ambos. Bravo busca el aval de la autoridad lingüística para un proyecto que lleva años de negociación con sindicatos y Compromís y que ha generado alta tensión con la formación valencianista. La consellera se reunió ayer con el presidente de la AVL, Ramon Ferrer, y otros representantes de la institución con el objetivo de rebajar la fiebre política sobre el requisito, después de que haya trascendido que asumirá las observaciones esenciales al proyecto de ley realizadas por el Consell Jurídic Consultiu. Una de ellas supone la eliminación de la cláusula que obligaba a la aplicación automática de los distintos niveles de exigencia del valenciano al año de aprobarse la ley.
Bravo asume el criterio del Jurídic, que considera que los niveles de exigencia de la lengua autóctona no deben figurar en la ley, sino en el posterior reglamento. De lo contrario, la norma podría ser objeto de recurso de inconstitucionalidad. Es el modelo usado en Cataluña o Euskadi, alega. La titular de Justicia anunció ayer que prevé remitir la ley de Función Pública a las Cortes en septiembre u octubre, una vez realizados los retoques. El plazo para aprobar el reglamento con el grado de conocimiento del valenciano en cada categoría de la función pública será de un año con posterioridada la ley. Gabriela Bravo manifestó que tiene «mucho interés» en la norma que garantizará a los valencianos «que pueden usar la lengua que deseen y que los funcionarios son capaces de atenderlos en ella».
La Acadèmia optó ayer por la prudencia y declinó valorar el alcance del encuentro con la consellera, cuyo compromiso con el valenciano ha sido cuestionado por representantes sindicales y de Compromís. En este contexto, la autoridad normativa se limitó a reiterar que la inclusión del requisito lingüístico para el acceso a la Administración pública es una condición «básica», como aprobó en 2017. No hará más valoraciones, dijo la institución, hasta conocer el contenido final del proyecto de ley que prepara el Consell y que Bravo se comprometió a entregar para que la AVL dé su opinión antes de elevarlo a Cortes. «Una atención que desde la institución académica se ha valorado positivamente», subrayó la entidad. El presidente, Ramon Ferrer, después de una reunión de más de hora y media, agradeció a la consellera de Justicia «la voluntad de potenciar el uso del valenciano en la Administración» y recordó que «los funcionarios han de tener la capacitación lingüística necesaria para atender» en los dos idiomas oficiales.
