El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, defendió ayer que «no hay que demonizar» la tasa turística y apostó por su futura implantación en la Comunidad Valenciana a escala municipal, aunque solo si contara con el apoyo de las empresas del sector. «¿Si no hay acuerdo, a qué santo?», subrayó.

Sin «querer influir» en este debate, el socialista recordó que «en media Europa hay tasa turística» y defendió que si se aprueba tenga «una vocación local de acuerdo a las singularidades» de cada modelo turístico.

Este impuesto supone una de las discrepancias entre los socios del Botànic II: PSPV apuesta porque sea de carácter municipal discrecional, Compromís quiere implantarlas en ciudades como València «cuanto antes» y llegar a una tasa autonómica y Unides Podem ya propuso incluirla en el acuerdo de gobierno firmado hace unas semanas.

En este contexto, Soler matiza que el problema en la Comunidad está en que «no hay un modelo turístico único, sino varios: de ciudad o de costa, el de Benidorm, el de interior...», por lo que considera que una determinada tasa turística puede servir para algunos pero no para todos.

Pero hace hincapié en que requiere de un acuerdo amplio con el sector, pues se trata de «un impuesto con una vocación clarísima», la de revertir positivamente en servicios que utilizan los turistas indirectamente como la limpieza de las calles o los cuerpos de policía local. Ingresos que, en definitiva, «generan una retroalimentación en positivo o negativo respecto al negocio turístico».

«En realidad, es una medida que en todos los lugares va a favorecer la actividad turística. Si los empresarios del sector no están de acuerdo, ¿a qué santo? No sería comprensible hacerlo contra el criterio del sector, al menos desde una perspectiva local», asevera.

Tasa autonómica

El titular de Hacienda reconoce así que «se podría discutir» la implantación de una tasa turística a nivel autonómico, pero insiste en que «en la mesa tendría que estar el sector». «Las empresas, más que los empresarios, tienen que opinar dónde puede funcionar», recalca.

Para su aplicación, considera que la Generalitat podría echar mano de figuras legales como la ley de acompañamiento a los presupuestos o «una ley del turismo». Ahora bien, descarta entrar en ello ahora, pues cree que «el problema es la decisión».

En el caso de València, Soler remarca que corresponde al Ayuntamiento decidirlo y que «si el sector de la ciudad está de acuerdo, habrá menos problema».