13 de julio de 2019
13.07.2019

El PP ataca al resto de grupos pero continúa sin justificar sus facturas en la Diputación

Ballester eleva a 16.000 euros los gastos de EU sin acreditar mientras acusa a los socialistas y Compromís de aportar documentos incompletos

12.07.2019 | 22:32

Fullana reta a Ciudadanos.

El PP puso en marcha ayer el ventilador en otras direcciones para acusar a los grupos de la oposición en la Diputación de opacidad en sus cuentas pese a seguir sin justificar con el detalle de las facturas casi medio millón de euros que el grupo popular de la institución provincial ha transferido durante los últimos cuatro años a la cuenta orgánica del PP. El diputado de Transparencia Adrián Ballester hizo hincapié ayer en que su partido ha presentado «con detalle» y con la «máxima transparencia» su contabilidad y que esta documentación ha contado con el visto bueno de la Intervención de la Diputación.

Los populares mantienen que la aportación que desde el grupo se hace al PP está fiscalizada por el Tribunal de Cuentas y que el vicepresidente Eduardo Dolón emite trimestralmente un certificado en el que ratifica que se cumple la ordenanza que obliga a que estas cantidades de dinero se destinan a actuaciones conjuntas realizadas por el partido. Es significativo que sea Dolón, también secretario provincial del PP y a partir de ahora presidente tras la marcha de José Císcar, quien garantice el cumplimiento de la ordenanza y confirme la recepción. Adrián Ballester defendió ayer su postura atacando al resto de partidos políticos y apuntó que la documentación presentada por los grupos en la reunión de la Comisión de Fiscalización de las dotaciones económicas «no justifica, en algunos casos, las actuaciones realizadas, lo que puede poner de manifiesto un intento de ocultar determinados gastos».

El diputado informó de la retirada en efectivo de 2.420 euros sin acreditar en las cuentas de EU o las dietas pagadas a Cayo Lara por importe de 152 euros «sin que se haya determinado el motivo», añadió el diputado, quien elevó a los 16.000 euros el importe de los recibos sin justificar de esta formación. También precisó Ballester que en el caso del PSPV y Compromís, los papeles presentados «son incompletos en algunos apuntes». Sobre la falta de justificación a los partidos políticos de casi medio millón de euros en cuatro años, el diputado se limitó a añadir que ya dan las pertinentes explicaciones al Tribunal de Cuentas. Ni un dato más.

Por su parte, Compromís se opuso al cierre en falso el próximo martes de la comisión creada para la fiscalización de los gastos y recordó que durante este mandato esta comisión no ha constatado el objetivo final de 466.000 euros por parte del Partido Popular, mientras la oposición «ha hecho un streaptease contable a favor de la transparencia en una institución símbolo de la corrupción política de los últimos años». El portavoz de la coalición en la institución alicantina, Gerard Fullana, precisó que «no puede ser que el único partido condenado por corrupción en democracia y que va a gestionar cerca de mil millones de euros los próximos cuatro años sea el único en esta institución que no aclare en qué se ha gastado el dinero desde 2015». Gerard Fullana suspendió al PP en Transparencia y pidió a Ciudadanos que se posicione antes del viernes sobre si va a dar su respaldo a un partido «que no justifica gastos acorde a la ley».

Recordar que el artículo 9 del reglamento orgánico sobre dotación económica de los grupos políticos de la Corporación establece que la transferencia a partidos políticos de fondos asignados a los grupos con representación plenaria deberá ser como consecuencia de gastos conjuntos realizados por el partido. «Resulta arbitrario e irregular el hecho de que no se exija acreditación alguna al Partido Popular que aclare en qué se gastó casi medio millón de euros mientras el resto estamos justificando hasta los taxis que cogemos durante nuestra actividad laboral», señaló Fullana.

La coalición de izquierdas considera como puro cinismo administrativo que quienes den carpetazo a la comisión fiscalizadora sean el responsable de Transparencia de la institución, Adrián Ballester, y el actual presidente de la misma y responsable de Transparencia del Partido Popular de España, César Sánchez y también que se excusen en una presunta fiscalización del Tribunal de Cuentas «que no tiene capacidad verificadora al respecto».

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