El director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, defendió ayer la legalidad de la venta de la deuda de 1,8 millones de euros que el Grupo Zeta mantenía con el banco público de la Generalitat y negó cualquier injerencia del presidente Ximo Puig, en la operación. Illueca se mostró «satisfecho» con la venta de un «activo deteriorado de dudoso cobro» que ha garantizado a las arcas públicas «la recuperación de al menos medio millón de euros». «Ha sido una decisión acertada que se ha tomado con criterios profesionales y técnicos, como cualquier banco privado, que no genera daño patrimonial al IVF al ajustarse a nuestras expectativas de cobro», añadió.

El IVF cuenta desde 2017 con una auditoria de la consultora Deloitte que dice que si Zeta entra en liquidación «la recuperación de la deuda apenas será del 24 %, la media de una horquilla entre el 18 y el 31%», destacó Illueca. El origen de la misma está en sendos créditos de tres millones que el IVF concedió a en la primera década de este siglo a dicho grupo para abrir una rotativa en Biar.

En 2009, el Grupo Zeta reestructuró su deuda de 99 millones con los bancos en un préstamo sindicado al que también se unió el IVF. Prensa Ibérica, grupo editor de los diarios INFORMACIÓN y Levante-EMV, llegó a un acuerdo con dicha alianza de bancos en el marco de la reciente compra de Zeta, que incluye entre otros periódicos Mediterráneo de Castelló. Así, adquiría el activo «de dudoso cobro» del IVF por un 30 % de su valor.

El IVF se adhirió al pacto porque la alternativa era «acudir a un proceso de homologación judicial donde la pérdida podría haber sido mayor». Illueca detalló también que el Institut Català de Finances (ICF) ha podido vender sus préstamos a Zeta por un 46 % de su valor «al ser la última entidad que inyectó dinero y, por tanto, lograr más garantías».

Illueca negó que el decreto que aprobó el 15 de marzo el Consell para dar más cobertura legal al IVF para actuar como entidad de derecho privado al igual que el resto de bancos, se hiciera a propósito para la venta de Zeta. «El decreto comenzó a tramitarse en septiembre de 2018, seis meses antes de que llegara al IVF la oferta de Prensa Ibérica», aseguró.PP y Cs piden explicaciones

PPEl PP y Cs han pedido explicaciones por la venta de este crédito y han criticado que Puig participara en la votación del decreto cuando es accionista de Mediterráneo. El presidente , periodista de profesión, posee el 1,2% de las acciones de Promociones y Ediciones de Castelló SA (Pecsa), la editora de dicho diario. En 1981 formaba parte de la redacción que evitó el cierre del diario. Fue uno de los trabajadores que, con la indemnización del despido, crearon la sociedad que mantuvo la cabecera, de la que Zeta se convertiría después en accionista mayoritario. Puig subrayó ayer que nunca ha participado en Zeta y remarcó que en la operación de venta no tuvo «nada que ver el presidente de la Generalitat, ni de lejos».

El director del IVF, que dijo desconocer que Puig era accionista de Mediterráneo, no ve conflicto de intereses en que el jefe del Consell votara un decreto «cuyo origen es mejorar la cobertura legal a todas las operaciones de recuperación de crédito por el banco de la Generalitat». Illueca dijo que informó al presidente sobre el crédito con Zeta, pero aseguró que este «jamás ha dado luz verde, ni tampoco roja, a las operaciones del Instituto».

Illueca criticó que el PP cuestione una actuación hecha junto al resto de bancos acreedores, cuando dejó operaciones «sangrantes» como un préstamo de 3.382.000 euros a Arturo Torró (exalcalde de Gandia) no devuelto o un aval a la Fundación Aulamar de Pedro Morenés (exministro de Rajoy) que «ha generado una deuda de un millón y medio».