Más madera para el debate sobre los altos cargos nombrados por el Consell. El PP en las Cortes presenta hoy a la mesa de las Cortes Valencianas una proposición de ley para que la Generalitat limite el nombramiento de altos cargos mientras la Administración no cumpla con el objetivo de estabilidad presupuestaria, que se sitúa en el 0,10%. La proposición pide introducir una disposición adicional a la ley de presupuestos de la administración valenciana para este 2019 sobre «delimitación del número de personal eventual y altos cargos en la Generalitat». En concreto, piden que no se superen los 74 puestos destinados al personal eventual, esto es, asesores, y no superar los 89 altos cargos, entre los que incluyen a los miembros del Consell, secretarías autonómicas, subsecretarías y direcciones generales.
Aunque todo parece indicar que la iniciativa será bloqueada por la mesa y no tendrá ningún recorrido parlamentario, llega en un momento en el que el Consell está cuestionado por el aumento sustancial de cargos en la estructura que arrastra el nuevo gobierno valenciano. En concreto, el Botànic II contará con 137 altos cargos (donde se incluye la dirección general de Abogacía y la de Intervención), 39 más de los que nombró en 2015. Lo mismo sucede con los asesores: de los 74 que limitó el Consell en su primera legislatura, con el nuevo acuerdo se disparan hasta los 116. El incremento de cargos dispararía el gasto hasta los 13,6 millones de euros para cada uno de los ejercicios del mandato.
El PPCV apela a la responsabilidad financiera de la Generalitat y recuerda que desde 2015 se han tenido que aplicar planes de ajuste a las cuentas presupuestarias, algo que no puede ser obviado «en la configuración de la estructura orgánica y de personal de la Administración autonómica».
«Incumplimiento del déficil»
En este sentido, los populares de la Comunidad Valenciana creen que la política de contención de gasto se ha relajado y sacan a la palestra la Cuenta General de 2018, que evidencia la «dependencia financiera total del Consell» con el Estado, la incapacidad para reducir la deuda adquirida a corto y largo plazo y el incumplimiento «reiterado» del déficit por la gestión.
