La investigación en una de las siete piezas separadas del caso Taula, que investigaba la adjudicación del «call center» o servicio de atención telefónica tributaria de la Diputación de Valencia a una empresa «apadrinada» por Mariano López, empresario de Xàtiva y exsuegro del yonki del dinero, ha permitido acreditar «de forma indiciaria la existencia de un delito de blanqueo de capitales» por parte de López y dos familiares directos, según concluye la Fiscalía Anticorrupción en un escrito incorporado a la causa. El titular del Juzgado de Instrucción 18, que instruye esta macrocausa judicial, ha citado a declarar al empresario de la capital de la Costera y a sus dos familiares directos el próximo miércoles, según la providencia dictada por el magistrado la semana pasada.

El citado Mariano López y sus familiares deberán responder por la actividad de la empresa Técnicas Legales Administrativas, creada el 18 de septiembre de 2013, apenas cuatro meses después de que la Diputación de València adjudicara la gestión del «call center» a Servimun, propiedad de un empresario llamado Fernando Palomares. Este «centro de atención multicanal a los contribuyentes» dependiente de la Diputación de Valencia se «externalizó» en 2012, mediante una encomienda de gestión a la empresa pública Imelsa (Impulso Económico Local SA). El también conocido como «call Center» se privatizó a través de la adjudicación a la empresa Servimun, el 20 de mayo de 2013, apenas cuatro meses antes de que la mujer y la cuñada de López crearan Técnicas Legales Administrativas SLU.

Precisamente en el transcurso de la investigación sobre el «call center» los agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectaron una serie de pagos realizados por Servimun -la gestora del centro de llamadas- a la mercantil Técnicas Legales Administrativas SLU, propiedad de la cuñada de Mariano López y con sede en Xàtiva. El principal cliente de Técnicas Legales Administratrivas era Servimun de quien recibió 200.000 euros «de forma velada», según la Fiscalía Anticorrupción. Sus ingresos, que rondaban los 36.000 euros mensuales, cesaron cuando el servicio de atención telefónica fue recuperado por la Diputación de València en enero.