La beligerancia contra la implantación de la tasa turística se ha convertido ya en el nexo de unión de los principales alcaldes de las ciudades con mayor impacto turístico de la provincia, sin tener en cuenta su color político. Sin duda, la propuesta que esta semana realizaron los responsables autonómicos de Compromís y de Podemos ha levantado ampollas, ya no solo entre el sector hotelero y empresarial. Además de eso, abrir la caja de los truenos de este espinoso asunto tampoco ha sido del agrado de la mayor parte de consistorios alicantinos. Preguntados por la polémica que se ha extendido también en las redes sociales a lo largo de los últimos días, la mayoría de dirigentes municipales tienen clara su postura: un rechazo nítido. Solo los máximos responsables de Xàbia y Dénia la consideran positiva, mientras el de Altea prefiere no pronunciarse y evidencia así su voluntad de ponerse de perfil en esta batalla política y económica, otra vez sobre la mesa.
Compromís y Podemos difieren en la fórmula para poner en práctica la tasa turística pero coinciden en su intención de sacar del cajón uno de sus principales caballos de batalla, bien sea mediante un proceso local cuya aplicación quede en manos de los municipios, de manera generalizada o a través de tramos autonómicos. Por contra, los socialistas han dibujado un escenario en el que se alejan de esta medida al reconocer que «jamás la han apoyado». El PSPV prefiere aparcar el debate que han abierto sus socios del Botànic al considerar que la tasa «crearía serias disfunciones porque los modelos turísticos son diferentes». Estas declaraciones del síndic socialista en las Cortes, Manuel Mata, vuelven a poner de manifiesto las diferencias entre los socios del Consell. Como consecuencia, en el hipotético caso de que la Generalitat decidiera dejar en manos de los municipios la implantación o no de esta tasa, siete de los diez alcaldes consultados por este medio han querido hacer hincapié en que rechazarían su implantación.
El primer edil de Alicante, Luis Barcala (PP), ha tildado a los representantes del Consell de «aficionados» y ha aconsejado «escuchar» a los especialistas. En su opinión, esta tasa «solo pretende gravar a los ciudadanos y la recaudación no repercute en el turismo, sino en chiringuitos que se montan para colocar a gente». El alcalde de Elche, el socialista Carlos González, considera inoportuna la tasa turística y se ha posicionado en contra de su aplicación. González explicó que en primer lugar se debe abordar el debate de cómo mejorar como destino turístico y cómo competir con otros lugares con el fin de afianzar y reforzar la posición de la Comunidad en el contexto nacional e internacional. La postura de Toni Pérez, alcalde popular de Benidorm, siempre ha sido muy clara en este asunto. Además de por convicción, su oposición, según afirma, es la consecuencia de escuchar al sector turístico, especialmente de su municipios, que ha sido tajante a la hora de advertir sobre los perjuicios que este nuevo impuesto comportaría sobre la actividad turística de la Comunidad y su competitividad.
Eduardo Dolón (PP), máximo responsable de Torrevieja, no solo está en contra, sino que califica como un «auténtico disparate» que un vicepresidente del Gobierno valenciano como Rubén Martínez Dalmau «no solo diga que hay que inplantarla, sino que encima diga que lo hagan los ayuntamientos que quieran». Una postura similar tiene Ana Sala (PP), alcaldesa de Calp, quien ha destacado las peculiaridades del tejido empresarial de la Comunidad «que ya paga muchas tasas e impuestos». En los mismos términos se ha manifestado el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, quien aboga por rentabilizar mejor los ingresos y Loreno Serrano, desde Santa Pola, quien apuesta por «dar facilidades» a los turistas.
En el lado opuesto está el alcalde socialista de Xàbia, José Chulvi, quien ha afirmado que «puede ser positivo» siempre y cuando los ayuntamientos «seamos los que gestionemos lo que se recauda y se dedique a mejorar las infraestructuras». También está de acuerdo Vicent Grimalt, de Dènia, que cree que es positiva para ciudades turísticas y que «vendría muy bien, ya que se podria utilizar para cuestiones como promoción o conservacion de playas». Mantiene un calculado silencio Jaume Llinares, el principal alcalde que tiene Compromís en un municipio turístico. Y en política, callar también es una postura que no es precisamente de apoyo.
Expertos económicos a favor: «Los turistas deben contribuir a mantener las ciudades»
Ignacio Jiménez Raneda, catedrático del Departamento de Fundamentos de Análisis Económico de la UA, está a favor de aplicar la tasa turística al defender que los usuarios de cualquier servicio público «han de contribuir a su mantenimiento».
En su opinión, lo razonable es «que cada usuario asuma un cierto coste de la infraestructura que utiliza» y, aunque considera que no es sencillo calcularla, «habría que estudiarlo con cuidado para ver los efectos y que no sea disuasoria en ningún caso».
El catedrádico defiende que «no es lo mismo Benidorm que Elche pero se debe evaluar cada caso para valorar el impacto que puede tener sobre el volumen de los visitantes». Según manifiesta el experto en Economía, «no me parece negativo que se establezca pero entiendo que cueste tomar esta decisión porque es impopular».
Jiménez Raneda dejó claro, como conclusión, que «si los impuestos desaparecieran la sociedad se destruiría, por lo que debemos hacer una reflexión similar y hacer una evaluación de cada caso».
Expertos turísticos en contra: «Favorece el intrusismo en alojamientos irregulares»
José Luis Gascó, director del Instituto de Investigaciones Turísticas de la UA, considera que la tasa turística es «discriminatoria e injusta» y favorece el intrusismo en alojamientos irregulares. El experto en Turismo cree que esta medida conlleva el riesgo de que los touroperadores elijan otros destinos competidores con la oferta de sol y playa «que no es comparable con el turismo de Barcelona, París o Florencia».
Gascó dice que el argumento de evitar la masificación «no es aplicable en nuestro caso» y, entre las ventajas, solo destaca el incremento de la recaudación fiscal, básicamente procedente de fuera de la Comunidad Valenciana y la posibilidad de establecer una tasa finalista para invertir en la mejora del sector. Por contra, cree que generaría diferentes problemas por la imagen que crearía entre los turistas por su asociación a un «peaje». También está en contra al alegar que carga «con más impuestos a aquellos que cumplen estrictamente con sus obligaciones fiscales en lugar de resolver los alojamientos no declarados».
