A los múltiples frentes que À Punt tiene ya abiertos (judiciales, económicos y políticos), se suma los que están por llegar en el próximo curso político: la renovación del puesto de dirección de la televisión pública valenciana y de los cuatro miembros del consejo rector que toca sustituir. Ante estos dos retos, los partidos del Botànic comienzan a tomar posiciones. Compromís tiene en mente volver de las vacaciones de verano con una propuesta en firme para aligerar la elección del director o directora del ente.

La actual responsable, Empar Marco, agota en marzo el mandato de tres años y, con la ley en la mano, el proceso de renovación debería arrancar a finales de año ya que contempla un concurso abierto de libre concurrencia. Tal como marca la ley, la periodista fue seleccionada por el consejo rector después de un procedimiento de concurso público que tardó varios meses en resolverse y al que se presentaron una veintena de aspirantes. El síndic de Compromís, Fran Ferri, considera que tras la experiencia de este proceso habría que cambiar esta fórmula y plantear un sistema más ágil, aunque también más restringido. Desde el grupo parlamentario de Compromís se apuesta por finiquitar el concurso abierto a cualquier persona y adoptar una fórmula distinta. Hasta hora, según marca la ley 6/2016, pueden presentar su candidatura cualquier profesional del ámbito de la comunicación «que acrediten méritos suficientes para desempeñar dicho cometido».

Sin embargo, la coalición baraja la opción de que sea el consejo rector quien haga un primera propuesta de una terna de nombres. Sobre estos candidatos preseleccionados se eligiría al nuevo director o directora. La propuesta, con todo, está falta de concreción. Fran Ferri también apostó por dar un giro en el perfil del órgano rector. La formación considera que debería estar conformado por miembros con una formación jurídica y financiera y no como hasta ahora en el que priman los conocimientos en el sector del audivisual, pese a que en la actual legislación también se contempla que sean profesionales que acrediten experiencia «en órganos de administración, alta dirección, asesoramiento de entidades públicas o privadas relacionadas con el ámbito de la comunicación».