En plena disputa por los gobiernos autonómicos de Madrid y Murcia, en medio del fuego cruzado de declaraciones incendiarias entre dirigentes de Ciudadanos y de Vox -los primeros han criticado el lenguaje de «portero de discoteca» de los segundos-, y con el PP tratando de que no le roce su aparente acercamiento a los ultras, el grupo parlamentario de Vox en el hemiciclo autonómico sigue erre que erre con sus propuestas de marcado carácter ideológico, con las que busca notoriedad en medio de la marabunta mediática. Aprovechando que el adelanto de las elecciones ha permitido constituir las Cortes Valencianas mucho antes que otros parlamentos regionales -donde los diputados de Vox son decisivos estos días a la hora de formar gobierno de coalición con el PP y Ciudadanos-, la formación de ultraderecha se ha mostrado muy activa en este inicio de legislatura, presentando una batería de proposiciones no de ley, solicitudes e interpelaciones con las que, de momento, además de alimentar las redes sociales, han conseguido que los lleven a Fiscalía.
El presidente de las Cortes, Enric Morera registró ayer en la Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana un escrito donde pide a la Fiscal Superior, Teresa Gisbert, su criterio sobre la petición de documentación del grupo parlamentario Vox referida a las ayudas concedidas al colectivo LGTBI, al considerar que puede «contravenir la legalidad vigente» y puede ser susceptible de un delito de odio. Sin embargo, esta decisión, adoptada por Morera y respaldada por todos los grupos, no amedrenta a Vox. «Cuando la Fiscalía no vea delito de odio, volveremos a la Mesa de las Cortes, que no nos va a poder frenar», afirmaba ayer la síndica de Vox, Ana Vega, partidaria de «volver a la carga», alegando que les tienen que tratar igual que a grupos como Compromís, al que le permitieron solicitar en 2014 la información relativa las nóminas de los profesores de religión. Lo que para Vox es un «ataque directo al sistema educativo y la enseñanza religiosa», para Compromís fue la forma de confirmar cuantos docentes de religión cobraban de las arcas públicas sin impartir clase.
Corpus dogmático
Precisamente, la religión estaba presente en la primera proposición no de ley (PNL) presentada por el grupo de ultraderecha en las Cortes. La religión bajo el tamiz de la libertad educativa que reclama Vox, por la que pidieron el 20 de junio la creación del distrito único para la elección de centro escolar en la Comunidad Valenciana. Según la propuesta remitida directamente a la Mesa de las Cortes -donde cabe reseñar que Vox no tiene presencia por acuerdo del resto de grupos-, «la educación no es solo instrucción, también contempla la formación en unos determinados valores éticos, morales o religiosos».
Días después llegó otra PNL exigiendo la aprobación de un Plan de Vivienda de Urgencia Social, una de las demandas más defendidas por Vox en campaña electoral, con fondo social y forma populista, para atender a «amplios segmentos de la sociedad afectados por la crisis». Al mismo tiempo que se demandaba «información detallada» sobre las cantidades asignadas al colectivo LGTBI, especialmente de las «personas que han impartido cursos con menores» (exigencia que para Vox no implica que se «vulnere la legalidad» cuando lo que quieren es «su cumplimiento estricto»), los ultras también han reclamado las estadísticas de la que denominan «violencia intrafamiliar», con los datos oficiales de violencia de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres, especificando si son ancianos o niños, con la nacionalidad del agresor ya que «tenemos indicios para sospechar que, en numerosos casos, la violencia ha sido ejercida por personas cuyo país de origen no es España», defendió la diputada Criado. Y para completar la artillería de su cruzada ideológica, faltaba dudar de si la ley de Memoria Histórica se aplica a los caídos de los dos bandos. El Franquismo, otra vez, encima del campo de la batalla política.
