La respuesta de la ultraderecha al varapalo del martes en las Cortes Valencianes no se ha hecho esperar. Un día después de que todos los partidos con presencia en el parlamento valenciano secundaran la iniciativa del presidente, Enric Morera, de llevar a la Fiscalía por presunto delito de odio la petición de documentación de Vox sobre ayudas a colectivos LGTBI y el detalle de las personas que trabajan con menores, el partido de derecha radical abrió otro frente. Registraron en las Cortes una pregunta, a la que tuvo acceso este diario, sobre la aplicación de la ley de Memoria Democrática y para la Convivencia en la Comunidad. Vox quiere saber, en concreto, si la ley aprobada por las Cortes en 2017 se aplica «a todos los casos y en todos sus términos y sin excepción de españoles caídos en la Guerra Civil en ambos bandos de la contienda», recoge el texto.
El escrito está firmado por el portavoz adjunto en las Cortes, José María Llanos, y es una interpelación al Consell para su inclusión en el próximo pleno. Las competencias en Memoria Histórica estaban hasta ahora en la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo, que fue quien impulsó la ley, pero con la nueva remodelación del Consell han pasado a Participación y Transparencia y las ostenta la coordinadora general de Esquerra Unida, Rosa Pérez, que será por tanto la que tendría que ser interpelada por Vox si la petición de la formación de ultraderecha acaba por tratarse en el pleno. La posición de Vox sobre la ley de Memoria Histórica es directamente su derogación. De hecho en Andalucía no ha dejado de presionar a Cs y PP, partidos a los que sostiene en el Parlamento andaluz, para su eliminación y conversión en una ley de Concordia. En aquel parlamento, un diputado de Vox ya se refirió hace unos meses a los defensores de la ley de Memoria Histórica como «buscadores de huesos y estrategas del revanchismo».
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió ayer en La Moncloa a representantes del colectivo LGTBI (lesbiana, gay, trans, bisexual e intersexual), ante los que defendió que España ha decidido una y otra vez ser un país «abierto, diverso y tolerante» y «que los fanáticos y los intransigentes no tengan voz suficiente para poner en cuestión derechos conquistados con tanto esfuerzo. No van a asustarnos». «Mejor dicho, España ha decidido nunca más poner en cuestión uno de los principales derechos que tenemos todos los seres humanos: el derecho a ser feliz», señala el líder del Ejecutivo en funciones durante el acto Orgullo de nuestra diversidad, con motivo de la celebración en Madrid y del 50 aniversario de Stonewall. «El conjunto de la sociedad ya no entiende de discriminación por orientación sexual. Somos un país LGTBI», aseveró.
