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Todos contra Vox por sus ataques al colectivo LGTBI

Los partidos en las Cortes enviarán a la Fiscalía a los ultras por un presunto delito de odio al atentar contra la orientación sexual de este grupo

Todos contra Vox por sus ataques al colectivo LGTBI

Un delito de odio es cualquier infracción penal donde la víctima se elige por su conexión o pertenencia, real o percibida, a algún grupo social cuyos miembros tienen una característica común como su raza, religión, discapacidad intelectual o física u orientación sexual. Solicitar los datos de los colectivos LGTBI que han impartido actividades a menores, a los que se les exige el certificado de antecedentes penales o la documentación acreditativa sobre la formación para impartir dichos cursos, porque al grupo parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas le «preocupa en manos de quién dejamos a nuestros pequeños y el adoctrinamiento al que pueden haber sido sometidos», es a juicio del presidente del Parlamento autonómico, Enric Morera, un supuesto delito que las Mesa de las Cortes pondrá en conocimiento de la Fiscalía contra Delitos de Odio y Discriminación, para que se verifique si su contenido podría constituir un ilícito penal. Es decir, la primera iniciativa de Vox, con su pregunta presentada el lunes en el registro del parlamento autonómico acabará en tribunales, decisión acordada por todos los grupos políticos, unidos contra los ultras de Vox.

Calificativos como «un juego peligroso», «estigmatización» o que es «indecente acceder a las instituciones para atacar a las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales» se sucedieron a lo largo del día de ayer, como respuesta rápida y directa a la primera acción del grupo de ultraderecha que no dejó pasar la oportunidad de comenzar el mes de julio, el mes del Orgullo LGTBI, para dar curso a una propuesta que solo ellos consideran «normal».

A primera hora de la mañana, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig adelantó en un desayuno informativo ofrecido en Madrid que iba a intentar evitar que se entregaran al grupo de Vox en las Cortes datos en los que se «ataca a los colectivos LGTBI y que cuestionan los casos de violencia machista». Puig se mostró dispuesto a combatir «por tierra, mar y aire» para «no seguir con esta sensación de barbarie que se está transmitiendo». Sus palabras entroncaban con el anuncio del síndic de Compromís, Fran Ferri, sobre la propuesta de su grupo para presentar en las Cortes un escrito pidiendo a la Mesa «la inadmisión de unas iniciativas parlamentarias que son una herramienta para fomentar el odio hacia las personas LGTBI». Y nada más terminar la reunión de la Mesa, Enric Morera decidía no tramitar la petición del grupo de ultraderecha Vox, cortando todo tipo de avance de esa propuesta.

Apoyo con matices del PP

PP

Tras comunicar Morera la decisión, todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, la apoyaron, aunque el PP, a través de su portavoz Jorge Bellver, lo hizo con matices. «No tenemos nada en contra» de que se pida el informe a Fiscalía, dijo Bellver, quien agregó que hubiera sido «más oportuno» que, «por cortesía parlamentaria», Morera se hubiera reunido con Vox para explicarles que «se están pidiendo cosas que no van a ser concedidas por la administración porque la ley lo impide».

Por su parte, desde el grupo socialista, María José Salvador, vicepresidenta primera de las Cortes, consideró una «aberración jurídica» que en un «Estado de derecho y democrático se pidan datos que están fuera de lugar» y recordó que «no vivimos en otros tiempos donde se aplicaba la Ley de Vagos y Maleantes». El diputado de Ciudadanos Luis Arquillos consideró que en las peticiones de Vox «hay ciertos excesos que podrían ser constitutivos de delito, aunque tendrá que decidirlo finalmente la justicia». Para Podemos-EU, la diputada Cristina Cabedo consideró que la petición de Vox es «anticonstitucional». También se sumó al debate la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, quien subrayó que el gobierno autonómico «tienen la obligación de preservar la seguridad y la intimidad de las personas anónimas».

Por contra, desde Vox se mantuvieron ayer en su misma línea. «En Vox no nos asusta la soledad, y si nos dejan sin apoyo, seguiremos trabajando igual». Con estas palabras, la síndica de Vox en las Cortes, Ana Vega, anunciaba que recurrirán la decisión de Morera porque «como jurista y como síndica pienso que no hay base para presentar la denuncia en Fiscalía. Pedimos información que debe ser pública», añadió Vega.

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