La Agencia Antifraude, creada la pasada legislatura y considerada un icono de la gestión del Botànic para la lucha contra la corrupción, cuenta desde ayer con un reglamento de funcionamiento que, en la práctica, supone un blindaje tanto de puertas para adentro como para fuera. Las normas de un organismo que medio hemiciclo (el del bloque del centro derecha) querría eliminar se han suavizado tras el varapalo del dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC), si bien conforman una auténtica trinchera. En su día, el CJC dejó claro que buena parte del texto vulneraba el ordenamiento legal y suponía una extralimitación de sus competencias. Muchas de las observaciones se han incluido, si bien el calado es el mismo: pacto de silencio sobre lo que se cuece dentro y poder para investigar.
Así, su personal, investido de autoridad y con tarjeta identificativa, contará con un amplio margen de maniobra, aunque estará sometido a la confidencialidad absoluta, un pacto de silencio que se extenderá más allá incluso de seguir o no trabajando para la Agencia. Así y con el fin de garantizar la confidencialidad de las actuaciones del organismo, el personal funcionario deberá antes de incorporarse a la Agencia firmar una declaración responsable en la que se deje constancia de esta obligación de sigilo que «se extiende incluso después de haber prestado servicios en la Agencia». Así, el reglamento deja claro que en caso de incumplir y difundir informaciones, datos, actos, documentos o asuntos, podría dar lugar «a la apertura de una investigación interna, respecto de la cual la directora o el director dará cuenta a la comisión parlamentaria correspondiente». Joan Llinares señala que no pueden aceptar «ni directa ni indirectamente ningún trato de favor, privilegio, ventaja, cesión gratuita o donación, que le sea ofrecido con motivo u ocasión de ejercicio de sus funciones». Por supuesto, tampoco regalos, ni siquiera una vez finalizados sus servicios en la entidad contra el fraude.
El reglamento persigue un organismo totalmente independiente, si bien el término como tal, que el CJC afeó, no aparece y se habla de una Agencia que actúa «con independencia de las administraciones públicas y de las autoridades». De hecho, dentro de su ámbito de actuación (administraciones y entidades públicas) será quien determine si existen o no indicios de conductas u hechos presumiblemente constitutivos de delito. En ese caso, se dará traslado al ministerio fiscal, si bien exige que la Fiscalía le dé información periódica del trámite en el que se encuentran las actuaciones. Antifraude establece que se iniciarán investigaciones a través de denuncias o de oficio, pero aquellas solicitudes formuladas por las Cortes o por un órgano público «no obligarán a la dirección a iniciar actuaciones».
Por otro lado, Antifraude prevé solicitar al Consell la adscripción a su servicio de personal perteneciente a la policía de la Generalitat para desempeñar funciones relacionadas con la seguridad. Toda su actividad tendrá carácter reservado y su director, Joan Llinares, poder absoluto sobre la gestión de la agencia: 25 funciones que van desde el control y la evaluación de las actuaciones de la agencia y su personal, hasta la decisión de otorgar o no el estatuto de personal denunciante o abrir expedientes disciplinarios.
Durante la investigación, el reglamento habilita a Antifraude a efectuar requerimientos de documentación, entrevistas personales y visitas de inspección, incluso sin previo aviso. Es más se prevé que en caso de incomparecencia injustificada a una entrevista, la Agencias «debe promover la exigencia de las correspondientes responsabilidades». Es más, se arroga la posibilidad de exigir a otros órganos administrativos que adopten medidas cautelares cuando estén tramitando un procedimiento de su competencia. El reglamento dedica varios artículos a detallar la protección a la persona denunciante para evitar represalias. Tendrá derecho a asesoramiento e incluso atención médica y psicológica. Antifraude establece que cuando sea conveniente se podrá instar a la autoridad un traslado a otro puesto e incluso a excedencia.
