02 de julio de 2019
02.07.2019

La Guardia Civil utilizará los coches de Zaplana y sus testaferros para vigilancias

Los vehículos de alta gama servirán para «pasar desapercibidos» cuando sigan a corruptos y narcos

01.07.2019 | 22:25
Uno de los Audi decomisados por los investigadores del caso Erial a Eduardo Zaplana.

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) de la Guardia Civil contarán a partir de esta semana, con dos nuevos vehículos de lujo con los que seguir y vigilar a delincuentes de todo tipo, especialmente vinculados a la corrupción y las redes de delincuencia organizada. Se trata de un Audi Q7 y un Audi Q3, propiedad de Eduardo Zaplana y su esposa, Rosa Barceló, que fueron embargados por la jueza en las investigaciones de la operación Erial contra la corrupción.

Zaplana está acusado de diez delitos por haber cobrado supuestamente sobornos millonarios que rondarían los veinte millones de euros a cambio de conceder, cuando era presidente de la Generalitat, los contratos de privatización de la ITV y el proyecto de parques eólicos a empresas de la familia Cotino. Las empresas consiguieron un beneficio de más de 86 millones de euros con esas operaciones, según el sumario del caso.

6,3 millones en Suiza


El que fue ministro Portavoz y de Trabajo en los gobiernos de José María Aznar está en libertad provisional después de que la titular del Juzgado de Instrucción 8 y la Fiscalía Anticorrupción recuperaran 6,3 millones ocultos en Suiza y entregados a la justicia por su presunto testaferro, el abogado uruguayo Fernando Belhot, encargado de mover el dinero del clan Zaplana por todo el mundo.

La llegada de los dos vehículos de la familia Zaplana a la flota de la unidad de élite de la Guardia Civil culmina una batalla legal entre los investigadores y el ex presidente de la Generalitat.

Los guardias civiles pidieron en octubre a la jueza encargada del caso disponer de los coches de Zaplana, su esposa y sus presuntos testaferros en el bautizado como caso Erial. La jueza les dio la razón, pero el exministro se opuso y recurrió la decisión. Finalmente, la Audiencia de València falló a favor de la Guardia Civil, que recibirá los coches esta semana. La juez entiende que el Audi de Zaplana y el de su esposa «se presumen adquiridos con el dinero obtenido de los sobornos».

Imposibles para los agentes


Los agentes de la UCO podrán utilizar los coches hasta que se conozca la sentencia del caso Erial. Si Eduardo Zaplana es absuelto, recuperará sus vehículos; si finalmente es condenado, los coches pasarían definitivamente a poder del Estado. Los argumentos de los investigadores, artífices además de las operaciones contra Francisco Granados e Ignacio González, entre otras, fueron que los delincuentes vinculados con tramas de corrupción o narcotráfico «se mueven con vehículos imposibles de ser adquiridos» por la Guardia Civil dados su «precio, marca, modelo y cilindrada».

De ahí que para «conseguir la discreción necesaria» y poder vigilar a «las nuevas formas de delincuencia», los coches de Zaplana, su mujer y sus testaferros resulten muy útiles. Además de los dos Audi, los investigadores de la UCO contarán también con el VolvoS80 decomisado a Juan Francisco García, el exjefe de gabinete de Zaplana; el BMW X3 a nombre de Costera del Glorio, la empresa de Joaquín Barceló, supuesto testaferro y amigo de la infancia de Zaplana y un Range Rover Sport propiedad de «Pachano»; y un Smart Fortwo Coupé y un Honda Jazz Hybrid, propiedad de Francisco Grau, otro supuesto testaferro de Zaplana.

La jueza de Erial cita en octubre a Olivas, Cotino y a la familia del exministro


Se trata de los investigados «secundarios» que comparecieron ante la UCO, pero no en el juzgado
La titular del Juzgado de Instrucción 8 ha citado a declarar, a partir del próximo mes de octubre, a los investigados «secundarios» del caso Erial. Entre ellos familiares directos del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana y de sus presuntos testaferros, además del también exjefe del Consell, José Luis Olivas, que sucedió a Zaplana cuando este marchó a Madrid para ser ministro de Trabajo en el Gobierno de Aznar. Se trata de todos los investigados que declararon cuando estalló el caso Erial (el 22 de mayo de 2018) ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pero que aún no habían comparecido ante la jueza y el fiscal anticorrupción.
José Luis Olivas será el que abrirá la ronda de declaraciones el próximo 23 de octubre. El expresidente de la Generalitat y de Bancaja ha acabado implicado en el Caso Erial por la comisión de 580.000 euros que le pagó Vicente Cotino por «mediar» en la venta de las acciones de la empresa Proyectos Eólicos Valencianos SA, e la que participaban Sedesa Inversiones (20%) y Bancaja (20%) y por la que ambos acabaron condenados por el Juzgado de lo Penal 6 de València.

Tras Olivas deberá comparecer el expresidente de las Corts y exvicepresidente del Consell, Juan Cotino, que «siempre ha estado ligado al grupo empresarial familiar y mantuvo la participación social en la matriz de Sedesa hasta el 5 de julio de 2007», un periodo en el que se pagaron parte de las mordidas investigadas en Erial. Una testigo también ha declarado en la causa que cuando era director general de la Policía, Cotino transportó a Luxemburgo 640.000 euros en metálico (el límite legal está en 10.000 euros). A nombre de Cotino y su dirección de correo en el Ministerio de Interior también aparece la «hoja de ruta» de las adjudicaciones del Plan Eólico y cómo crear el entramado de asociaciones para distraer el pago de las comisiones, según la información recopilada por los investigadores.
El mismo 23 de octubre también están citados dos empresarios de Benidorm considerados como los «factureros» de la trama. Francisco Pérez López, Paco Gasofa, expresidente del PP en Benidorm y propietario de una conocida gasolinera a caballo entre la localidad turística y Finestrat es un íntimo de toda la vida de Zaplana y su presunto testaferroJoaquín Barceló. Tras él, está citado a declarar como investigado Juan Bautista Fuster Picó, conocido como «Juanba el del Madeira», que habría colaborado presuntamente en la creación de facturas falsas.

El 24 de octubre deberán comparecer los hermanos Suanzes, Saturnnio y Elvira, que colaboraron en la gestión de las cuentas en Andorra y las empresas panameñas de Zaplana. Cerrarán el día la secretaria del exministro, Mitsouko Henríquez y el conocido empresario de Benidorm, Robert Bataouche.

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