Francisco Camps vuelve a marcar distancias con la trama Gürtel, la red de empresas de Francisco Correa que hizo metástasis en la administración valenciana y en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV). Una telaraña de empresas que obtuvo trato de favor de la Conselleria de Turismo y que colaboró en el dopaje electoral del PPCV en las elecciones de 2007 y 2008, según confirman dos sentencias firmes del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.
El expresidente de la Generalitat intenta marcas distancias de estas prácticas corruptas ya con sentencia firme y vuelve a apuntar a su antecesor, Eduardo Zaplana, como el introductor de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana, en el recurso de reforma que ha presentado ante el Juzgado central de Instrucción 5 la Audiencia Nacional. Un escrito con el que el exjefe del Consell intenta tumbar su procesamiento en la pieza separada de la trama Gürtel que juzgará, previsiblemente el próximo año, el trato de favor a las empresas de Francisco Correa por parte de cuatro consellerias y cinco empresas públicas que regaron con una «pedrea» de contratos menores de 12.000 euros a Orange Market que lograron 1,8 millones en contratos entre 2004 y 2009. A Camps sólo se le imputa en esta pieza separada haber influido en la adjudicación del contrato de Grandes Eventos Fitur 2009 a favor de Orange Market.
La amistad con «El Bigotes»
La amistad con «El Bigotes»Los hechos que le imputa el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, pivotan sobre la estrecha relación de amistad entre Camps y Álvaro Pérez Alonso El Bigotes, de quien consta en el auto de procesamiento que vino a trabajar a València por «invitación» de Camps. Una relación que el exjefe del Consell niega en su recurso ante la Audiencia Nacional. «Lo cierto es que Álvaro Pérez ya estaba trabajando para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana en 2002», cuando «el presidente regional del PP era Eduardo Zaplana y el secretario general Juan Manuel Cabot. Eso es un hecho notorio y que no se puede negar. En absoluto el sujeto Pérez vino a València a trabajar debido a algo que tuviera que ver con Camps».
De hecho, la defensa de Camps ha buceado en la documentación electoral de los años anteriores a la llegada de Camps al Consell (en el año 2003) y aporta documentación en el recurso de reforma que acredita que «en 1999, Special Events [una de las empresas de Francisco Correa] ya trabajaba para el PP de la Comunidad Valenciana». Unas fechas en las que el ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, aún dirigía los designios del PP y del Consell.
En su declaración como testigo en el juicio en la Audiencia Nacional que juzgó, y condenó, a la cúpula del PPCV por delito electoral en las elecciones de 2007 y 2008, Camps también apuntó a su antecesor como introductor de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana. Según Camps fue Eduardo Zaplana quien le envió a «El Bigotes».
El resto del recurso que la defensa de Camps ha presentado ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso este periódico, el exjefe del Consell defiende la «inexistencia de indicios de criminalidad» contra él por lo que recurre el auto del Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional por considerarlo «contrario a derecho y seriamente lesivo para los intereses» del expresidente de la Generalitat porque «no se desprende la más mínima conclusión que lleve a pensar en la existencia de delito alguno o en la participación en el mismo» de Camps. La defensa del expresidente de la Generalitat también ataca el argumento del juez De la Mata de que fue él quien ordenó a la directora general de Relaciones Institucionales, Dora Ibars, para que contratara a Orange Market para ejecutar el stand de Fitur 2009.
Deriva en Ibars la contratación
Deriva en Ibars la contrataciónCamps introduce en su escrito las declaraciones de Ibars en la causa en las que «afirma que profesionalmente todo lo trataba con sus jefas, Paula Sánchez de León y Nuria Romeral, las cuales también niegan haber dado orden alguna en relación a dicha contratación». Por ello, para la defensa de Camps, «queda patente que todo directivo superior de la administración vigente en dicho momento niega haber recibido de Camps instrucción alguna en relación a dicha contratación» del stand de Fitur 2009.
Por último, la defensa de Camps también alega que «la causa tiene un evidente sesgo político mediático, y que ha sido impulsada por el PSOE» por lo que «carece del sentido de la imparcialidad debida que la instrucción recaiga, sin la debida abstención, a un magistrado que fuera el más alto cargo público político del Gobierno de españa nombrado por un ministro del PSOE», en referencia a José de la Mata. Por ello, el expresidente de la Generalitat solicita en el recurso de reforma al juez que lo ha procesado que el magistrado José de la Mata, titular del Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional, «debe abstenerse, sin siquiera deber de ser recusado por las partes procesadas, ahora investigadas, o por mi patrocinado», asegura en el escrito la defensa de Francisco Camps.
Por todos estos argumentos el expresidente de la Generalitat solicita al juez José de la Mata que reforme su auto de procesamiento y «revocando el mismo en su integridad, en orden a las manifestaciones efectuadas, resolviendo el archivo de lo actuado».
