La titular del Juzgado de Instrucción 17 de València ha decidido abrir juicio oral contra el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y trece personas más por las presuntas irregularidades en el diseño y construcción del circuito de Fórmula 1, sin esperar a lo que decida la Audiencia de València sobre el futuro de la causa.
La magistrada acordó en un auto -firmado el viernes y notificado ayer a las partes- sentar en el banquillo de los acusados al exjefe del Consell, el exconseller de Infraestructuras Mario Flores, el exsecretario autonómico Victoriano Sánchez Barcaiztegui, dos técnicos de la Conselleria de Infraestructuras y nueve empresarios que participaron en el diseño y construcción del circuito.
Rambla no aparece acusado
La investigación se inició tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción presentada el 29 de enero de 2018 por los presuntos delitos de «prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental».
Sin embargo, Anticorrupción solicita ahora el archivo de la causa porque considera que no dispone de «elementos de prueba suficientes que permitan calificar los hechos, a nivel de indicios, como un delito continuado de malversación de caudales» ya que es preciso que exista «un perjuicio real y efectivo para el patrimonio público» que la Intervención de la Generalitat no detecta en los expedientes analizados.
Por el contrario, la Abogacía de la Generalitat sí acusa al expresidente Camps de malversar 55 millones en la construcción del circuito de Fórmula 1. Una cantidad invertida en adecuar la zona de la Marina, de paddocks y boxes que «no resulta en ningún caso recuperable» . «La decisión del señor Camps de construir el Gran Premio de Europa, imponiendo al Gestor de Transportes y Puertos (GTP) a través del decreto 3/2007, obligaciones que excedían de su objeto social y que no son susceptibles de recuperación alcanza la cifra de 55.742.724,57 euros», según señalaba la Abogacía en el escrito presentado a principios de junio.
De hecho, los letrados de la Generalitat quieren que se amplíe la pericial de la Intervención de la Generalitat para determinar si hubo perjuicio para la administración autonómica en la adjudicación de los contratos de la F1 presuntamente amañados y que el interventor no pudo resolver porque, según advirtió, no tenía el «criterio técnico suficiente» para pronunciarse sobre aspectos como los presupuestos que se aprobaron, los precios de los contratos, las valoraciones técnicas o los modificados.
